La guerra en Ucrania ha sido considerada por muchos como el último signo de la crisis de la globalización. Este acontecimiento está acelerando las decisiones políticas destinadas a gestionar un momento marcado por la implosión del orden global y, en particular, las políticas de doble circulación, que pretenden separar la economía nacional de la global, protegiendo la primera mientras se extraen oportunidades de beneficio de la segunda.
Desde la gran crisis financiera, la globalización se ha visto sometida a una serie de choques económicos y políticos que la han minado irremediablemente, tanto material como moralmente. El colapso de los mercados bursátiles mundiales en el otoño de 2008 fue un duro golpe para la legitimidad del sistema financiero global, que durante mucho tiempo se había presentado como una fuente inagotable de prosperidad para todo el planeta. Durante la Gran Recesión de la década de 2010, muchos países experimentaron graves dificultades económicas, la inversión extranjera directa disminuyó y el comercio mundial (un indicador clave del nivel de interconexión económica global) se estancó.
Muchos esperaban que la recuperación iniciada a finales de la década de 2010 marcaría el regreso a las glorias de la alta globalización. Sin embargo, el comienzo de la década de 2020 ha estado marcado por dos nuevos choques que, aunque se consideran exógenos, han revelado problemas que son esencialmente endógenos, es decir, propios de la globalización y sus desequilibrios.
La crisis del coronavirus supuso un profundo golpe a la imaginación de un mundo sin barreras: en la primavera de 2020, muchos países se vieron obligados a cerrar sus fronteras y suspender los vuelos internacionales, mientras millones de expatriados (figura social emblemática de la globalización) regresaban a sus países de origen. Además, las medidas anti-contagio provocaron interrupciones y ralentizaciones en las cadenas de suministro, lo que llevó a empresas y gobiernos a reevaluar los riesgos asociados a su integración global.
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El segundo acontecimiento traumático fue la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, que contribuyó a romper las últimas ilusiones sobre la estabilidad de la globalización. Las medidas adoptadas por los países de la Otan, con sanciones económicas a los oligarcas cercanos a Putin y la exclusión de Rusia de los circuitos financieros mundiales, así como la creciente tensión entre Occidente y China, son otros signos del fin de la globalización tal y como la conocíamos.
En lugar de una integración a escala planetaria, parece surgir la imagen de un mundo cada vez más dividido sobre una base nacional y continental y en torno a esferas de influencia, en particular la hegemonizada por China y la que está bajo la supremacía de Estados Unidos, en lo que parece cada vez más una reedición de la Guerra Fría. En marzo de 2022,
Larry Fink, director de la firma financiera BlackRock, también declaró que la guerra en Ucrania marcaba "el fin de la globalización que hemos vivido en las últimas tres décadas".
Tras la ralentización de la integración económica mundial en la década de 2000, asistimos ahora a una fase de auténtica
desglobalización, una fase de convulsión mundial que, al menos a medio plazo, parece destinada a traducirse en una reducción de la interconexión mundial: las cadenas logísticas se acortan, las empresas ponen en marcha procesos de re-localización y regionalización de sus actividades económicas, y los gobiernos intervienen cada vez más en la esfera económica, a menudo precisamente para protegerla de las tormentas globales.
Sin embargo, no se trata sólo de un cambio debido a las tendencias económicas, sino que también hay decisiones políticas concretas detrás. En muchos países, las opciones de política económica se están alejando de una estrategia de integración global indiscriminada y van acercándose a un modelo de integración selectiva y controlada.
El ejemplo más claro es China, cuyo 14º plan quinquenal (2021-25) se ha centrado en la estrategia de doble circulación con el objetivo de invertir más en la economía nacional. La idea es garantizar la capacidad de producción nacional en determinados sectores estratégicos (como la alimentación, la energía y la tecnología), al tiempo que se invierte más en investigación y desarrollo e infraestructuras para seguir siendo competitivos en el mercado mundial.
