Como señala Yanina Welp, Uruguay tiene un "sistema capaz de canalizar democráticamente el conflicto". El 27 de marzo de 2022 la protesta contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) se canalizó a través de un referéndum; concretamente, por la vía de la recolección de firmas de al menos el 25% del total del padrón electoral, para someter a consulta popular 135 artículos de una ley que contiene 476.

Aunque el objetivo se cumplió (es decir, se sometió a consulta popular una ley muy cuestionada), la democracia directa no se cuidó y evidenció debilidades que deben ser reparadas por el sistema político en su conjunto, para fortalecer la democracia y alejar las tentaciones de la partidocracia que menciona Welp.

La ley en cuestión fue básicamente una iniciativa del presidente Luis Lacalle Pou y el Partido Nacional y se presentó a la coalición de gobierno conformada por sectores políticos de centro-derecha, aprobada con algunas modificaciones introducidas fundamentalmente por la propia coalición gubernamental. El carácter de 'urgente' (inciso 7 del artículo 168 de la Constitución) obligó a que dicha propuesta tuviera que discutirse y resolverse en 60 días; de lo contrario, se consideraba automáticamente aprobada.

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Desde la reinstauración de la democracia en 1984, sólo se utilizó este mecanismo en 13 ocasiones, y para aprobar políticas puntuales. En este caso, se trata de una ley ómnibus, pues abarca al menos 15 asuntos diferentes que modifican diversos artículos y políticas; con el agravante, además, de que se presentó en el contexto de pandemia, en un momento de gran incertidumbre respecto al devenir de la enfermedad y cuando había una fuerte restricción a la movilidad ciudadana, por lo que estaban cercenadas de hecho las movilizaciones contra la ley.

Sin embargo, las organizaciones sociales se movilizaron para activar el referéndum; primero, para derogar toda la ley aunque, finalmente, acordaron con el principal sector político opositor (el Frente Amplio) intentar derogar los artículos que implicaban mayor retroceso en términos de derechos. Si bien el sindicalismo fue muy importante en la movilización, como lo había sido en ocasiones similares, cabe señalar que el feminismo tuvo un rol central, tal vez por primera vez en la historia de la de la democracia directa. El resultado fue casi de empate técnico, aunque finalmente se impuso el mantenimiento de la ley.

Más allá del resultado, el ejercicio de la democracia directa mostró varias falencias y aquí sólo vamos a mencionar algunas. El voto en blanco, tal como señala la legislación, fue interpretado y contabilizado como una adhesión al mantenimiento de la ley, lo cual vulnera el derecho a no expresar opinión sobre un tema y obliga a la ciudadanía a expresarse anulando el voto, que fue históricamente alto (un 1,2% en blanco y un 3,5% anulados).



Nuevamente quedó en evidencia la necesidad de leyes que reglamenten espacios en los medios para el debate y la difusión de ambas posturas. Como señala el Informe del Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación de la Udelar, "la campaña del no (por mantener la ley) tuvo casi el doble de minutos de cobertura que la campaña del sí (por derogarla)". Además, registra una escasa cobertura de los medios respecto a la ley y el sesgo de género: las mujeres virtualmente 'desaparecieron del debate' y del espacio público, cuando habían sido protagonistas de la iniciativa. A ello se suma que varios debates se suspendieron por la ausencia de alguno de los protagonistas (varones casi siempre), y no faltaron las noticias falsas, expresadas incluso por los propios actores políticos. El Gobierno centró su campaña en el presidente, que no apareció hasta el último minuto haciendo uso de su prerrogativa: una conferencia de prensa. Es decir, lejos de promover una profundización de la información y de acercar a la ciudadanía a las decisiones políticas, se la mantuvo alejada y se la convocó a votar desde filas partidarias.

Éste es otro punto que queremos señalar: la tendencia de los actores políticos (y también de los y las analistas) a invisibilizar a las organizaciones sociales y su rol en la política. Un referéndum que tanto el presidente y su coalición como buena parte de la oposición interpretan exclusivamente desde la perspectiva electoral, cuando en realidad son voces diversas, disconformes, incómodas. Como dice Albert Hircschman, la voz es "la acción política por excelencia"; hay que saber escucharla para que no se produzca la salida: el estallido o el abandono de la política.