Las fronteras son una abstracción de consecuencias muy palpables, pues es en ese tránsito desde el mundo de las ideas hasta las vidas cotidianas de millones de personas donde han surgido infinidad de conflictos a lo largo de la historia. Guerras, migraciones, aspiraciones irredentistas... todas se solapan sobre un mismo territorio y hacen que algo tan aparentemente sencillo como dibujar una línea en un mapa sea una tarea enormemente peliaguda.
Hay ahora mismo en Europa dos fronteras por dibujar, una a cada lado del continente. En el este, la guerra de Ucrania ha evidenciado cómo sigue siendo una quimera fijar en el espacio post-soviético una demarcación estable de los límites de la Unión Europea. Y en el oeste asistimos a una disputa comercial aparentemente técnica, pero que puede actuar como la espoleta de la bomba que haga saltar por los aires la frágil paz que hoy se respira en el Ulster.
La semana pasada, la secretaria británica de Exteriores, Liz Truss, anunció que el Gobierno británico presentará un nuevo proyecto de ley con el que modificará unilateralmente el protocolo de Irlanda, lo que supondría una ruptura del Derecho internacional y, tal vez, el inicio de una guerra comercial con la Unión Europea. Las razones que esgrime el Gobierno británico para ello son los problemas de implantación de la frontera aduanera en el Mar de Irlanda y las tensiones sociales que ello está produciendo en Irlanda del Norte.
La cuestión irlandesa (o
el 'día de la marmota')
La historia es de sobra conocida a estas alturas: el hecho de que Reino Unido e Irlanda perteneciesen a la Unión Europea facilitó que se eliminasen los controles fronterizos entre Irlanda y Reino Unido como parte de los Acuerdos de Viernes Santo de 1998. Pero con la salida de éste del mercado común, se volvió a hacer necesario levantar una frontera en la que realizar controles de mercancías. Dado que los citados Acuerdos exigen que no exista una frontera en la isla de Irlanda, la única salida posible era situarla en el mar de Irlanda. Esto es: las mercancías que transitasen desde el resto del Reino Unido hacia Irlanda del Norte deberían pasar por una aduana, pero las que fuesen de Dublín a Belfast no.
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Era una solución para el problema, cierto, pero de difícil digestión para los conservadores británicos, que verían cómo un trozo de su país queda integrado en el mercado europeo y se levanta una frontera que divide el territorio nacional. Ése fue, con todo, el contenido del protocolo que Boris Johnson firmó; tal vez con la esperanza de no llegar a cumplirlo nunca.
Desde entonces, Reino Unido ha arrastrado los pies a la hora de implementar el protocolo, retrasando sine die la implementación de los controles. Su Gobierno se aferra para no cumplir a detalles, problemas técnicos y logísticos de los que se le había advertido repetidamente, y amenaza constantemente con saltarse directamente el acuerdo para forzar a la Comisión Europea a negociar.
No ha sido una táctica inútil: durante los últimos meses, la Comisión ha tomado medidas para reducir las barreras regulatorias de la nueva frontera, hasta el punto de comprometerse a retirar el 80% de los controles que estaban previstos para los productos alimenticios, sin que ello haya servido para detener las reclamaciones británicas ni para evitar que se inflamen los ánimos de los sectores radicales de la población protestante, que contempla con inquietud cómo su vínculo con el resto del Reino Unido se debilita.
Vientos de cambio en Belfast
Esa inquietud no ha hecho sino aumentar desde que, este mes, se celebraron las elecciones regionales en Irlanda del Norte y el Sinn Fein fue la fuerza más votada. Bajo los Acuerdos de Viernes Santo, los gobiernos autónomos norirlandeses tienen que ser de concentración: es decir, contar con ministros unionistas y republicanos en un mismo Gabinete. En la actualidad, el Gobierno norirlandés está liderado por los unionistas del DUP, pero cuenta con ministros del Sinn Fein. Este arreglo evita que los ejecutivos sean monopolizados por uno de los bandos, pero al mismo tiempo dificulta la gobernabilidad, hasta el punto de que el Gobierno británico ha tenido que intervenir varias veces la autonomía durante las últimas dos décadas.