Éste es el espíritu con el que se desarrolló Bidenomics, el plan de política económica de Joe Biden para la Casa Blanca. El presidente ha puesto en marcha una estrategia denominada Made in America, cuyo objetivo es canalizar 400.000 millones de dólares al año en contratos del Gobierno estadounidense hacia productos y servicios de empresas estadounidenses. En su programa electoral, afirmó que "cuando gastamos el dinero de los contribuyentes, debemos comprar productos estadounidenses y apoyar los puestos de trabajo estadounidenses". Además, Biden siguió de cerca la promesa de Donald Trump de devolver los puestos de trabajo de la industria manufacturera a Estados Unidos, prometiendo penalizar a las empresas que deslocalizaran dichos empleos. Similar es la lógica de la política industrial de Biden en el estratégico sector del coche eléctrico, con generosas bonificaciones fiscales para la compra de este tipo de coches producidos en suelo estadounidense.
El espíritu de estas intervenciones se condensa en el discurso sobre el Estado de la Unión del 1 de marzo de 2022, en el que el presidente envió este mensaje a las empresas del país: "Hagan más coches y semiconductores en América. Más infraestructuras e innovación en América. Y en lugar de depender de cadenas de suministro extranjeras, fabriquemos en Estados Unidos".
La idea que subyace a estos planes es la construcción de lo que el periodista de Bloomberg Noah Smith ha denominado "economía de dos vías". En este diseño, la economía se concibe (de forma similar al sistema de doble circulación) como formada por dos niveles divididos en una proporción 80/20. El 80% de la economía es el sector 'doméstico', caracterizado sobre todo por el sector de los servicios, fundamental para el bienestar de los ciudadanos, pero de baja productividad y, por tanto, especialmente frágil frente a las tendencias a la baja de la globalización.
El segundo sector, el 20%, es el sector internacionalizado y de alta productividad, centrado en una serie de productos orientados a la exportación. La idea de Bidenomics era proteger el 80% mientras se seguían aplicando estrategias de expansión en el 20% restante para producir beneficios, parte de los cuales podrían redistribuirse internamente.
Incluso la Unión Europea, tradicionalmente orientada hacia estrategias de libre mercado, está tomando lentamente un camino similar. Actualmente, el mercado único es la zona más abierta del mundo: el 68% de las mercancías importadas no pagan ningún arancel comercial. Sin embargo, al verse cada vez más apretujada entre las dos esferas comerciales opuestas de China y Estados Unidos y comprimido en medio de sus guerras comerciales, varios políticos europeos, entre ellos Emmanuel Macron, reflexionan sobre la necesidad de una autonomía estratégica, especialmente en áreas cruciales para la seguridad y la competitividad como la energía y la tecnología. Un ejemplo es el plan de inversión de 43.000 millones de euros en semiconductores, un componente clave de muchos productos tecnológicos. Aunque el grueso se fabrica ahora en otros lugares, los responsables políticos europeos quieren garantizar que una parte sustancial se produzca en el continente.
La iniciativa forma parte de un plan más amplio para perseguir el objetivo de la "soberanía digital".
Se trata de una iniciativa que no tendría sentido en el marco del credo liberalista de comprar todo bien donde esté disponible al menor coste, sino que se justifica por una condición en la que la seguridad tiene prioridad sobre la comodidad. Sin embargo, muchos dudan de que en el continente europeo exista el necesario espíritu de iniciativa para llevar a cabo una política de
doble circulación en toda su extensión. De hecho, la guerra de Ucrania ha obligado a Europa a reforzar su alianza tanto militar como económica con Estados Unidos a costa de retroceder en algunas de las piedras angulares de la estrategia de soberanía digital; por ejemplo, alcanzando un acuerdo sobre el flujo transatlántico de datos con Estados Unidos que muchos ven como una rendición ante el capitalismo digital estadounidense.
La evolución muestra que, si bien la apertura al mercado global fue vista durante la larga década de los 90 como una fuente de prosperidad, ahora también se percibe como fuente de peligros contra los que hay que recuperar las formas de control y protección ejercidas por el Estado. Lo que se necesita es un enfoque más crítico, selectivo e intervencionista de la propia globalización. Pero por el momento parece que mientras China, y en menor medida Estados Unidos, están dispuestos a seguir esta estrategia, los países europeos, en parte por sus dificultades institucionales, siguen indecisos entre la esperanza de volver a la globalización y la conciencia de que hay que tomar un nuevo camino.
