La violencia contra las mujeres, en todas sus manifestaciones, continúa siendo un verdadero desafío para Perú. De forma periódica, casos de mujeres víctimas de violencia trascienden en los medios y ante la opinión pública, suscitando indignación y movilización social. Sin embargo, y a pesar de las cifras preocupantes, los sucesivos gobiernos del país han fallado a la hora de integrar en la agenda política la erradicación de este fenómeno como una verdadera prioridad de Estado.
El pasado 14 de abril, numerosas manifestaciones se registraron en Lima y en otras ciudades del país en rechazo al secuestro, tortura y violación de una mujer en Chiclayo. Ella es Damaris, una niña de tres años encontrada deshidratada, en shock postraumático y maniatada con cinta adhesiva, tras días padeciendo los abusos del ahora llamado Monstruo de Chiclayo.
El 19 de febrero de 2020, se convocó una concentración ante la Central Operativa de Investigación Policial (Dirincri) en Lima, en protesta por la ausencia de investigación diligente en la desaparición de la activista por los derechos de las mujeres Solsiret Rodríguez. Tenía 23 años y dos hijas. Fue asesinada por su ex pareja y su concuñada. Los restos de su cuerpo desmembrado habían sido encontrados más de cuatro años después que su familia denunciase su desaparición.
El 1 de junio de 2018, una gran movilización se organizó en Lima con motivo de la vigilia en honor de Eyvi Ágreda Marchena. Eyvi fue atacada por un antiguo compañero de trabajo que la acosaba sin cesar. Tras su jornada laboral, su agresor la siguió, la roció gasolina sobre su rostro y su cuerpo y la prendió fuego en un bus metropolitano en movimiento y lleno de pasajeros. Tras cinco semanas hospitalizada, Eyvi falleció. Tenía 22 años y no había denunciado a su agresor: el acoso todavía no había sido tipificado como un delito.
La violencia contra las mujeres y las niñas, en todas sus manifestaciones, continúa siendo un verdadero desafío para Perú. Los casos de Damaris, Solsiret y Eyvi son sólo tres de los miles de casos de violencia de género que se registran cada año en el país. En Perú, se asiste a un panorama marcado por cifras preocupantes que dejan entrever la ausencia de un verdadero compromiso de Estado para erradicarla.
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Según la Policía Nacional, cerca de 12.000 mujeres fueron registradas como desaparecidas en 2020. De acuerdo con las cifras publicadas por el Programa Nacional Aurora, en un año más tarde se registraron
293 tentativas de feminicidio y 136 casos de feminicidio consumado, de los cuales en el 13,2% las víctimas fueron niñas y adolescentes, superando las cifras registradas en años anteriores. En ese mismo año, se presentaron 254.318 denuncias por casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, de acuerdo con datos de la Policía Nacional peruana, mientras que los Centros Emergencia Mujer (CEM)
atendieron
22.456 casos de violencia sexual, incluyendo 10.251 casos de violación. En cerca del 70%, las víctimas eran menores de 17 años. Según el Instituto Nacional Penitenciario, las cárceles a nivel nacional concentraban, en 2019, hasta 9.454 presos por violación sexual de menor de edad. Tras el robo agravado,
la violación de menores
es el delito por el que más personas van a prisión en Perú.
Estas son sólo algunas de las cifras que permiten tener una idea de la situación de riesgo en la que viven mujeres y niñas en el país andino. Sin embargo, ahí se quedan, en dar una idea.
Las estadísticas y cifras relacionadas con las diferentes formas de violencia de género contra las mujeres no están siempre consolidadas, la información suele estar parcelada, fragmentada o desactualizada. De forma positiva, y a diferencia de otros países en la región, el Estado peruano recaba información relativa a las diferentes formas de violencia reconocidas y/o tipificadas. Varias son las instancias que compilan la información desde sus especialidades sectoriales: el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, el Poder Judicial o los diversos ministerios generan información estadística propia, presentada conjuntamente, en un esfuerzo de coordinación y consolidación, en el marco del
Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.
No obstante, esta información puede parecer a veces
contradictoria o desfasada, según la institución de la que emane. Por ejemplo, entre los años 2009 y 2018 el Estado peruano presentó y difundió periódicamente dos cifras de feminicidio distintas, una generada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y otra por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Ante tal disparidad, se definió que el Comité estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (Ceic) fuese responsable del cálculo oficial de la tasa de feminicidios; aún no actualizada.
De manera similar, el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (
Demus) realizó otros cálculos, retomando publicaciones y pronunciamientos de las diversas entidades responsables de atender este problema. De este exhaustivo trabajo se puede concluir que aunque las cifras dan la misma idea de la dimensión del fenómeno,
subsisten disparidades entre las emitidas por las diversas entidades estatales. En el mismo sentido,
la Defensoría Adjunta para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo ha alertado acerca de la falta de un registro unificado de abusos sexuales a menores. Igualmente, la organización feminista Manuela Ramos ha señalado que Perú no cuenta con un registro unificado de casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes que permita dimensionar el número real de víctimas, problemática que se ha agravado en el contexto de la digitalización acelerada por la pandemia de Covid-19.
