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Urgenda

El acceso a la Justicia en el 'Fit for 55'

Frederik Hafen

7 mins - 26 de Mayo de 2022, 12:58

Esta semana, las comisiones del Parlamento Europeo votarán dos expedientes cruciales del paquete de medidas 'Fit for 55' para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030: el Fondo Social del Clima y el Reglamento de Reparto del Esfuerzo. Al centrarse en los tecnicismos, el reparto de cargas y los compromisos políticos, hay un aspecto que no se ha debatido: ¿cómo pueden los ciudadanos exigir a sus gobiernos que rindan cuentas de los compromisos climáticos adquiridos en Bruselas?
 
Con el acceso a la Justicia, pueden hacerlo. Esto es exactamente lo que sucedió en el 'caso Urgenda' contra el Gobierno holandés. Los ciudadanos de ese país establecieron que su Gobierno tenía la obligación legal de tomar medidas más eficaces contra el cambio climático y, en una victoria histórica para la justicia climática, el Tribunal Supremo de los Países Bajos les dio la razón en diciembre de 2019.

El acceso a la Justicia es una herramienta democrática que los individuos y las organizaciones no gubernamentales pueden utilizar para exigir responsabilidades a las autoridades públicas. En materia medioambiental y climática, garantiza a los ciudadanos la capacidad de pedir a los órganos de revisión o a los tribunales que verifiquen si una autoridad ha respetado los derechos y cumplido los requisitos generados por las leyes medioambientales y climáticas. Pero el derecho de acceso a la Justicia no puede darse por sentado. 

En este ámbito, la Convención de Aarhus de 1998 y sus tres pilares (acceso a la información, participación pública y acceso a la Justicia) son las piedras angulares de la gobernanza medioambiental y climática en Europa. La UE y todos sus estados miembros son partes de la Convención y, por tanto, tienen la obligación de aplicar todos sus principios.

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En realidad, sin embargo, la gobernanza medioambiental y climática dista mucho de ser ideal, siendo el acceso a la Justicia el pilar peor aplicado. A falta de una disposición general de la UE (como una directiva específica) que lo garantice, las normas de acceso a la Justicia en toda la Unión están irremediablemente fragmentadas. La aplicación de la legislación medioambiental de la UE depende, por tanto, de la buena voluntad de los estados miembros, de la disposición de la Comisión Europea a llevar a los gobiernos nacionales a los tribunales y de la suerte de los abogados 'pro bono' expertos en navegar por el entramado jurídico de la UE. 
 
Después de que fracasara una propuesta de directiva sobre el acceso a la Justicia en 2004, la Comisión publicó en 2020 una comunicación que incluía el compromiso de introducir disposiciones sobre esa cuestión en cada nueva propuesta legislativa en materia de medio ambiente, pidiendo al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo que la apoyaran. Sin embargo, las instituciones europeas no se han adherido a este compromiso y a la sociedad civil le toca luchar para que se modifiquen la mayoría de las normas medioambientales nuevas o revisadas.

Ante el rápido avance de la revisión más exhaustiva de las normas de la UE en materia de política climática, el paquete 'Fit for 55', los particulares y la sociedad civil deben estar facultados para desafiar a las autoridades nacionales a que cumplan sus promesas de reducción de emisiones o enfrentarse a las consecuencias.

Las comisiones de Medio Ambiente (Envi) y de Empleo (EMPL) del Parlamento Europeo tuvieron el pasado miércoles la oportunidad de garantizar el acceso de los ciudadanos al Fondo Social del Clima. El FSC es una propuesta legislativa que la Comisión presentó el año pasado, junto con el resto del paquete Fit for 55, en el marco del European Green Deal. Su objetivo es proteger a los hogares y las micro-empresas vulnerables de los costes de la transición verde, con más de 72.000 millones de euros de financiación de la UE previstos para este fin entre 2025 y 2032. 



La inclusión de disposiciones de acceso a la Justicia en el reglamento del Fondo Social del Clima crearía un nivel adicional de responsabilidad y daría a los ciudadanos la posibilidad de emprender acciones legales cuando se incumplan las promesas climáticas. Podrían impugnar los planes sociales climáticos que cada Estado miembro debe presentar a la Comisión, la forma en que se elaboraron estos planes (por ejemplo, respecto a la participación de las partes interesadas) y/o cualquier fallo a la hora de mantener la información relevante sobre el FSC disponible públicamente y actualizada. Esto es importante porque estos planes determinarán las inversiones y las medidas que conformen la transición verde y el apoyo que se dé a las personas vulnerables.

También se ha sometido a votación una enmienda sobre el acceso a la Justicia en el Reglamento de Reparto del Esfuerzo. Éste establece objetivos anuales vinculantes de emisiones de gases de efecto invernadero para una serie de sectores no cubiertos por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. Representan alrededor del 60% de las emisiones y son, por lo tanto, cruciales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París de mantener controlable la temperatura global. Mientras el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión se basa en el mercado, el Reglamento de Reparto del Esfuerzo es esencialmente una herramienta de gobernanza.

Las principales luchas políticas giran en torno a los porcentajes de reducción, los objetivos de los estados miembros y las lagunas y excepciones para determinados sectores. El Reglamento de Reparto del Esfuerzo es también una oportunidad para obligar a los países de la UE a fijar una fecha concreta para alcanzar la neutralidad climática. Se ha presentado una enmienda que obligaría a los países a fijar su propia fecha de neutralidad climática para toda la economía. El apoyo a esta medida reforzaría de forma crucial el Reglamento.
 
Pero si los estados miembros se comprometen este año a cumplir los objetivos este año y luego no lo hacen el que viene o dentro de cinco, el discurso firme de un comisario de la UE puede que no sirva. Por eso, la ley debe incluir un artículo específico sobre un instrumento de responsabilidad ante el público. Se han presentado enmiendas para incluir una disposición sobre el acceso a la Justicia en el compromiso de los estados miembros de limitar sus emisiones en porcentajes específicos. Es de esperar que éstas también encuentren apoyo en el Parlamento.

A la luz del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el paquete Fit for 55 es más importante que nunca. Pero sus promesas no se cumplirán si la legislación no permite a los ciudadanos y a las ONG actuar cuando su país no dé la talla.

Las leyes sobre el clima y el medio ambiente deben contar con sólidos marcos de gobernanza (sustentados en los principios de la Convención de Aarhus) para garantizar que la UE y los estados miembros, que tendrán que aplicar la legislación, puedan rendir cuentas de sus obligaciones.
 
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