Estimadas lectoras, estimados lectores,
Es un hecho que la creciente prevalencia de los fenómenos climatológicos extremos va más rápida que la elaboración de leyes, el cambio de hábitos o la Justicia. Pero eso ya lo sabíamos.
Abrasados por las noticias que nos llegan (esta vez) de Canadá, marcando temperaturas récord que se han cobrado
centenares de fallecidos, hoy tocaba hablar de varios pronunciamientos también históricos de los tribunales que en otras circunstancias podían haber servido de
bálsamo reparador: nos referimos a la sentencia del Constitucional alemán en defensa de los derechos fundamentales de las nuevas generaciones respecto a la lucha contra el calentamiento global, analizado
aquí por
Ana Barreira; el fallo en Países Bajos exigiendo a la multinacional Royal Dutch Shell a acelerar sustancialmente su
descarbonización; y, en Australia, unos jueces estableciendo que el Gobierno del país está obligado a adoptar las medidas necesarias para
proteger a los menores del cambio climático.
Como
guinda, estaba la presentación en sociedad de la definición jurídica del
delito de 'ecocidio', elaborada por un panel de juristas internacionales que pretenden que se incorpore, como quinto ilícito penal, al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, acompañando al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los de guerra y el de agresión.
Estos cuatro hitos pueden interpretarse como un paso adelante en la
judicialización de la lucha contra el cambio climático, algo inevitable a la vista de la poca ambición mostrada por los países firmantes de los Acuerdos de París y la apatía empresarial para eliminar sus emisiones al ritmo necesario.
Si miramos la evolución de los dos primeros casos, puede dar la impresión de que la intervención judicial ha sido
mano de santo: en poco más de un mes, el Gobierno de coalición y el Poder legislativo germanos enmendaron (
aquí, un buen resumen) su ley de neutralidad climática; a tres meses de las elecciones federales, factor que habría actuado como catalizador. Por su parte, Shell anunció que recurriría la sentencia... pero también su compromiso de que adelantará sus planes de
descarbonización. Eso sí, demos tiempo al tiempo.
La acumulación en estas semanas de novedades jurídicas relevantes no implica que el activismo y la Justicia (eso sí, con sus ritmos) acaben de ponerse manos a la obra. Existen precedentes como el
'caso Urgenda', cuya sentencia ya vinculó el ejercicio de los derechos fundamentales con la protección del clima y del medioambiente, y
aquí puede encontrar un repositorio de casos de la Enviromental Law Alliance Worldwide (ELAW), uno de los colectivos especializados en estas cuestiones. Los hay que se remontan a años atrás. También puede ser muy útil el
Atlas de Justicia Ambiental, nacido en 2014, co-dirigido por
Joan Martínez Alier y
Leah Temper (ver
aquí y
aquí) y que, según las últimas noticias, ya reunía más de 3.000 fichas de conflictos ambientales en todo el mundo, muchos de los cuales acaban o acabarán ante los juzgados. Ah, por cierto, añadir que entre esos conflictos también los hay contra las energías llamadas a
protagonizar la transición energética.
Gráfico
El caso de Shell es (también) llamativo porque, siendo efectivamente una de las corporaciones empresariales más contaminantes del planeta, había planteado antes del varapalo judicial uno de los compromisos de
descarbonización más ambiciosos del
'club de los 20',
retratados en el gráfico (
aquí, en formato GIF elaborado por Adam Nieman).
Su objetivo era reducir la intensidad de carbono de sus productos en al menos un 6% para 2023, un 20% para 2030, un 45% para 2035 y un 100% para 2050 respecto a los niveles de 2016. Si se comparan con los de, por ejemplo, sus rivales estadounidenses Exxon y Chevron, la multinacional anglo-holandesa salía ganando... aunque no lo suficiente para el tribunal, que en su sentencia tildó de inconcretos y condicionados los compromisos asumidos por la compañía.
El pronunciamiento judicial contra Royal Dutch Shell es relevante porque abre la senda para que el tercer poder obligue a las grandes compañías a incrementar y/o acelerar sus planes para eliminar sus emisiones de CO2; no sólo a los gobiernos y a los parlamentos. De hecho, no sería de extrañar que alguna otra del
Club de los 20 ya esté defendiéndose en los juzgados.
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Buena lectura,
Guillermo Sánchez-Herrero
Editor de Agenda Pública
