Estimadas lectoras, estimados lectores,
el ideario de la democracia representativa se inspira en las revoluciones americana (1765-1783) y francesa (1789-1799). Nunca hubo un camino lineal, ni una hoja de ruta definida de antemano; tampoco fue un periodo pacífico (¡si la guillotina hablara, desde París hasta las Antillas!). A trompicones, con avances y retrocesos, las ideas que sumaron suficientes apoyos dieron forma a un modelo y éste se volvió hegemónico. En teoría, el poder político se ejerce en función de la elección periódica de representantes, que asumen la autoridad concedida en el marco de unos principios: igualdad ante la Ley,
libertad de pensamiento y expresión y control del poder y entre poderes. En la práctica es así a grandes rasgos, pero hay que matizar unos cuantos aspectos. Hoy nos ocupamos de uno muy candente: la existencia de una esfera pública independiente, que opere como intermediaria entre Estado y sociedad. La esfera pública es el espacio privilegiado para la construcción de la opinión pública; es ahí donde se ejerce el control sobre los gobiernos y se accede a la información, base del ejercicio ciudadano de los derechos políticos, la elección de los representantes y el control de los actos gubernamentales.
Las cosas no van bien –lo siento, últimamente por acá sólo venimos con apuntes negativos–. Las condiciones que permiten la libre expresión de la opinión pública son, por un lado, la existencia de un sistema educativo que forme pero no adoctrine y, por otro, la existencia de pluralidad y diversidad de fuentes de información. No se cumplen, o no lo hacen
suficientemente. El
problema que afronta el sistema educativo no viene por el lado del
adoctrinamiento, sino por el de la desigualdad y la falta de recursos para ofrecer una educación de calidad.
Por lo que refiere a la
pluralidad y diversidad de fuentes de información, la explosión de retos es cuantiosa. Nuestro primer artículo de hoy dice que América Latina se caracteriza por poseer sistemas de medios eminentemente privados-comerciales y por ser la región con mayor concentración mediática a nivel planetario. El pluralismo hace décadas que viene siendo socavado por una concentración mediática que avanza en todos los sectores del mercado. Aquí unos datos, a modo de ejemplo, producidos por el
Media Ownership Monitor para
México (donde predominan los rojos = alta concentración; el gráfico de arriba) y
Perú (concentración de audiencias alta, como también de propiedad entre medios y garantías legales que lo permiten; el de abajo).
Hay más. La digitalización, y en especial las redes sociales, han producido cambios considerables en la producción, consumo y circulación de información y facilitan el desempeño de ciertos actores con capacidad técnica para activar estrategias de desinformación (véase
'La democracia, rehén de los algoritmos'). Muchos líderes políticos, por otro lado, inician guerras con las corporaciones mediáticas, como hizo
Donald Trump pero como mucho antes había hecho Rafael Correa, entre otros. En estos días. el conflicto ha aparecido donde menos se lo esperaba: Uruguay, la
perla del plata, la
Suiza de América Latina.
El Gobierno encabezado por Lacalle Pou (véase
'Una gran coalición de derecha para Uruguay') prepara una Ley de Medios que ha generado algunas polémicas. Por ejemplo, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) no la ha rechazado, pero sí señala que el proyecto podría dar lugar a "circunstancias anti-competitivas en perjuicio de los usuarios". Más dura ha sido la posición de la Universidad de la República, que en su informe sobre el asunto denuncia que "la iniciativa habilita una mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación del país, inhabilita la participación ciudadana y no garantiza la transparencia en las decisiones sobre uso de espectro y regulación de los medios”.
Esta
Far West comienza por la situación de las reformas y contrarreformas mediáticas que han proliferado en los últimos años en América del Sur. La disputa no es sencilla, porque se cruzan variables de mercado con las pujas que algunos líderes regionales han encabezado personalmente contra los grandes medios de sus países. Seguimos con un análisis de los cambios a la reglamentación electoral que ha ido introduciendo el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, con la clara intención de perpetuarse en el poder. Cerramos con los
grises de la diplomacia, esta vez en los ambiguos posicionamientos de México y Argentina frente a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
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Contrarreformas mediáticas en América Latina: ¿restauración o legados reformistas?
Philip Kitzberger señala que, históricamente, las políticas de medios se han definido en despachos cerrados, a espaldas del interés público, entre las élites mediáticas y políticas. La liberalización de los 90 facilitó la concentración. Más tarde, los gobiernos del
giro a la izquierda realizaron reformas que ahora son cuestionadas. ¿Qué panorama queda? Imperdible.
La contrarreforma electoral en Nicaragua
La necesidad de una reforma electoral fue subrayada por una resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en octubre de 2020. El Gobierno de Ortega pareció hacerse eco y esto generó cierta expectativa, la esperanza de que se abriera una ventana para re-democratizar el país. Las cosas marchan en sentido contrario, a juzgar por el detallado análisis de
Carlos Álvarez Argüello,
Florian Kriener y
Alina Ripplinger. Recomendado.
Nicaragua, derechos humanos y dilema diplomático
La Organización de Estados Americanos (OEA) hizo publica una condena a las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. México y Argentina se abstuvieron, apelando a su tradición de no intervención de los asuntos internos de otros estados. Sin embargo, esta vez la situación puede ser diferente. Lo analiza
Gonzalo Fiore Viani. Pase y lea.
Hasta la próxima,
Yanina Welp
Coordinadora editorial
