El 10 de abril, los mexicanos están convocados a votar en el primer proceso de revocación de mandato de su historia. Este ejercicio forma parte de un conjunto de compromisos del presidente con lo que llama democracia participativa. La consulta llega en uno de los periodos más bajos de la aprobación del Ejecutivo, que se mantiene entre el 53% y el 62%, pero ello no se traduce en un clivaje en torno al revocatorio, una figura que, si bien parece ser bien valorada por la ciudadanía, no logra movilizarla para participar.

El proceso fue activado con la validación de 2.845.634 firmas, de las casi nueve millones recolectadas por la organización Que siga la democracia, presidida por Gabriela Jiménez Godoy, excandidata a diputada federal por la fuerza política gobernante. Esta agrupación manifestó haber solicitado la consulta para impulsar la democracia participativa en el país, aunque también hace las veces de campaña por la continuidad del mandato presidencial.

En el otro lado del espectro político hay una corriente que llama a la participación para revocar el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Uno de sus referentes es Gilberto Lozano, fundador del Frente Nacional Ciudadano (Frena), organización que declara luchar contra el plan comunista del Foro de São Paulo. Aunque este ciudadano tuvo voz en un foro organizado por el organismo electoral, su emplazamiento a votar ha tenido poco eco, pues quienes se agrupan en los diversos frentes opositores al Gobierno se han decantado por la abstención.

La disputa es arriba

La disputa sobre la continuidad del mandato del presidente de México es una controversia que palidece ante la que han sostenido autoridades del partido gobernante y el Instituto Nacional Electoral (INE), que en ocasiones se ha personalizado en dos consejeros de este organismo. Parte de esta relación tiene su historia política con el Pacto por México y la creación del INE, pero otra parte está influida por una deficiente normativa diseñada en el Poder Legislativo para regular la consulta revocatoria, un proceso que no puede ser solicitado ni difundido por partidos políticos, lo que quizás le resta atractivo.

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De acuerdo con la normativa aprobada en septiembre de 2021, los servidores públicos no pueden difundir mensajes que tiendan a orientar el voto, y tampoco el proceso. En estas condiciones, el organismo electoral ha emitido medidas cautelares contra autoridades políticas de signo oficialista, así como a dirigentes del partido del presidente (Morena), por animar a la participación en la revocatoria. Desde el 'obradorismo' se acusa al INE de boicotear la consulta, mientras que algunos consejeros electorales denuncian, sin personalizar, a quienes violan su legalidad.

Las tensiones se remontan a los preparativos: el INE no cuenta con recursos extraordinarios para realizar la consulta, y tanto el Ejecutivo como el Legislativo le negaron ampliaciones presupuestarias. Una mayoría de consejeros decidió pausar el proceso hasta tener garantías financieras, por lo que algunos legisladores de Morena sugirieron someterlos a juicio político por atentar contra los derechos de la ciudadanía. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión salomónica: no más presupuesto para el INE, pero sus autoridades no pueden ser sancionadas penal ni administrativamente por instalar un número de puestos de votación menor al que prevé la ley.

De manera similar a la consulta popular realizada el año pasado, la pregunta que encontrarán los ciudadanos en las casillas de votación es poco satisfactoria. La redacción fue impugnada, y aunque una mayoría (no cualificada) de ministras y ministros de la Corte se decantaban por modificarla, se decidió dejar intacta la frase aprobada: "¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?".



El presidente de la encuestadora Consulta Mitofsky dice que la Corte no sabe hacer preguntas. En este caso, el problema es que se trata de dos interrogantes en uno, por lo que la finalidad de la consulta puede interpretarse tanto como revocatoria como ratificatoria, y la única campaña pública visible es para promover lo segundo. Mediante un ejercicio comparativo, Alejandro Moreno sugiere que el literal validado por el Poder Judicial tendería a elevar entre nueve y 11 puntos el apoyo a la ratificación del mandato presidencial.

El sinsentido

Más allá de la consulta, la mayoría de los actores de la oposición arremeten contra el estilo de gobernar de López Obrador, los supuestos actos de corrupción y sus reformas pendientes. Pese a su capacidad de movilización, quizás no quieren legitimar un ejercicio promovido desde el oficialismo. Otra lectura estratégica es la que ofreció el ex consejero electoral Carlos Ugalde, quien, en una charla en Facebook Live, enmarcó la consulta en una paradoja según la cual si bien la popularidad de Amlo está en declive, promover su destitución abriría una crisis institucional, pues el partido del presidente cuenta con mucha fuerza.

Con un clivaje débil, sin la participación de la oposición, en medio de un conflicto entre la fuerza política gobernante con el organismo electoral y sin el número de centros de votación previsto como ideal por la ley, resulta complicado que la participación supere el 40% del padrón electoral (alrededor de 37 millones de votos) requerido para su validez. Especialmente, es difícil encontrar una interpretación robusta sobre los beneficios del ejercicio para el sistema político, pues más que falta de disposición para participar, parece haber dificultades para dotarlo de sentido.