El domingo 8 de mayo asumió la Presidencia de Costa Rica Rodrigo Chaves Robles. Doctor en Economía Agrícola por la Universidad de Ohio, de 60 años, hizo su carrera profesional en el Banco Mundial. Desconocido en el medio político costarricense hasta octubre de 2019, cuando dejó su cargo como director-país en Indonesia tras una sanción
por insinuaciones sexuales y conductas inapropiadas con subalternas jóvenes,
regresó al país para ocupar la cartera de Hacienda del Gobierno de Carlos Alvarado, cargo que ocupó durante unos meses y dejó en mayo 2020 por diferencias con el presidente.
Chaves fue electo en segunda ronda el 3 de abril, con un 52,8% de los votos válidos, frente a su adversario, José María Figueres Olsen, del Partido Liberación Nacional; y con el mayor porcentaje de abstención en más de medio siglo (43,2%).
La composición del Congreso quedó definida en la primera vuelta, el 3 de febrero. El Partido Progreso Social Demócrata, que vehiculó el acceso de Chaves a la Presidencia, obtuvo 10 de las 57 curules. La fracción es encabezada por Pilar Cisneros, presentadora de noticias en televisión de larga trayectoria que en campaña acompañó (y presentó) a Chaves al electorado a lo ancho y largo del país.
La campaña del nuevo presidente buscó fuertemente la confrontación. Su lema, Me compro la bronca, asumía el compromiso de hacer las reformas necesarias para refundar la casa común, reducir el coste de la vida y optimizar el gasto público, en una narrativa en la que culpaba de la mala situación del país a grupos privilegiados y a todos los políticos que habían gobernado en las últimas décadas, y a "la Prensa canalla" de mentir y distorsionar la realidad en favor de aquéllos. De esta forma, canalizó el enojo y la frustración por el deterioro de condiciones de vida, el desempleo, la informalidad y los dos años de políticas restrictivas y confinamientos por la pandemia de la Covid-19.
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Ante quienes auguraban que no tendría equipo para formar Gobierno ni respaldo legislativo para impulsar su agenda, Chaves planteó que reclutaría un Gabinete de personas de honradez y capacidad comprobadas, independientemente de sus antecedentes políticos, y que utilizaría los recursos del decreto y la convocatoria de referendos para superar los vetos a las reformas que considerara importantes y urgentes. Estas declaraciones suscitaron críticas y preocupación por parte de los dirigentes políticos de los otros partidos.
Una vez declarado ganador de la contienda, la misma noche del triunfo Chaves abandonó las descalificaciones y los ataques y llamó a la unidad nacional. Adoptó un tono de humildad, dio las gracias a Dios y rogó a su contrincante colaborar para trabajar juntos por Costa Rica. Se comprometió a hacer un Gobierno "democrático, de diálogo respetuoso, con la ley, la Constitución y los valores costarricenses". Llamó a abandonar las banderas partidarias y planteó la unión en torno a la bandera patria.
En el paso del discurso a la acción, la formación de Gobierno en poco más de un mes ha sido complicada. Sin partido y con escaso conocimiento de los potenciales candidatos, ideó un procedimiento de reclutamiento inusual: abrió una convocatoria pública para que las personas interesadas presentaran ofertas de servicio. Según su propio relato, creó una comisión con el vicepresidente electo, Stefan Brunner Neibig (un economista y empresario sin antecedentes políticos) y la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, ex diputada y ex candidata a la Presidencia de orientación liberal. Entre los tres
entrevistaron y escogieron a las personas que ocuparán los cargos.
La composición resultante también es poco común: más de dos terceras partes de los ministros no tienen experiencia previa en cargos de decisión política, y muchos provienen del sector privado o de otros cargos gubernamentales y organismos internacionales. Chaves ha manifestado que no conocía a la mayoría antes de entrevistarlos y que, también la mayoría, no se conocen entre sí. Ha manifestado que cada cual tiene un encargo y un ámbito de acción y le corresponde reportar al presidente, en una organización que tiene rasgos más gerenciales que políticos. Varias cámaras empresariales han expresado su satisfacción con los nombramientos de quienes vienen del sector privado, así como con el tono ejecutivo del nuevo presidente.
