La semana pasada, el Gobierno español presentó su plan de choque frente a la crisis energética, latente desde el pasado verano pero muy acentuada desde el inicio de la guerra de Ucrania. El plan, cuya definición algo tardía generó no pocas críticas, dirige gran parte de sus esfuerzos a amortiguar la subida del precio de los carburantes. Si bien las primeras medidas combinaron ayudas directas y subsidios al uso de carburantes para determinados sectores (transporte o pesca), el plan se extendió posteriormente a todos los automovilistas con una ayuda por litro consumido, aplicable en gasolinera. Esquemas de esta naturaleza se han generalizado en Europa, tal y como muestra el infograma de la organización Transport and Environment (ver abajo), pero España se caracteriza por comprometer un elevado volumen de recursos en relación con otros países. En esta pieza nos preguntamos si ésta es la mejor opción ante mercados energéticos muy tensionados en el medio plazo, recursos públicos limitados, elevada dependencia exterior y objetivos ambientales y climáticos comprometidos.  
 

[Recibe los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

No podemos obviar que las medidas del Gobierno español se explican por la gran alarma social y empresarial ante la subida abrupta de los precios energéticos. No obstante, creemos que los subsidios a los productos energéticos deben ser excepcionales y con fecha de caducidad limitada y muy próxima. En este sentido, incluso aunque no se produjesen caídas en los precios energéticos, estas ayudas deberían retirarse lo antes posible salvo en aquellos sectores económicos que no tengan capacidad de adaptación en el corto plazo y no puedan trasladar el sobrecoste energético en sus productos. Esto no implica que otros sectores económicos y hogares no deban continuar recibiendo apoyo, pero estos han de restringirse, dada la capacidad finita del sector público español, a los grupos y sectores más vulnerables y realizarse mediante ayudas que no abaraten, esto es, no subsidien los productos energéticos. Para entendernos, tal y como argumentamos hace unos días en el blog de Economics for Energy, sólo los hogares con rentas medias y bajas deberían ser compensados y a través de mecanismos ya existentes como IRPF, ingreso mínimo vital (o las rentas mínimas de inserción). Insistir en subvenciones a productos sujetos a una espiral alcista en los mercados internacionales es insostenible, algo así como intentar parar la subida de la marea con un muro, y contraproducente, porque serán capturadas parcialmente por los países productores de hidrocarburos y por las empresas que operan en este sector.

Por si fuera poco, los programas que estamos observando ante la crisis perjudicarán una trayectoria de emisiones que ya era incompatible con el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. Además de evitar los subsidios generalizados de los combustibles fósiles, será crucial no embarcarse en nuevas inversiones en infraestructuras fósiles para reducir la dependencia de Rusia o afrontar la crisis industrial fomentando tecnologías y productos insostenibles. La solución debe venir por insistir en la eficiencia energética, algo de lo que se habla poco en España estos días, y en acelerar el despliegue de energías renovables. Si esta crisis nos impulsa a vincular la menor dependencia energética exterior con políticas de mitigación climática tendremos, al menos, un aspecto positivo. Pero bien podría ocurrir lo contrario, porque el coste a corto plazo es probablemente más reducido, por lo que debemos buscar consensos entre y dentro de los países para no perjudicar a las ya débiles políticas climáticas.



Obviamente, no es éste el momento para incrementar la fiscalidad energética española, muy reducida dentro de la UE en términos relativos, tal y como recomienda el reciente Libro Blanco para la Reforma del Sistema Tributario. Sin embargo, sí es el momento de evitar reducciones fiscales en los productos energéticos y en el equipamiento que origina su uso. Afortunadamente, estas medidas no se incluyen en el programa anti-crisis del Gobierno porque sería muy preocupante reducir aún más la baja fiscalidad energética que, de hecho, puede explicar la elevada dependencia y vulnerabilidad española actual y podría impedir el cumplimiento de los compromisos climáticos a 2030. En este sentido, creemos que más pronto que tarde la sociedad española deberá preguntarse si está dispuesta a introducir y soportar los medios para llevar a cabo la transición a la descarbonización: pasar de las palabras a los hechos.