Esta semana, el Parlamento Europeo adoptó una posición negociadora respecto la regulación de los bonos verdes que avanza el proceso a nivel europeo. Además de la deuda verde corporativa, numerosos estados miembros han emitido bonos verdes soberanos: España se convirtió en el undécimo en septiembre.

Este tipo de instrumento puede parecer, a primera vista, útil para financiar proyectos de transición ecológica y reducir la huella de carbono del emisor. Sin embargo, bajo su formato actual es difícil sostener que vayan a tener un impacto real sobre la sostenibilidad de las actividades del Estado y su nivel de contaminación. Así pues, mientras el objetivo de crear un estándar europeo es positivo y válido, no es suficiente para resolver las principales limitaciones de los bonos verdes soberanos: en general, se utilizan para (re)financiar proyectos pasados, teniendo así poco impacto, e ignoran el resto del gasto público de los emisores, que puede llegar a ser muy poco verde. En vez de eso, su popularidad distrae de iniciativas más efectivas que buscan el análisis medioambiental holístico de las cuentas públicas y que permitirían a los inversores interesados actuar en consecuencia.

Para entender por qué, es mejor empezar por el principio: los bonos verdes son un tipo de bono o de título de crédito que pueden emitir entidades públicas o privadas pero que, a diferencia de un bono tradicional, deben utilizarse para financiar (o refinanciar) proyectos considerados verdes. Este tipo de instrumento de financiación ha aumentado su popularidad en las últimas décadas, y cada vez representa un porcentaje mayor (aunque aún minúsculo) del mercado de deuda. En 2016, Polonia fue curiosamente el primer país europeo en emitir un bono verde. No existe aún un marco claro a nivel internacional que clasifique a estos bonos como tales, aunque en Europa hemos dado un nuevo paso esta semana en un proceso ya bastante avanzado. Así las cosas, por el momento cada país emisor desarrolla su propio marco y sus propias normas. Inevitablemente, existe una cierta disparidad entre los criterios establecidos por cada país europeo (el español es uno de los más completos). Por ejemplo, parte de la financiación del bono húngaro de 2020 se empleó, (indirectamente, eso sí) en mejoras de un sistema de ferrocarriles de diésel, algo tal vez preferible a otras alternativas pero no del todo verde. 

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¿Cuál es, pues, el propósito de los bonos verdes? Para el emisor (el Tesoro de cada uno de los países que cuentan ya con este tipo de bonos), la principal motivación es el llamado greenium: para más o menos la mitad de los emisores soberanos, el coste de esta deuda ha sido menor que el de un bono tradicional similar. De esta manera, permiten a los países endeudarse de forma más barata, pagando menos intereses.

Sin embargo, la emisión de bonos verdes conlleva costes adicionales, que incluyen el importe por auditarlos para asegurar que verdaderamente financian los proyectos correspondientes y los gastos administrativos de reporting. A menudo, estos costes pueden ser mayores que el beneficio de financiación. Por ello, resulta difícil no pensar que existe al menos un cierto componente de 'marketing' en estas emisiones.

La otra cara de la moneda es el hecho de que el greenium proviene de un creciente número de inversores que buscan invertir en carteras sostenibles. Por lo que respecta a los bonos verdes emitidos por empresas, existe cierta lógica económica: aquéllas con un modelo de negocio más sostenible están mejor preparadas para el mundo que viene y, por tanto, verán un mayor nivel de crecimiento a medio plazo. Algunas de las empresas emisoras operan en mercados generalmente verdes, mientras que otras buscan entrar en estás aéreas del mercado. Sea como fuere, es positivo que existan maneras de financiar dichas actividades a coste reducido y que, por consiguiente, las fomenten.

Sin embargo, conviene no perder de vista que dicha lógica no es muy extrapolable a los países. Hay dos razones principales por las que la deuda verde soberana tiene poco impacto sobre las actividades del emisor. y tampoco dice mucho sobre su sostenibilidad.

Primero, los bonos verdes pueden utilizarse para financiar o refinanciar proyectos verdes. Es decir, la financiación adquirida a través de estos bonos puede asignarse a proyectos pasados, ya realizados. Aunque la situación varía entre países europeos, todos han asignado una parte de la financiación adquirida a ejercicios pasados (generalmente, más del 50%). En el extremo del tablero queda el bono alemán, que asigna la totalidad de la financiación adquirida al ejercicio anterior. Esto pone seriamente en duda el impacto que pueden tener estos productos: es difícil decir que nacen iniciativas verdes nuevas cuando financian proyectos ya cerrados. Así pues, no queda muy claro que los denominados inversores de impacto que demandan estos bonos estén cumpliendo su propósito.



Además de eso, este tipo de bonos representa a día de hoy un porcentaje muy pequeño de la financiación de los gobiernos europeos. Hay en circulación en la actualidad algo menos de 90.000 millones de euros en bonos verdes soberanos de países de la UE, comparado con un total de más de nueve billones de bonos soberanos totales de estos estados miembros. Esto quiere decir que los bonos verdes son menos de un 1% del total (y financian aún, por tanto, solo una parte muy reducida del gasto público). Sin embargo, al comprar un bono verde los inversores asumen el riesgo del emisor en su totalidad, no sólo los proyectos que financia. Por tanto, se está contribuyendo indirectamente al sostenimiento de todo el cuadro de gasto público de un país, la gran mayoría del cual no tiene por qué ser particularmente verde. Así las cosas, no es del todo sorprendente que algunos de los países que han emitido bonos verdes tengan a su vez un alto número de emisiones de carbono relativas a su PIB. Entre ellos está Polonia, el primer emisor europeo al que nos referíamos antes.

Por todo lo anterior, aunque unos estándares europeos vinculantes podrían ayudar a regularizar y mejorar las condiciones bajo las que se emiten estos bonos, es difícil imaginar de qué manera alterarían fundamentalmente las circunstancias actuales. Al ser un porcentaje aún pequeño de la deuda soberana y utilizarse en gran medida para financiar proyectos pasados, es complicado sostener que tengan un efecto positivo sustancial más allá del marketing, especialmente cuando el coste adicional de emisión a menudo cancela cualquier greenium. En vez de eso, un mayor análisis del impacto medioambiental de los presupuestos públicos en su totalidad permitiría a los inversores concienciados con la crisis climática comprar la deuda de países verdaderamente comprometidos con la sostenibilidad y la transición ecológica. Pero, por desgracia, en ocasiones el furor en torno a los bonos verdes distrae de este tipo de iniciativas, que podrían tener un impacto mucho más benéfico.