Estimadas lectoras, estimados lectores,
la igualdad en el marco del Estado de derecho tiene una dimensión jurídica:
igualdad ante la ley. En nuestras democracias contemporáneas, crecidas en la expectativa de incrementar el bienestar colectivo, se traduce también en
igualdad de oportunidades. Se espera que se materialice en áreas centrales de política pública como la educación (con su función niveladora) y en alguna medida la salud (con su función de protección y prevención, incluyendo el derecho a una alimentación sana). Un enfoque alternativo al institucional (véase
aquí y
aquí) para entender por qué en América Latina se combina la ira con el desapego se aborda al observar qué pasa con estas expectativas. La igualdad ante la ley no es más que una lejana aspiración e incluso corre el riesgo de ser tomada como una consigna hipócrita. Sin sorpresas,
la Justicia resulta poco accesible a los grupos más vulnerables y
la violencia policial, tan común en Argentina, Brasil, Chile o Estados Unidos no se distribuye aleatoriamente, sino que está concentrada en poblaciones pobres y marginalizadas. El análisis de
Matías López sobre la propensión de las élites a aceptar, o incluso promover, políticas igualitarias sugiere que, aunque en teoría a aquéllas les conviene, porque mayor igualdad se traduciría en mayor seguridad para ellas mismas, en la práctica las dificultades de coordinación y la supervivencia de métodos de represión ante los reclamos redistributivos hace que se sostengan sociedades muy desiguales.
En lo que hace al bienestar no estamos mucho mejor. Si en el
ámbito de la salud se han detectado algunos avances derivados de una mayor inversión durante la pandemia, en el de la educación la brechas se han agrandado de forma exponencial. Las diferencias
no son sólo de acceso a tecnología y conectividad; son mucho más profundas y se mantienen (y acentúan) a lo largo de las trayectorias vitales. Por aquí se ha dicho muy claro:
no es cuestión de méritos, es desigualdad. En el análisis de España, se ha observado cómo la falsa dicotomía entre igualdad de oportunidades y desigualdad no agota la cuestión porque incluso accediendo a titulaciones las desigualdades se expresan de muchas maneras que repercuten sobre el
acceso y la calidad del empleo.
El pacto social se funda en la expectativa de bienestar colectivo. Si cada vez más personas piensan que la igualdad de oportunidades no está suficientemente garantizada, la convivencia se deteriora.
La gráfica de
Diego Lombardi con datos del Latinobarómetro 2009 y 2020 muestra que, con contadas excepciones en que sube (Argentina) o prácticamente se mantiene (Perú), en la mayoría de los países cae, incluso de forma abrupta (Paraguay, Costa Rica, Chile) la creencia en que la igualdad de oportunidades está garantizada. Los procesos políticos no son irrelevantes, y seguramente esto invita a tomar con precaución el dato de Bolivia, que
tras las elecciones de octubre de 2020 (el dato del Latinobarómetro es previo) podría haber mejorado las expectativas (en democracia, los cambios políticos
no deberían ser ni trágicos ni irrelevantes). Como siempre, estos datos invitan a profundizar, considerar contextos, crisis, cambios electorales, escándalos, dinámicas mediáticas y ciclos de protesta ignorados o atendidos de alguna manera.
El Estado es el actor con mayor capacidad para generar esa nivelación de oportunidades que permita el bienestar colectivo. Sin embargo, América Latina está retrocediendo en términos de desarrollo humano, pobreza y desigualdad y no sólo no está claro que se estén tomando medidas adecuadas, sino que también se está perdiendo terreno en la construcción política de una propuesta colectiva, espacio que van ganando extremistas, como Nayib Bukele, sectores ultra del neopentecostalismo y los libertarios.
Nuestro primer artículo de hoy hace un análisis crítico de la ventana de oportunidad abierta por la pandemia para incrementar la protección social. De ahí pasamos a la Convención Constitucional chilena.
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La Convención Constitucional de Chile ha completado sus nueve meses de funcionamiento y hará uso de la extensión por otros tres. El plebiscito constitucional está previsto para el 4 de septiembre, con voto obligatorio. Al 25 de abril se habían aprobado 290 artículos, provenientes de las siete comisiones temáticas en las que se ha dividido el trabajo. Hay avances, pero también contradicciones y nudos críticos. Los analizan
Pamela Figueroa y
Tomás Jordán.
Destacado
- 'Podcast'.- De la revolución sandinista al Estado policial. Daniel Ortega lleva más de 15 años ininterrumpidos en el poder y muchos más en el liderazgo de su partido. Apela al sandinismo revolucionario, pero parece que de aquello no queda nada. ¿Cómo se ha pasado de la revolución sandinista a un Estado policial en Nicaragua? Con Elvira Cuadra, Alina Ripplinger y Jeffrey Gould. ConducenFranco delle Donne y Yanina Welp.
- 'Agenda España'.- Auge (y declive) de la extrema derecha. La ventaja de Macron es más que clara en términos absolutos (58%), pero pierde fuelle en términos relativos. Pierde ocho que gana Le Pen en relación a la elección de 2017, y ello en un contexto en que no hubo una movilización masiva (participó el 74% en la primera vuelta y en la segunda, el 72%, en la tendencia a la baja que se observa desde los comicios de 2007). ¿Estamos condenados al auge de la extrema derecha?
Buena lectura y hasta la próxima,
Yanina Welp
Coordinadora editorial
