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Claudio Álvarez (El País)

La olvidada cuestión de confianza

José María Morales Arroyo

10 de Mayo de 2022, 18:24

El parlamentarismo de un país se puede considerar tan bueno o tan malo en función del modelo pasado o presente, real o ideal con el que se le compare. Lo mismo se puede predicar de los modelos presidenciales o semi-presidenciales que funcionan en la actualidad. Todos, siempre que se encuentren dentro de unos parámetros de calidad democrática, son perfectibles.

El modelo parlamentario español arrastra desde el principio importantes lastres en su confección, que se han acentuado en la práctica y se resisten a cualquier reforma. La alergia gubernamental a las inoperantes y neutralizadas comisiones de investigación, el vodevil en el que se han convertido las sesiones públicas de control o la pereza que lleva al Gobierno a eludir los debates tanto temáticos como de carácter general se pueden considerar, entre otros, síntomas de ese desgaste de la vida parlamentaria.

A ello, se añade la ineficacia y casi desuetudo en la que han caído los instrumentos de exigencia de responsabilidad política, con una moción de censura casi impracticable y una olvidada cuestión de confianza. Porque mucho se ha focalizado el problema de nuestro parlamentarismo en la racionalización de la censura, pero poco se habla de la irrelevancia de la cuestión de confianza.

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La cuestión de confianza, para aclararnos, es esa institución mitológica regulada en los arts. 112 y 114.1 de la Constitución Española por la que el presidente del Ejecutivo somete voluntariamente su continuidad a una votación ante el Congreso de los Diputados, apoyándose en su programa de gobierno o en una declaración de política general. Si obtiene una mayoría de votos a favor, continúa con la confianza renovada; si son más los votos negativos, sólo cabe la dimisión y la apertura del procedimiento de investidura. La pregunta sobre qué Gobierno en su sano juicio arrostraría tal aventura debe responderse con las afirmaciones de uno que atesora importantes valores democráticos o uno que no encuentra más salida para continuar pacíficamente ejerciendo sus funciones; razones que no son en absoluto excluyentes.


En la cuestión de confianza de Adolfo Suárez en septiembre de 1980 primó la segunda razón y en la de Felipe González de abril de 1990, la primera. Después de estos episodios, la institución parece que cayó en el olvido. La obvió José luis Rodríguez Zapatero en 2010 cuando, ante las circunstancias sobrevenidas por la crisis económica, prefirió jugárselo a todo o nada con un decreto-ley (8/2010, de 20 de mayo) e inaugurar así un desafortunado precedente. Mariano Rajoy, por su parte, justificó sólo mediáticamente el incumplimiento de su programa de gobierno por circunstancias sobrevenidas, sin que encontrara contradicción con el alcance de la confianza parlamentaria recibida en la investidura (El País, 06/05/2013 y 31/07/2015) ni necesidad de corregirlo mediante una cuestión de confianza, pues para eso contaba con mayoría absoluta.
 
En el contexto actual, ¿cómo puede mejorar la situación la cuestión de confianza?
Tras lo visto en la sesión parlamentaria del 28 de abril con el procedimiento de convalidación del Decreto-Ley 6/2022 y lo acaecido en la Legislatura en curso, varias son las conclusiones que se pueden extraer y sirven como respuesta de esa pregunta.

Queda ya bastante lejos la validación del programa de gobierno salido de la investidura del 15 de enero de 2020. La obsolescencia del mismo quedó temporalmente en evidencia durante todo el periodo de vigencia de los estados de alarma y del régimen de tutela sanitaria posterior a los mismos. Pero se ha convertido en prácticamente inejecutable desde el 24 de febrero de 2022 y la situación de excepcionalidad social y económica derivada de la invasión militar de Ucrania.



Ante el cambio de las circunstancias que provoca una mutación práctica del programa de gobierno y una carencia de aval parlamentario para las medidas que se vayan tomando más allá del mismo, el Gobierno ha preferido, como sabemos, recurrir al precedente de Rodríguez-Zapatero y encomendarse al decreto-ley. La consecuencia de ello, ante la inoperancia de los mecanismos de exigencia de responsabilidad política en un contexto de parlamentarismo políticamente fragmentado, ha sido que toda votación en el Congreso de los Diputados termina convirtiéndose en una votación sobre la continuidad del Gobierno. Ya ocurrió con la votación de las prórrogas de los estados de alarma. Pero ha sido evidente en las votaciones de convalidación de tres decretos-leyes claves: 36/2020 (sistema de reparto de los fondos de la UE), 32/2021(reforma laboral) y el reciente 6/2022 (medidas económicas urgentes). En las tres ocasiones las mayorías han sido exiguas, se han alcanzado tras un tortuoso proceso y, en cualquier parlamentarismo democrático, un fracaso habría tenido consecuencias impensables para la estabilidad y el futuro gubernamental.

En ellas ha flaqueado el apoyo de fuerzas políticas que invistieron con su voto al presidente del Gobierno. En la actual situación, una cuestión de confianza, como le ocurriera a Adolfo Suárez, permitiría conocer hasta dónde están esas fuerzas dispuestas a llegar, pues se encontrarían de una manera evidente, y con voto público por llamamiento, en situación de decidir si mantienen la confianza de la investidura o si han decidido dejar caer al Gobierno con todas sus consecuencias, al tiempo que la opinión pública conoce las medidas que, bajo las nuevas circunstancias, conformarán el renovado programa de gobierno y, quizás con fortuna, las propuestas alternativas de una hermética oposición. Los riesgos no requieren mucha explicación y resulta difícil que recurra a ello un Gobierno que elude hasta los debates parlamentarios sobre temas espinosos. Pero recurrir a la práctica republicana italiana ha salvado la continuidad de bastantes gobiernos, atornillando la mayoría parlamentaria hasta la inevitable siguiente crisis.
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