El año 2020 trajo consigo una de las peores crisis sanitarias de la historia reciente, con consecuencias evidentes en nuestros sistemas alimentarios. Estas consecuencias fueron especialmente notorias para los cientos de millones de personas que viven permanentemente en la cúspide del hambre, la desnutrición y la pobreza extrema, particularmente vulnerables a los efectos de una recesión mundial. Las perturbaciones iniciales de la pandemia pusieron a prueba la resistencia de las cadenas de suministro de alimentos y revelaron vulnerabilidades subyacentes tanto en los países desarrollados como en desarrollo, destacando su alta dependencia de alimentos e insumos importados. Pero la crisis también aportó una revalorización de sistemas alimentarios alternativos y más resistentes. Las comunidades, especialmente de los países menos desarrollados, se unieron para paliar las brechas de sus sistemas mientras los gobiernos implementaron medidas extraordinarias tratando de garantizar la producción y el suministro de alimentos.
 
Según el último Panorama Regional de la Food and Agriculture Organization (FAO) sobre la seguridad alimentaria y nutricional (2021), en 2020 se produjo la mayor caída del PIB desde la Segunda Guerra Mundial, acompañada de un incremento de la pobreza en América Latina y el Caribe de en torno a 45 millones de personas. Estas cifras tuvieron un claro impacto en el empleo y los ingresos, repercutiendo de manera directa en la alimentación y la nutrición, especialmente de los habitantes más vulnerables de la región. En tan solo un año, y en el contexto de la pandemia, el número de personas que viven con hambre aumentó en 13,8 millones, alcanzando un total de 59,7 millones de personas. Esto supone que cuatro de cada 10 personas en Latinoamérica (267 millones) experimentaron inseguridad alimentaria moderada o severa en 2020, 60 millones más que en 2019 y el aumento más pronunciado en relación con otras regiones del mundo. En este contexto, es importante pararse a reflexionar sobre el significado y las características de la inseguridad, seguridad y soberanía alimentarias.
 
Las primeras definiciones de la seguridad alimentaria estaban relacionadas con el suministro y la disponibilidad de alimentos, así como en la estabilidad de sus precios, primero de cada país y luego en el mercado internacional. De esta manera, este concepto se constituyó como una herramienta política y económica global, enfocada en el producto y no en el ser humano. Sin embargo, las crisis alimentarias y las hambrunas de mediados de los años 70 del siglo XX comenzaron a priorizar, dentro del concepto de seguridad alimentaria, el comportamiento de los grupos humanos frente al acceso físico y económico a los alimentos. El concepto propuesto por la FAO (a partir de 1996) se basó en la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), una definición multidimensional, más cercana a las personas, capaz de garantizar sus necesidades alimenticias y considerar su entorno físico, social, económico y cultural.

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En este sentido, la SAN engloba cuatro dimensiones, tres de ellas físicas: la disponibilidad física, el acceso económico y físico y la utilización de los alimentos. La cuarta dimensión es un componente de temporalidad que se denomina estabilidad y se caracteriza por el acceso adecuado a los alimentos en todo momento. Para que un país cuente con SAN deben cumplirse las cuatro dimensiones simultáneamente; si no, estaríamos ante una situación de inseguridad alimentaria. Existe, por tanto, inseguridad alimentaria cuando una persona presenta hambre o sub-alimentación, desnutrición, malnutrición y pobreza extrema causada por la falta de disponibilidad y acceso a los alimentos, pero también por una mala utilización y una falta de estabilidad en el acceso y la disponibilidad de éstos.
 
Muchas veces se tiende a confundir o fusionar este concepto multidimensional de la SAN con la idea de la soberanía alimentaria (SA), un concepto político surgido 'desde abajo'. Aunque los orígenes precisos del concepto parecen estar en los movimientos campesinos centroamericanos y mexicanos, el discurso político contemporáneo de la SA fue llevado por primera vez al debate público en la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO celebrada en Roma en 1996, vía la ONG Vía Campesina.

Este movimiento campesino transnacional, alineado con las organizaciones nacionales de agricultores y campesinos constituidas en países de todo el mundo, reclama la devolución de un mayor control sobre los sistemas alimentarios a los pequeños agricultores (denominados campesinos) y a otros productores de alimentos de subsistencia y a pequeña escala (pescadores, pastores, pueblos indígenas, etc.). Para garantizar el acceso universal a los alimentos a todos los pueblos del mundo, la SA promueve esquemas de producción diversificados y comunitarios, el derecho de los pueblos a decidir su propia alimentación y agricultura, y la protección y gestión de la producción y el comercio agrícola local para lograr un desarrollo rural sostenible.

La definición de SA ha evolucionado con el tiempo, siendo su descripción más reciente la acordada por la Vía Campesina en la Declaración de Nyeleni de 2007 como "el derecho de los pueblos a alimentos sanos y culturalmente apropiados producidos a través de métodos ecológicamente sólidos y sostenibles, y su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas". Esta definición hace hincapié en el control directo, incluso local, de la producción y el consumo de alimentos. Pone a quienes los producen, distribuyen y consumen en el centro de los sistemas y políticas alimentarias, en lugar de las exigencias de los mercados y las empresas.


   
Para poder entender el significado real, así como el origen del concepto de soberanía alimentaria, es necesario explicar el conflicto histórico entre dos modelos económicos, sociales y culturales de desarrollo en el mundo rural (véase la Tabla 1). Por un lado, un modelo dominante, muy productivo en el corto plazo, con síntomas claros de agotamiento y numerosos problemas sociales añadidos para una gran mayoría rural de los países de América Latina, basado en los principios de la Revolución Verde e incentivado por el regionalismo desarrollado en la región desde mediados de los años 90 (TLC-México, Canadá y Estados Unidos, TLC de las Américas).

Este modelo dominante se enfrenta a un modelo alternativo basado en una agricultura sostenible, el conocimiento tradicional de los campesinos y el capital social, y plantea un mejor uso de los recursos y servicios naturales. Son dos modelos con objetivos tan distintos como maximizar la producción frente a optimizarla, donde la agricultura pasa de ser un negocio a un medio de sostenibilidad económica, social y medioambiental. Sus características económicas, sociales, medioambientales y tecnológicas opuestas generan problemas y oportunidades para los diferentes tipos de productores de América Latina y el Caribe (grandes productores vs. agricultores familiares).