La invasión de Ucrania iniciada el pasado mes de febrero bajo las órdenes del régimen de Putin no sólo está dejando a su paso destrucción, heridos y víctimas civiles, sino también casos verificados y denuncias por violencia sexual como arma de guerra, principalmente contra mujeres y niñas en zonas bajo control de las tropas rusas.
La violencia sexual relacionada con los conflictos hace referencia a la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, el aborto forzado, la esterilización forzada, el matrimonio forzado y cualquier otra forma grave de violencia sexual perpetrada contra mujeres, hombres, niñas o niños que tienen una vinculación directa o indirecta con un conflicto.
Aunque este crimen afecta tanto a hombres como a mujeres, son ellas quienes la sufren de forma desproporcionada. Así lo reconocen las diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en materia de Mujeres, Paz y Seguridad y la evidencia obtenida en
conflictos armados, contextos de post-conflicto y desplazamientos en todo el mundo.
A nivel global, la complejidad de las situaciones que afrontan las víctimas (miedo; estigmas culturales, incluyendo el rechazo de sus familias o los miembros de su comunidad, por ejemplo, por dar a luz hijos fruto de violaciones; dependencia económica, o lesiones físicas y traumas psicológicos) lleva a que a menudo no se denuncien los delitos por esta violencia sexual y a que la
impunidad ante estos crímenes campe a sus anchas. Se estima que
por cada violación denunciada en el marco de un conflicto, se quedan sin documentar entre 10 y 20 casos.
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Las consecuencias personales y potencialmente reproductivas de la violencia sexual como arma de guerra producen efectos de amplio alcance en las comunidades a largo plazo, con un impacto generacional en el tejido social y su identidad.
Por otra parte, los desplazamientos por conflictos armados aumentan los riesgos de que se produzca violencia sexual, incluyendo la trata de personas para fines de explotación. Además, los efectos ocasionados por la Covid-19 no sólo elevaron los riesgos de que se silencien estos delitos; también llevaron a que parte de los recursos destinados a los servicios básicos de atención a víctimas de violencia de género en contextos humanitarios se asignaran a otros objetivos, afectando especialmente a mujeres y niñas desplazadas.
En el marco de la actual invasión a Ucrania, las denuncias por violencia sexual como arma de guerra, según la documentación de casos reportados y su verificación, se han ido sucediendo en el país una vez se iban liberando zonas anteriormente controladas por tropas rusas. Las investigaciones detalladas medirán el alcance real de estos crímenes y sus implicaciones.
Altos funcionarios de Naciones Unidas como la Representante Especial del secretario general sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, Pramila Patten, o, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Sami Bahous, han reiterado su preocupación por la existencia de un creciente aumento de
denuncias, informes y sólidas evidencias forenses sobre la comisión de estos crímenes con incidentes tremendamente desgarradores. Así lo han denunciado también autoridades ucranianas como el alcalde de
Bucha u organizaciones de derechos humanos como
La Strada-Ukraine. ONGs como
Amnistía Internacional o
Human Rights Watch han denunciado y documentado la violencia indiscriminada contra civiles a manos de las tropas rusas.
En este sentido, el Gobierno de Ucrania y la Representante Especial del secretario general de Naciones Unidas sobre la Violencia Sexual en los Conflictos firmaron en mayo un marco de cooperación para reforzar la supervisión e información sobre los delitos de violencia sexual relacionados con los conflictos, fortalecer la prestación de servicios (como salud sexual y reproductiva o mental) y la capacidad de las instituciones nacionales para garantizar la rendición de cuentas por tales violaciones de los derechos humanos. Para ello, será clave la recopilación de datos por factores como sexo o edad, abordando las causas profundas y las consecuencias de la violencia sexual relacionada con el conflicto que afectan en mayor medida a grupos específicos de la población, proporcionándoles espacios y plataformas seguras para reportar los ataques. Asimismo, también se deberán adaptar los servicios a las necesidades de los hombres y niños que hayan sido víctimas.
