Muy pocos miraron al sur cuando volvieron a resonar campanas de guerra en el este de Europa. No parecía entonces relevante mirar a nuestro vecino de abajo: millones de blancos necesitaban ayuda y África estaba ya acostumbrada a la indiferencia. Meses más tarde, tras los lamentos por nuestro sobrecoste energético, el dramón del aumento del precio de freír churros y vaciar los estantes del aceite vegetal, alguien recordó que se había olvidado de algo: "La guerra en Ucrania y el aumento del precio de los alimentos, disparará una ola masiva de migración desde África". Era el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, que siempre acaba por acordarse de todo por la razón equivocada; y casi nunca con la información cierta. 

La crisis alimentaria provocada por la invasión a Ucrania ha generado un aumento de precios sin precedentes que, de acuerdo con la FAO, es el mayor registrado desde 1961, superando los producidos por la crisis del petróleo de 1973. Todo ello en un contexto de creciente aumento del hambre provocado por la pandemia. Sin embargo, el impacto de la crisis alimentaria en los flujos migratorios de la frontera sur es sólo uno de los múltiples factores que influyen en el análisis de una de las rutas más complejas del planeta: con diversas vías abiertas (unas marítimas: las rutas del Mediterráneo occidental, central y oriental, y la atlántica hacia Canarias y otras por tierra hacia Ceuta y Melilla); multitud de factores que empujan a la salida (conflictos en el norte y oeste de África, factores económicos internos y crisis climática permanente en el Sahel) y una miríada de diferentes procedencias y perfiles migratorios. Aun así, empecemos por ahí, el impacto del aumento del precio de los alimentos. 

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La relación entre crisis alimentarias y migraciones no es tan obvia como parece. Pese a que la intuición nos empuja a pensar que a más hambre, más desplazamiento de personas, la evidencia existente al respecto no es nada clara, especialmente en desplazamientos internacionales. Si bien es cierto que se han producido grandes movimientos de personas provocados por hambrunas  (este mismo año más de 500.000 personas lo han hecho en Somalia), no parece que éste sea el efecto en la frontera del sur. Esto puede explicarse por que el proceso migratorio en esta región es mucho más complejo y caro, lo que lo convierte en un producto de lujo para las personas que buscan llegar a Europa. Pese a todo, la UE prevé un aumento del 25% en el número de llegadas a través de la frontera sur, aumentando hasta 150.000 los desplazamientos en 2022; muy lejos del millón de personas que atravesaron el mar en 2015 en pleno conflicto sirio.

Otro factor importante que hay que analizar es la variabilidad en las rutas migratorias y las consecuencias del llamado re-routing, la capacidad de las personas migrantes y la industria que la apoya de cambiar las rutas en función de la situación en los países de tránsito. En este sentido, uno de los principales factores que van a condicionar la migración hacia Europa desde el sur es el impacto del cambio de postura del Ejecutivo Español sobre el Sahara Occidental y sus consecuencias sobre las principales rutas hacia España. Independientemente de que pueda haber otras consideraciones, la cuestión migratoria ha sido clave para entender los últimos movimientos en las relaciones con Marruecos: desde el año 2020, cuando se reactivó de manera drástica la ruta Atlántica hacia Canarias, Marruecos ha utilizado de manera sistemática y continua las migraciones como un arma de disuasión en sus relaciones con España; primero habilitando, e incluso azuzando, las migraciones a Canarias, y posteriormente con la entrada de más de 5.000 personas en un solo día a Ceuta en medio de la crisis diplomática por la entrada del líder del Frente Polisario. 

Los efectos de este nuevo escenario son, sin embargo, complejos. Es de esperar que se produzca un descenso en las salidas de ciudadanos marroquíes (ya se ha percibido en el segundo trimestre del año, con una mucha menor presencia de sus nacionales en la ruta canaria), ya sea por un aumento en el control de los puntos de salida (el 96% de las embarcaciones llegadas a Canarias en 2022 provienen del Sahara Occidental) como por la facilitación del proceso de deportaciones. No obstante, la presión de la Gendarmería marroquí probablemente desplace la ruta más hacia el sur, habilitando puntos de salida desde Mauritania, Senegal o incluso Gambia, recrudeciendo más aún la letalidad de la ruta migratoria más peligrosa del mundo (al menos 1.332 personas perdieron la vida en 2021).



Adicionalmente, el cambio de posición sobre el Sahara ha tenido un efecto dominó sobre las relaciones con Argelia, principal punto de embarque de migraciones por la ruta occidental durante el año pasado, lo que puede inducir al país a desviar la ruta del Mediterráneo central hacia las costas españolas para poner más presión sobre España. De ser así, el único efecto que habría tenido la concesión española sería el de reducir las consecuencias del chantaje migratorio de Marruecos, disminuyendo la emigración de sus nacionales, número que podría además verse compensado por las llegadas desde Argelia. A su vez, aumentando la peligrosidad de las nuevas rutas migratorias: el segundo semestre de 2022 nos traerá más de lo mismo, más muertos y un número parecido de personas migrantes. 

Decía Hanna Arendt, en su magnífica crónica del juicio contra Eichmanm, que lo más chocante de los crímenes cometidos por los nazis era la percepción de que los perpetradores cometían sus crímenes de tal manera que no podían siquiera intuir en ellos actos de maldad. La deshumanización de las víctimas, la burocratización y las jerarquías deshacían en el proceso las percepciones morales sobre las brutales consecuencias de sus acciones. Este mismo efecto se está produciendo en el ámbito migratorio. Hemos normalizado de tal manera los cuerpos en playas, las tumbas sin flores y las lápidas sin nombres a los que llorar que hemos dejado de preguntarnos porqué llegaron hasta allí. Es lo que tienen las migraciones: son el único ámbito de política pública en el que las personas objeto de las mismas (las personas migrantes) no ejercen ni el más mínimo rol en su diseño. No es que no participen, es que no existen ni siquiera para plantear cuáles serán sus efectos sobre ellas mismas: los muertos en el mar no ocupan siquiera una nota a pie de página en las políticas que los han condenado, son daños colaterales de circunstancias tan lejanas como las costas que trataron de alcanzar.