¿Y usted, por qué razones protestaría?

Estimadas lectoras, estimados lectores,

el 28 de julio de 2018, el día de la Independencia de Perú, el presidente Martín Vizcarra anunció un referéndum. Había asumido tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, quien había logrado sortear una primera moción de censura pero, poco después, había dimitido ante el inevitable avance de la segunda (sobre la inestabilidad política en Perú, véase aquí y aquí). En un escenario de incertidumbre y desconfianza generalizadas, el nuevo líder del Ejecutivo buscaba sentar las bases para un cambio. Aquel referéndum tuvo lugar en diciembre y dejó como resultado inmediato el aumento de la popularidad del presidente, pero una suma de défitics en la consulta y en su implementación impidieron el avance de una reforma política percibida como indispensable (peor aún, prosperó con un sentido contrario al previsto). Al final, Vizcarra también fue removido.

Para las elecciones de 2021, Pedro Castillo hizo alianza con el partido Perú Libre. Su líder, Vladimir Cerrón, que no podía postular por casos de corrupción, proponía una "refundación republicana". El plan parecía calcado del aplicado dos décadas antes en la Venezuela de Chávez: competir en elecciones prometiendo un referéndum sobre una nueva Constitución; convocar una Asamblea Constituyente y, al final, someter el nuevo borrador a referéndum, esquivando o pretendiendo esquivar las denuncias de autoritarismo mediante la apelación a la legitimidad popular. Pero Perú no es Venezuela y nada de eso ocurrió. Tras meses de infinita inestabilidad y vértigo, Castillo ha vuelto al ruedo con la propuesta. El movimiento está dirigido a buscar un mayor respaldo del que tiene. Sin embargo, no está nada claro que la estrategia cuente con respaldos ni populares (la aceptación del presidente está en mínimos) ni institucionales (las y los parlamentarios afines distan del número requerido) como para poder concretarse. El primer análisis de hoy se ocupa de esta cuestión. 

Qué moviliza al electorado es la cuestión de fondo, imposible de abordar sin considerar los contextos no sólo en relación con las demandas existentes, sino también en lo que hace al cálculo coste-beneficio. Si un estallido surge como una explosión 'fuera de control', una protesta suele contar con actores organizados. La existencia y fuerza de los intermediarios (sindicatos, partidos, asociaciones de la sociedad civil) condiciona la emergencia y el sostenimiento de las protestas.La gráfica registra la predisposición a protestar por temas tales como la salud y la educación, la corrupción, los derechos democráticos y el cambio climático en países de la región.
 
En Brasil, República Dominicana, Honduras y Paraguay se expresa mayor predisposición a protestar por salud y educación en términos relativos. Los derechos democráticos parecen generar menor predisposición en países de América Central como El Salvador, Nicaragua o Guatemala. En general, el cambio climático moviliza menos a la población latinoamericana que la corrupción. Un apunte: la menor predisposición a protestar en Uruguay podría estar vinculada a la existencia de mecanismos más efectivos para intervenir en la definición de los asuntos públicos. 

Hoy, tras el análisis de Perú, se exploran las dinámicas autocratizantes en El Salvador. También se presenta un análisis del valor de los estudios sobre confianza para generar alertas tempranas.