Por otra parte, el nuevo Congreso asumió el 1 de mayo y está constituido por seis fracciones. La mayor es la del Partido Liberación Nacional, el más antiguo y que ha gobernado en más ocasiones, con 19 curules, seguido por la formación del Gobierno, el Partido Progreso Social Democrático, con 10, Unidad Social Cristiana, con nueve, Nueva República (siete) y los partidos Liberal Progresista y Frente Amplio, con seis cada uno. El Directorio Legislativo electo ese día está encabezado por Rodrigo Arias Sánchez, del Partido Liberación Nacional, y tiene representantes de los demás partidos, incluido el gubernamental. El único que ha quedado fuera es el Frente Amplio.
Arias Sánchez, de 75 años, experimentado negociador, fue ministro de la Presidencia en los dos gobiernos de su hermano Óscar y reclama desde el Congreso alcanzar acuerdos políticos entre fracciones y con el Poder Ejecutivo. Desde su elección, en febrero, se ha manifestado muy interesado en retomar la reforma del Estado.
En sus discursos de este domingo, tanto Arias como Chaves subrayaron los enormes retos internos e internacionales que afronta el país, así como la voluntad de diálogo, de construcción conjunta entre oposición y Gobierno y de acción dentro del marco de la Ley. Chaves reiteró su compromiso de mejorar la vida y las oportunidades de la mayoría, especialmente las de los sectores más vulnerables, y expresó su confianza en lograr la gobernabilidad y en cumplir su mandato con la ayuda de Dios.
Asimismo, en atención a su reiterado compromiso de campaña, Chaves firmó dos decretos, pero no los que había anunciado (cambios en el mercado eléctrico y las telecomunicaciones que, sostenía, bajarán el precio al consumidor; de los mercados farmacéutico y del arroz; la reorganización de instituciones y contra el acoso a las mujeres) por estar todavía en proceso de formulación o de consultas de legalidad. De los dos que sí firmó, uno elimina el uso de la mascarilla y la vacunación obligatoria contra la Covid-19, lo que ha generado una encendida polémica sobre su conveniencia, así como las dudas sobre si el presidente tiene o no la potestad para cambiar una directriz sanitaria que depende de un consejo técnico. Varios organismos científicos, profesionales y legales han objetado la medida.
A un día de estrenado el nuevo Ejecutivo, parece que su camino será complicado. Se pondrá a prueba su apuesta de gobernar con un enfoque gerencial, y que sus ministros conozcan rápidamente el funcionamiento, cultura, organización y regulación de las instituciones.
¿Podrá gobernar por decreto? Parece que lo hará en todos los ámbitos permitidos por la Ley, pero eso mismo reducirá la eficacia de este mecanismo prometida en campaña por el presidente.
¿Utilizará finalmente la herramienta de la consulta popular? Es posible que busque legitimar algunas de las grandes decisiones de reforma del Estado mediante un referendo, pero el marco legal no le ofrece salidas sencillas, ya que
necesita del apoyo de la mayoría legislativa para hacerlo por iniciativa presidencial y, hasta el momento, la mayor parte de las fracciones han manifestado que no le otorgarán su aval. Puede prosperar alguna iniciativa ciudadana, pero no es probable, dadas las dificultades para convocarlas. En más de 15 años de vigencia de la ley de referendos, no ha prosperado ninguna de las más de 40 solicitudes populares.
Por todo ello, parece poco probable su uso por parte de Chaves. Serán más eficaces los mecanismos de la democracia representativa para construir acuerdos políticos. Juega a favor de ellos la capacidad y disposición negociadora del presidente del Legislativo, la conformación del mismo y sus fracciones y la eventual constitución de un bloque mayoritario con importantes coincidencias ideológicas. No puede descartarse que Ejecutivo y sectores del Legislativo busquen legitimar algunas decisiones a través de la consulta a la ciudadanía, o que acuerden dar cabida a una iniciativa ciudadana, pero esa fórmula no tiene muchas posibilidades a la luz de las culturas de la clase política, muy centradas en la democracia representativa. El tiempo dirá.
