La historia económica y política latinoamericana reciente puede definirse a grandes rasgos por su carácter cíclico, así como su sensibilidad frente a factores externos. A este respecto, la pandemia acentuó las desigualdades arraigadas y exacerbó esa inestabilidad. Pero a lo largo de estos años, y en paralelo, ha habido un patrón que se ha mantenido estable en la región: la caída constante de la confianza en las instituciones públicas.
Figura 1.-La confianza de los latinoamericanos en sus gobiernos baja desde hace más de una década
Fuente: Gallup World Poll, 2022. Nota: los datos de Brasil, Chile, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Peru y Uruguay son de 2020; los de Guatemala, Honduras y Panamá, de 2019; los de Haití, de 2018, y los de Trinidad y Tobago, de 2017. Los datos refieren al porcentaje de personas que respondieron sí a la pregunta ¿Tiene usted confianza en su Gobierno nacional?
La relevancia de este declive es fundamental, porque la confianza no sólo tiene un impacto clave en el crecimiento económico (Fukuyama 1995; Putnam 1993; Harrison y Huntington 2000) y los niveles de informalidad (Keefer y Scartascini 2022), sino que también es un ingrediente crucial en el funcionamiento de las democracias y un indicador clave del desempeño de los gobiernos. En 2021, solo el 38% de los latinoamericanos declaró confiar en los suyos, evidenciando la necesidad de reconstruir el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones públicas para promover reformas estructurales que permitan consolidar el desarrollo en la región.
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Sin embargo, estas cifras por sí solas no brindan demasiada información; es más, el hecho de que reflejen meramente percepciones, que la confianza sea intangible, varíe según instituciones y niveles de gobierno y sea extremadamente sensible a factores contextuales pone incluso en duda la fiabilidad y rigor de los datos. El enigma fundamental, por tanto, es qué se esconde detrás de estos porcentajes, qué indican y cuáles son los diferentes elementos que conducen a ellos... en resumidas cuentas, ¿qué se puede hacer para reconstruir (o construir) la confianza en la región?
Desde 2017, la OCDE ha desarrollado (y recientemente actualizado) un marco analítico (ver figura debajo) que permite entender y medir los determinantes de la confianza en las instituciones públicas, para así vincular el debate político sobre la confianza con una agenda de reformas efectiva que en la región pueda permitirnos revertir el patrón.
Figura 2.- Los determinantes de la confianza en las instituciones públicas
En diciembre de 2021, en 22 países de la OCDE se implementó por primera vez la Encuesta sobre los Determinantes de la Confianza en las Instituciones Públicas. La encuesta permitirá contar con evidencia innovadora que va más allá de percepciones y aborda expectativas, evaluaciones y experiencias de los ciudadanos en relación a las competencias –la capacidad de respuesta y fiabilidad– y valores –apertura, equidad e integridad– de sus gobiernos, así como actitudes políticas, rasgos culturales y percepciones respecto a la acción de aquéllos en desafíos globales e intergeneracionales. Algunas de las preguntas concretas tocan temas como la percepción de integridad de los representantes electos, las oportunidades de acceso a la información pública y las preocupaciones respecto a la capacidad de hacerse oír e involucrarse en política. Los datos pueden desagregarse para diferentes instituciones y niveles de gobierno y según diferentes grupos y categorías socioeconómicas.
Los resultados de la encuesta se publicarán en junio y se espera que constituyan una base para medir la efectividad de las diferentes acciones que se pongan en marcha para restablecer la confianza en las instituciones. A nivel general, se estima los resultados estarán en sintonía con la idea de que los gobiernos tienen un desempeño satisfactorio en la provisión de servicios básicos, pero aún existen múltiples desafíos vinculados a un carácter más avanzado de las democracias, como la integridad o la capacidad de ser receptivo respecto a los intereses y demandas de las personas.
Realizar un ejercicio similar en América Latina puede ser de suma relevancia, en particular si se considera que actualmente no se recogen datos de tales características, y más aún si tenemos en cuenta que precisamente la corrupción y la sensación de exclusión política (y económica) a nivel sistémico son dos desafíos estructurales en la región. Según el índice de percepción de la corrupción, América Latina cuenta con varios países entre los más corruptos del mundo, y según datos del Latinobarómetro, el 77% de los latinoamericanos considera que sus países están gobernados por unos pocos grupos de poderosos en su propio beneficio.
Un primer paso ya se ha dado: entre el grupo pionero de países de la OCDE que implementaron la encuesta se encuentran Colombia y México, y en la próxima semana la encuesta será realizará en Brasil, en el contexto del primer estudio en profundidad de los determinantes de la confianza en América Latina. Contar con estos datos nos permitiría realizar evaluaciones y análisis comparativos a nivel regional, y con otros países más allá del sub-continente, proporcionaría evidencia para que los gobiernos puedan priorizar sus inversiones y reformas (para obtener un rédito mayo y un aumento de confianza) y a la vez serviría como sistema de alerta temprana para anticipar mejor los retos futuros y ajustar, en consecuencia, el curso de las políticas.
Asimismo, más allá de la evidencia para estudios académicos y de políticas, la realización de la encuesta puede funcionar como una forma innovadora de involucrar a los ciudadanos latinoamericanos en el desarrollo de las políticas de sus países, recolectando su
feedback e insumos directos. Es decir, esta información puede tener implicaciones políticas clave al monitorizar de manera constante los resultados de la gestión en gobernanza pública y contribuir así a que los países la mejoren.
Tanto las lecciones aprendidas de la pandemia (observables, por ejemplo, en las tasas de vacunación), como la necesidad de abordar desafíos futuros –como el cambio climático o la transformación digital– que implican compromisos intergeneracionales y cooperación global, son evidencia más que suficiente de la necesidad de acción urgente en materia de confianza pública. Y (re)construir confianza implica saber qué la determina y cómo, para los diferentes grupos sociales. Se necesitan datos, y datos desagregados y consistentes. Los niveles de confianza no son uno más entre otros de los indicadores que los gobiernos deben controlar. Son la base para lograr el desarrollo inclusivo y la legitimidad institucional que tanto necesita la región para los años venideros.