Ante la perspectiva de un primer ministro republicano en Stormont, el DUP ha exigido a Londres que incumpla el protocolo como requisito para entrar en un Gobierno presidido por el Sinn Fein. Dicho de otra forma:
antes de 'tragarse el sapo' de ver a los republicanos presidir Irlanda del Norte (y soportar el impacto simbólico que ello tendría), quieren garantías de que el norte de la isla seguirá integrado en el mercado británico. Para lograr que haya un Ejecutivo funcional en Irlanda del Norte, el Gobierno británico se ve en la tesitura de tener que sacrificar el protocolo acordado con Bruselas y devolver a Irlanda del Norte al mercado británico por la vía de los hechos. Las tensiones religiosas, los irredentismos y la aritmética parlamentaria se conjuran una vez más para dotar a una mera disputa comercial de un potencial desestabilizador inaudito.
Truco o trato
Es importante tener presente que Truss se limitó a anunciar que el Gobierno británico legislaría para revocar unilateralmente el protocolo. Por el momento no se ha registrado ningún texto legal para evitar que la Unión Europea inicie acciones legales, por lo que no se conocen los detalles de la propuesta ni hasta qué punto volverá a alinear a Irlanda del Norte con la normativa británica. Sin embargo, la Comisión Europea ya ha dejado claro que se niega a renegociar el protocolo más allá de las concesiones que ha hecho, y ha añadido que recurrirá a todos los instrumentos legales a su disposición si finalmente se produce una vulneración del Derecho internacional por parte del Reino Unido.
Ahora bien, ¿cuáles son esos instrumentos? Lo más probable es que la Unión Europea recupere las acciones legales que emprendió el año pasado cuando el Gobierno de Johnson registró otra propuesta de ley que podía vulnerar el Derecho internacional. Pero, además de eso, en el comunicado que emitió la Comisión en respuesta al anuncio de Truss se menciona que el protocolo es una "base necesaria" del acuerdo comercial que suscribieron Reino Unido y la Unión al consumarse la salida del primero del mercado único, insinuando que la UE estaría dispuesta a tomar medidas relacionadas con la
imposición de aranceles o incluso la suspensión del acuerdo comercial, lo que tendría un grave impacto económico para Reino Unido.
Quizá por eso desde Whitehall se estén enviando señales de que si la UE inicia una guerra comercial como respuesta a la ruptura unilateral del protocolo, el Gobierno británico no tomaría nuevas medidas en respuesta. Se busca vender así la ruptura como un hecho puntual, algo que lógicamente tendrá una respuesta de Bruselas, pero no algo tan grave como para justificar una guerra comercial entre dos mercados que aún tienen una enorme (aunque desigual) dependencia mutua. Difícil que los líderes europeos compren ese relato.
¿Llegará la sangre al río? Con Johnson y su Gobierno nunca se sabe. Es posible que se trate de uno de sus faroles, y que el objetivo sea simplemente extraer alguna concesión que pueda vender a su electorado. Un movimiento audaz, al borde del chantaje; puro Boris. Pero también es posible que lo enrevesado de la situación política norirlandesa y los problemas (reales, insisto) de implementación del protocolo lo lleven a romper la baraja de una vez por todas.
Haría bien Johnson en ser cauto. La de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, del Reino Unido y de la Unión Europea, es una de esas fronteras en las que el recuerdo de querellas religiosas, de muertes violentas y una cierta desconfianza ante el vecino siguen presentes a ambos lados de la linde. De ahí que las disquisiciones sobre dónde poner algo tan aparentemente anodino como una aduana adoptan pronto un cariz existencial para muchas personas de buena voluntad, hasta alcanzar un punto en el que unas simples negociaciones comerciales pueden provocar que lo que hoy son cicatrices vuelvan a ser heridas.
Sólo un ingenuo pensaría que se podía traer de vuelta la seguridad que aportan esas líneas sobre el mapa sin que volviesen con ellas todas las dificultades que han engendrado a lo largo de los siglos. Pero en eso se basó, a pesar de todo, la campaña del Brexit: en apostarlo todo a la simpleza de un eslogan como
take back control, desdeñando la fragilidad de la paz en Irlanda.
Reino Unido pidió fronteras, y los 'regalos' hay que abrirlos.
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Jason Cairnduff (Reuters)
