A medida que la Unión Europea avance hacia un escenario de cero emisiones, las baterías desempeñarán un papel crucial en la descarbonización de los sectores del transporte y la energía. En Europa se están planteando al menos 38 fábricas, con una capacidad total estimada de 462 GWh para 2025, suficiente para alimentar alrededor de ocho millones de vehículos eléctricos. Impulsar la electrificación del parque automovilístico es clave para descarbonizar el sector, hacerlo limpio y proteger la salud de la ciudadanía y el medio ambiente. 
 
Para ello, es imprescindible garantizar una transición ecológica justa e inclusiva y que, en este avance hacia una económica libre de combustibles fósiles, se aproveche coherentemente el dinero procedente de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Nadie debe olvidar cuál es el origen de este paquete de inversiones y cuáles son sus objetivos, el marco para el cual deben ir destinados. El conflicto armado que actualmente asuela el Viejo Continente no justifica el mantenimiento o re-impulso de falsas alternativas, difundidas por poderosos grupos corporativos con intereses. 
 
Hace algo más de un año, el Gobierno español se fijó, por fin, como meta convertir España en un 'hub' europeo para la electromovilidad, aunque aún queda un largo camino por recorrer. Para lograrlo, aprobó un Perte (Proyecto Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) para el vehículo eléctrico y conectado (VEC). Este plan estratégico implica invertir un total de 24.000 millones de euros entre 2021 y 2023, de los cuales 4.300 provendrán del sector público y los 19.700 restantes del sector privado. 
 
En este ecosistema, la capacidad de producción de baterías y de distribución, y despliegue de puntos de recarga, van a desempeñar un papel fundamental. Ambos son la garantía para alcanzar los objetivos marcados por el Gobierno. De hecho, sobrevuela la intención de invertir inicialmente en torno a 900 millones de euros procedentes de las arcas públicas para la instalación de grandes plantas de fabricación de baterías en España: 600 millones procedentes de los fondos Next Generation y el resto, de fondos estructurales europeos como los Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional); siendo la inversión privada de unos 3.500 millones.
 

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Un elemento esencial para la instalación de una gran planta de baterías en España, contemplada en el Perte aprobado por Bruselas, es que deberá ubicarse en regiones afectadas por la pérdida de empleo o en las que el nivel de vida sea muy bajo. Esto implicaría que la llamada 'España vaciada' puede contar en los próximos años con uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años sobre la movilidad eléctrica. Y una inversión de tal magnitud despierta al dragón de la lucha territorial. 

Hasta donde se sabe, hay tres proyectos de baterías en ciernes, alguno más avanzado que otro: la Comunidad Valenciana trabaja en uno liderado por Power Electronics; Extremadura está preparando uno bajo el paraguas de Phi4Tech, y hay un tercero planteado por Volkswagen de mucha más envergadura, por el que compiten varias autonomías a pesar de que la decisión parece que está tomada: Sagunto (Valencia), alegando su fortaleza logística, un fuerte ecosistema empresarial y el hecho de que Ford y Volkswagen puedan compartir baterías eléctricas.

En cualquier caso, lo cierto es que, en el mapa de la movilidad eléctrica española, la existencia de al menos una gran factoría de baterías es una decisión estratégica del Gobierno que cuenta con fondos suficientes y muchas candidaturas. Sería, por tanto, deseable que además incluyera el factor de vertebración y equilibrio territorial a la hora de tomar la decisión final. Sin embargo, se puede deducir que, dada la posición de España respecto a la automoción y la importancia del sector, serán necesarias varias.  

Definido el contexto español, no es baladí poner la mirada en otros factores fundamentales: la importancia de impulsar la economía circular en lo relativo al ciclo de vida de las baterías, reducir lo máximo posible su huella medioambiental y garantizar un impacto social positivo en términos de empleo. Esto se traduce en baterías que, además de presentar un alto rendimiento y seguridad, hayan sido producidas utilizando materiales obtenidos con pleno respeto de los derechos humanos y de las normas sociales y medioambientales de los lugares donde se extraigan, reduciendo su impacto lo máximo posible; sin olvidar la necesidad de garantizar cierta independencia al territorio europeo en su disposición.
 
Las baterías deben ser duraderas y seguras. Es preciso limitar las sustancias peligrosas, asignar porcentajes concretos de materiales reciclados, minimizar al máximo se huella de carbono, apostar por el rendimiento, la durabilidad y la reparabilidad. En definitiva, se ha de impulsar la economía circular en su cadena de valor y promover un uso más eficiente de los recursos. Para cerrar el círculo, al final de su vida útil deben reutilizarse o reciclarse de forma que los materiales valiosos y muy escasos empleados en su fabricación –como el cobalto, el litio, el níquel o el plomo– se reincorporen a su ciclo vital. En este marco, la Comisión Europea emitió su propuesta para un nuevo Reglamento comunitario sobre las baterías a finales de 2020.
 


Bajo el paraguas de la economía circular, la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos deben elevar el nivel de ambición de los criterios y requisitos establecidos en la legislación sobre baterías ya que las extraíbles, reemplazables y reparables son un elemento esencial para respaldar la retención de valor y la circularidad, reducir la dependencia de la Unión Europea de materias primas críticas y los desechos electrónicos, así como el consumo innecesario. Garantía económica, ambiental y social. 
 
Estamos ante una oportunidad única para garantizar que tanto las baterías fabricadas en Europa como las que lleguen a ella sean sostenibles y prevengan y eviten daños al planeta. Sin embargo, hay motivos para la preocupación porque la Presidencia del Consejo de la UE ha propuesto retrasar cuatro años (respecto a la propuesta de la Comisión Europea para introducir normas destinadas a reducir la huella de carbono) y tres años para la introducción progresiva de los controles obligatorios de la cadena de suministro para detectar abusos ambientales y de derechos humanos. Son malas señales que alejan el deseable circuito de la economía circular y de la mitigación del cambio climático.
 
Sin embargo, este Reglamento fue debatido el 9 de marzo en el Parlamento Europeo y contó con el respaldo mayoritario de la Cámara. Los eurodiputados y eurodiputadas subrayaron el papel crucial que tienen las baterías en la transición hacia una economía circular y climáticamente neutra, y reclamaron incrementar la ambición social y medioambiental. Asimismo, enfatizaron su importancia para la competitividad y la autonomía estratégica de la UE, e instaron a los gobiernos a avanzar en esa dirección. Una señal también que exige a las empresas el respeto por los derechos humanos y hacia el medioambiente en todas las fases de fabricación de las baterías.
 
Como vemos, las baterías tienen un papel imprescindible para avanzar en la descarbonización e impulsar la movilidad eléctrica en España y todo su ecosistema. Por ello, es indispensable atender a todo su ciclo de vida y garantizar su sostenibilidad. La propuesta de la Comisión, si bien es mejorable, marcó una tendencia. La respuesta del Parlamento Europeo es un paso en la misma dirección. Ahora deberán ser los gobiernos de cada país miembro quienes terminen de plasmar por escrito todos esos compromisos y objetivos. Sin olvidar, ni mucho menos, la deseabilidad de que los criterios medioambientales y sociales que se fijen para la fabricación de baterías en Europa sean requeridos para las baterías importadas, con el fin de evitar dobles estándares y se genere en otros países un impacto ambiental y sobre los derechos humanos que no admitiríamos aquí. La necesaria transición ecológica hacia una economía descarbonizada ha de ser también justa, inclusiva y solidaria, y ha de ser para todos y todas.