La profesora Dara Kay Cohen, de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard, apunta cuestiones clave a la hora de abordar el estudio del empleo de la violencia sexual como arma de guerra en Ucrania por parte de las tropas rusas, afirmando que cerca de una cuarta parte de las mismas está compuesta por reclutas y que abundan informes que señalan que un elevado número de soldados de esa nacionalidad no creen en la causa por la que luchan. A este respecto, Cohen explica que otros contextos equiparables han demostrado que
los combatientes que creen en la causa tienden a no abusar de los civiles en la misma medida y, además, que las condiciones de reclutamiento forzoso conllevan mayores posibilidades de cometer actos de violencia sexual relacionada con los conflictos armados.
La historia reciente muestra que,
tras el conflicto iniciado en 2014, tropas rusas y grupos prorrusos ya habían sido acusados de cometer este tipo de crímenes en lugares como Crimea o el este de Ucrania.
El clima imperante de impunidad por las violaciones de derechos humanos en zonas de las regiones de Donetsk y Luhansk tras la pérdida de control gubernamental ucraniano y la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol por parte de Rusia desde 2014 acarreó graves consecuencias para los civiles, en particular mujeres y niñas en situaciones desfavorables (como las desplazadas internas o las pertenecientes a minorías). La Red Global de Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual en Tiempos de Guerra (Sema) ha venido también denunciando la
impunidad ante la violencia sexual relacionada con el conflicto desde 2014 en Ucrania.
Este contexto contribuyó a un aumento de la violencia de género y al reforzamiento de las
actitudes tradicionales y patriarcales que limitan sus derechos. Un
estudio publicado en 2019 por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (Osce) sobre violencia contra las mujeres en Ucrania es revelador:
el 79% cuyas parejas en aquel momento habían luchado en el conflicto respondieron haber sufrido violencia doméstica por parte de su compañero frente al 58% de las mujeres cuya pareja no había combatido. En ese mismo año, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) también determinó la gravedad del problema que supone la
violencia de género en el país: aproximadamente
el 67% de las mujeres declararon haber sufrido alguna forma de violencia desde los 15 años y una de cada tres informó haber experimentado violencia física o sexual.
Por su parte, también es relevante la información proporcionada por el 'Women, Peace and Security Index 2021/2022' (publicado por el Georgetown Institute for
Women, Peace and Security y el PRIO
Centre on Gender, Peace and Security). Se basa en fuentes de datos reconocidas para medir tres dimensiones en 170 países: la inclusión de las mujeres (económica, social y política), la justicia (legislación formal y discriminación informal) y seguridad (a nivel individual, en la comunidad y en la sociedad). En este sentido, este índice ubica a
Ucrania en el puesto 66º de dicha clasificación global.
En Ucrania, las mujeres desarrollan un papel fundamental en todos los ámbitos, incluyendo su participación en las Fuerzas Armadas del país, su liderazgo y activismo en las organizaciones de la sociedad civil y su implicación en la búsqueda de la paz desde 2014. Sin embargo, su exclusión en las negociaciones formales de paz entre Rusia y Ucrania ha sido desde entonces evidente. Además, la perspectiva de las mujeres ha estado
ausente en las narrativas dominantes sobre la guerra.
El rol de las mujeres no debe nunca circunscribirse al de víctimas del conflicto armado. Deben ser reconocidas formalmente como líderes de cambio y agentes de paz en los procesos formales (mediación, negociación y firma de acuerdos de paz) y ver representados de forma efectiva sus intereses como grupo heterogéneo (y los de las minorías en particular).
En definitiva, deben garantizarse las necesidades de las personas sobrevivientes y la rendición de cuentas ante estos crímenes, así como la prevención y la lucha contra la trata de personas en el marco del conflicto y en situaciones de desplazamiento. La perspectiva de género debe ser, así, parte central en todos los ámbitos de las respuestas humanitarias al conflicto, la reconstrucción del país y la reforma del sector de la seguridad. Los derechos de las mujeres ni son negociables ni se pueden posponer.
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Omar Marques (Getty Images)
