Cuando todavía no se acabado la pandemia por Sars-Cov-2, un nuevo brote epidémico sacude la salud pública a nivel global. Justo cuando se cumplen 42 años de la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en que se anunciaba la erradicación de la viruela a nivel mundial, se ha producido un brote de viruela del mono fuera de los países africanos donde es endémica. Según el último informe de la OMS, hay 780 casos en 27 países, de los cuales 156 corresponden a España; quizás el brote no pueda llegar a controlarse si no se adoptan medidas más enérgicas, entre las que no cabe descartar la vacunación. Posiblemente, cuando este texto se publique esos datos ya estarán desfasados y estaremos un poco más cerca de esa medida. No obstante su caducidad, son unos datos que deben hacernos reflexionar sobre la necesidad de contar con planes de preparación basados en derechos ante un (¿futuro?) brote de viruela, que tiene una tasa de mortalidad del 30% y es muy infecciosa, pues su R0 está entre 3,5 y 6.

En general, las enfermedades infecciosas que pueden comunicarse a terceras personas ponen de relieve aquello que más nos aterroriza, pues nos recuerda que las personas infectadas una vez fueron como nosotros y que nosotros podemos ser como ellas. Y esto convierte a todas las enfermedades infecciosas en una cuestión de derechos, no sólo por la afectación al principio del daño, sino porque se hacen presentes tanto la discriminación de aquellas personas infectadas o en riesgo de hacerlo como los problemas de reparto equitativo de bienes escasos.

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Un brote como el que estamos viviendo plantea cuestiones que afectan a los derechos humanos tanto a nivel macro como micro. A nivel macro, cabe destacar el que, en mi opinión, es el principal problema: la universalidad del derecho a la protección de la salud, que incluye el acceso a todos aquellos medicamentos que sean esenciales. A pesar de todos los esfuerzos, la realidad sigue siendo tozuda: millones de personas que viven en países de renta baja continúan sin poder acceder a medicamentos esenciales para tratar condiciones de salud que son perfectamente tratables en países de renta alta.

Un ejemplo evidente es el caso del VIH: es una infección convertida en crónica en aquellos países donde se garantiza el acceso regular al tratamiento antirretroviral, pero que anualmente causa la muerte a cientos de miles de personas en países de renta baja. En el caso de la viruela del mono, desde 2019 se cuenta con una vacuna preventiva aprobada por la Federal Drug Administration, y en 2022 la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado un antiviral para el tratamiento de la infección por viruela, viruela del mono y viruela bovina. Ambos fármacos deben hacerse accesibles a nivel global a todas las personas que estén enfermas o tengan un riesgo alto de infectarse.

No debería reproducirse el mismo error que se ha cometido con el Sars-Cov-2, donde ha habido (y sigue habiendo) un reparto inequitativo de las dosis disponibles de las vacunas aprobadas. En los países de renta alta se vacunaba a toda la población, se amontonaban dosis que han acabado caducando, mientras que en los países de renta baja el porcentaje de vacunación sigue siendo muy bajo. Si no se logra satisfacer ese derecho a la protección de la salud, no sólo estaremos vulnerando el derecho a la vida e integridad física de esas personas sin acceso, sino que continuaremos poniendo en riesgo nuestra propia seguridad, entendida como salud pública, porque los virus no conocen fronteras y no podemos pretender activar las medidas de contención sólo cuando detectamos un caso de contagio dentro de las nuestras.

A nivel micro, la noticia del brote de viruela del mono supuso la criminalización del colectivo de hombres que tienen sexo con hombres porque uno de los focos era el Gay Pride de Maspalomas y otro una sauna en el barrio madrileño de Malasaña. Aparecía así la lógica del grupo de riesgo, que tan nefastos resultados ha tenido en el ámbito del VIH o del Sars-Cov-2 en términos de prevención. Se trató de identificar al paciente cero, una tarea que también ha demostrado ser peligrosa en términos de derechos (baste recordar el caso de Gaëtan Dugas). Una vez descartado que sea una enfermedad de transmisión sexual, que no hay un único brote y que podía infectarse cualquier persona en contacto con una persona infectada, las medidas adoptadas para controlar el brote deben ser idóneas para proteger la salud pública, además de ser necesarias y proporcionales. Han de elegirse, pues, aquellas medidas que, siendo adecuadas para alcanzar el fin de proteger la salud pública, invadan lo menos posible los derechos individuales.

En este brote, como en otros, deben combinarse la respuesta basada en la evidencia científica y la basada en derechos; ambas van de la mano para que las medidas de salud pública elegidas sean las menos lesivas. Salud pública y derechos son compatibles pero la ética de la salud pública admite que la interferencia durante una crisis pueda ser más intensa. Si no peligrase aquélla y se aplicase la ética clínica, no podrían imponerse determinadas restricciones en los derechos; no podría, por ejemplo, declararse obligatorio un tratamiento terapéutico o preventivo.



Por otro lado, cuando se identificaron los primeros casos entre los hombres que tienen sexo con hombres se favoreció la difusión de mensajes homófobos que les culpabilizaban y, con ello, se estaba empezado a transitar el camino de la justificación de tratos diferenciados que podían ser discriminatorios. Y esta justificación se debe a que somos menos benevolentes con aquellas personas a las que consideramos que son responsables de su enfermedad; les consideramos culpables por no haber sido diligentes y, por lo tanto, deben pechar con las consecuencias en forma de restricción de sus derechos. De nuevo, la respuesta al VIH nos aporta una lección inigualable, pues allí donde se estigmatiza a la población infectada o en riesgo de infectarse, allí donde se les culpabiliza, allá donde existen normas jurídicas y políticas públicas discriminatorias, el impacto de la epidemia es mayor porque esa población posterga la solicitud de asistencia sanitaria.

Estamos ante una nueva oportunidad para tratar de corregir profundas desigualdades estructurales que ahondan el impacto del brote epidémico de viruela del mono. Quizás no pueda controlarse, pero sí podemos minimizar el coste en términos de derechos.