Además de la disparidad o ausencia de datos, éstos no siempre se generan o presentan desde una perspectiva interseccional; es decir, dando cuenta de las vulneraciones o impactos específicos que afrontan mujeres y niñas pertenecientes a ciertos grupos como, por ejemplo, indígenas o afro-descendientes, mujeres de la diversidad sexual y de género, migrantes o defensoras de derechos humanos. El mismo Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la violencia contra las mujeres
(Comité CEDAW, por sus siglas en inglés) ha reclamado al Estado peruano que mejore la recopilación, análisis y difusión de datos completos y desglosados para valorar con exactitud la condición de las mujeres en el país y determinar la magnitud y naturaleza de la violencia y discriminación de la que miles de ellas son víctimas.
La importancia de contar con información estadística en esta materia ha sido ampliamente reconocida como una de las claves para diseñar, implementar y monitorizar políticas públicas.
De hecho, la Convención de Belém do Pará –el primer tratado internacional especializado en la erradicación de la violencia de género– establece
la obligación de los estados parte, como Perú, de adoptar medidas destinadas a asegurar la investigación y recopilación de estadísticas. Esta información debería buscar analizar y comprender las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer. De igual forma, la disponibilidad de información accesible, actualizada, fidedigna y desglosada forma parte
del
derecho al acceso a la información, un derecho convertido en herramienta indispensable para que ciudadanía, sociedad civil, Prensa, Academia y otros actores políticos y sociales puedan vigilar la actuación del Estado.
En un contexto regional marcado por la desinformación, el auge de movimientos fundamentalistas y con agendas de gobierno carentes de compromiso feminista, disponer de conocimiento es esencial. La información es una herramienta indispensable para controlar la forma en la que el Estado aborda el fenómeno y, más aún, para exigir mejoras y garantías plenas.
En Perú, como en tantos otros países de la región, el abordaje de la violencia basada en el género es complejo y, a veces, puede parecer contradictorio. A nivel institucional, el país ha avanzado de manera destacable en la construcción de un andamiaje de entidades e instituciones para proteger y garantizar los derechos de las mujeres. Sin embargo, mujeres y niñas siguen encontrando numerosos obstáculos para acceder a medidas de protección, obtener justicia o vivir en condiciones de igualdad y libres de discriminación.
La información estadística, o su ausencia, pone de manifiesto las brechas existentes entre la institucionalidad y la normatividad, por un lado, y los múltiples obstáculos que afrontan mujeres y niñas para vivir vidas libres de violencia. Por ejemplo, Perú ha tipificado en su Código Penal el feminicidio, imponiendo penas hasta de cadena perpetua cuando existan circunstancias agravantes. Sin embargo, las cifras disponibles muestran que en el país cada 10 horas tres mujeres son víctimas de este crimen
. La información sobre el nivel de judicialización y sanción condenatoria de este delito es todavía vaga o incompleta. Asimismo, aun cuando las autoridades saben que, en promedio,
desaparecen 16 mujeres al día en el país, la desaparición no fue considerada como forma de violencia contra las mujeres hasta hace apenas un mes. Si es también sabido que
más del 73% de las mujeres víctimas de violencia física entre 15 y 50 años no busca ayuda de las autoridades, ¿no debería el Estado ajustar sus mecanismos de respuesta, proximidad, accesibilidad y confianza?
Damaris, Solsiret y Eyvi son sólo tres de los cientos de miles de casos de mujeres y niñas víctimas de violencia de género en Perú. Sus casos generaron indignación ciudadana y, por ello, reacciones del aparato estatal más o menos adecuadas o eficaces. Por ejemplo, en respuesta a la cruel agresión sexual a Damaris, el presidente Pedro Castillo se apresuró en promover un
proyecto de ley de castración química para criminales sexuales; una medida de cuestionable efectividad que respondería más a un efecto de anuncio y menos a una política de Estado para enfrentar decisivamente este delito.
La violencia de género contra las mujeres y las niñas encuentra sus raíces más profundas en la desigualdad entre los hombres y las mujeres, en la normalización patriarcal de un sistema social donde las ellas, sus cuerpos y sus vidas, valen menos. En Perú, esto significa quemar a una mujer, como Eyvi, en un bus metropolitano en movimiento, a plena luz del día y repleto de pasajeros; pero también la necesidad de ir más lejos en la comprensión del fenómeno de la violencia mediante la información y la estadística al servicio de la definición, implementación y monitorización de políticas públicas serias y sostenibles.
La violencia de género requiere instituciones, normas y recursos adecuados. Sin embargo, las normas y las instituciones por sí solas no son suficientes. Para combatirla, es necesaria una profunda transformación de las relaciones sociales, incluyendo la transformación del Estado en alguien que comprenda y atienda las necesidades de las mujeres y de las niñas. Agentes y funcionarios del Estado (policías, jueces, defensores públicos, operadores de salud, servidores educativos, miembros del Ejecutivo o legisladores, por ejemplo) deberían liderar esta transformación hacia una sociedad más justa, más igualitaria y menos violenta para las mujeres. Por ello, se hace cada vez más urgente que la agenda política considere seriamente la igualdad de género y la violencia contra las mujeres como una prioridad, si no de gobierno, de Estado.
Por ahora, en el Perú esta violencia apenas está presente en la discusión pública. Cuando lo es, sucede de forma casi anecdótica (cada 8 de Marzo, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres), o cuando casos como los de Damaris, Eyvi o Solsiret suscitan la indignación ciudadana. Sin embargo, cientos y miles de otros casos se sepultan cada día en el silencio de las cifras y de las estadísticas. La violencia contra las mujeres y las niñas en el Perú no ha sido entendida como una prioridad, aunque no conozca pausa, aunque crezca cada día. Y las cifras así lo demuestran.
