España es uno de los países con menor ratio de delitos y, por ende, uno de los países más seguros donde vivir, como por otra parte afirma la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Todos los días se producen delitos y atentados contra los derechos y las libertades de los ciudadanos. ¿Quién vela por la seguridad y la prevención de esos delitos? En nuestro país, el Estado garantiza la integridad física, así como la seguridad personal y jurídica de sus ciudadanos.
En un país descentralizado donde la seguridad de la población y el territorio es desempeñada por distintas administraciones públicas (estatal, autonómicas y locales), se requiere una alta colaboración y cooperación entre estos organismos para garantizar el cumplimiento de su objetivo.
La tecnología al servicio de la seguridad pública
El Ministerio del Interior es el principal organismo encargado de esta materia, de la protección de la población, y está afrontando una transformación digital no sólo de sus sistemas y sus procesos de relación con las personas, sino también del propio concepto de lo que representa la seguridad. Ahora tenemos que estar protegidos en distintos frentes, tanto en el físico como en el digital.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FyCSE), como un guardianes invisibles, afrontan nuevas amenazas en un escenario digital y deben actuar de la forma más eficiente posible, donde la agilidad y la respuesta eficaz son vitales. En este contexto, la tecnología puede ayudar de forma decisiva.
Los servicios de seguridad necesitan desarrollar su trabajo en entornos robustos, seguros, sin fallos, y que les otorguen capacidad para poder analizar y operar grandes volúmenes de datos al instante. No se pueden cometer errores, ya que está en juego la vulnerabilidad de la información de millones de ciudadanos. Esta protección es esencial para garantizar un Estado democrático, que dé estabilidad social y económica, donde ciudadanos y empresas puedan desarrollar su actividad de manera segura.
Los nuevos desafíos de la seguridad pública
La seguridad pública se ha convertido en un importante desafío para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Gracias a soluciones digitales, inteligencia artificial y el uso de tecnologías innovadoras se están consiguiendo importantes avances en la lucha contra los nuevos delitos informáticos como el phishing o el fraude informático, así como en la investigación de delitos en general.
¿Cómo pueden estas nuevas tecnologías mejorar nuestra seguridad?
En eventos multitudinarios, carreteras, aeropuertos, edificios públicos, podemos ver dispositivos de medición inteligentes o sistemas de videovigilancia, que generan información eficaz para generar una respuesta rápida y ágil.
Programas de análisis de información inteligentes que utiliza la Policía filtran la información y ofrecen una visión completa de la situación. Es el caso de los planos actualizados de edificios en una catástrofe.
Centros de mando y control con soluciones abiertas de vigilancia operativa que incorporan diferentes fuentes de información (IoT, sensores, vídeo, etc), altamente inter-operables con todos los agentes necesarios para llevar a cabo una respuesta inteligente ante emergencias (Smart Emergency Response)
Nuevos sistemas para la gestión inteligente de fronteras (Smart Borders), donde mediante el uso de una identidad digital segura y la biometría, sean capaces de gestionar rigurosa y ágil un elevado tráfico de ciudadanos.
Predicción y reconocimiento temprano de incendios forestales mediante sensores instalados en los árboles, que los reconocen y avisan de los mismos con la mayor celeridad.
Soluciones digitales para hacer frente a ciberataques y a la manipulación informática.
El valor de nuestros datos
El dato es la materia prima de la transformación digital, pero ¿qué valor tienen los nuestros? Según los expertos, es incalculable y no siempre somos conscientes de ello, ya que gran parte de los ataques informáticos tienen lugar por descuidos de los usuarios.
Otra cuestión que confirma el valor del dato es que resulta habitual encontrar noticias acerca de empresas que comercializan con la información privada de sus clientes para obtener beneficios.
El dato es una de las principales palancas transformadoras, no sólo como elemento de protección, sino también de clarificación. Es el gran aliado de quienes tienen que tomar decisiones, porque permite analizar, planificar, diseñar, ejecutar y medir de una manera más inteligente todas las políticas que se ejecutan en materia de seguridad pública. En este contexto, la clave, como en cualquier otra política pública, es dirigir la digitalización y la puesta en valor de los datos de forma alineada a los retos de seguridad actuales: cero errores, algoritmos de predicción, patrones, y respuestas rápides y eficaces para las FyCSE.
Es esencial contar con la confianza de los ciudadanos en el uso de sus datos para poder desarrollar una labor eficaz de protección. Es una realidad que la reciente pandemia mundial ha redefinido nuestras expectativas, ha acelerado la innovación y ha cambiado nuestra actitud acerca de la tecnología para la seguridad pública. Y, aunque, es normal que existan ciertas reticencias al cambio y desconfianza a la hora de compartir información, hay que reconocer esta transformación y la existencia de proyectos muy relevantes que sitúan a España a la vanguardia en el ámbito de la seguridad pública.
Proyectos relevantes de seguridad pública
Un buen ejemplo de ello es el Programa Sirdee (Sistema Integral de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado), que ha cumplido recientemente 20 años. Esta red nació con el objetivo de sustituir y homogenizar las antiguas redes analógicas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para proporcionar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una plataforma común de radiocomunicaciones que mantuviese su operatividad tanto en situaciones de normalidad como de crisis o de emergencia.
Durante estos años, el Programa Sirdee ha prestado su servicio en las grandes crisis por las que ha pasado España, desde atentados terroristas, terremotos, inundaciones o en los peores momentos de la crisis sanitaria de la Covid-19. Más de cuatro millones de llamadas al año provenientes de ciudadanos son atendidas por la Policía Nacional o la Guardia Civil. Gracias a las herramientas de gestión de emergencias y comunicaciones, se han mejorado sustancialmente los tiempos de respuesta al automatizarse algunos de los procesos necesarios para atender la emergencia.
Proyecto AlertCops.- Es un servicio de ayuda al ciudadano ante situaciones de peligro, con el fin de mandar avisos, incluso geolocalizados, con fotografías o audios, a los agentes para advertir de un testimonio o de la perpetración de un delito a través de su propia aplicación. El fin de esta iniciativa es denunciar todo acto delictivo que se sufra o se vea en la calle.
Entry/Exit System (EES).-La tecnología se ha convertido en un aliado estratégico para la protección de los ciudadanos, no sólo en España. Evidentemente, la Unión Europea también ha puesto en marcha sus propios mecanismos de protección. El EES ha colocado a España como uno de los países punteros en lo que a control automatizado de fronteras se refiere.
El sistema gestiona información sobre los viajes: fechas y lugares de entrada y salida de nacionales de terceros países, datos de carácter personal y biométrico (fotografía y huellas digitales) o denegaciones de entrada que eventualmente pesen sobre dicha persona.
Esta nueva herramienta debe contribuir a reducir los retrasos en los controles fronterizos, asegurar una identificación fiable de las personas que superan la duración de estancia autorizada y reforzar la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo, uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan actualmente los estados en materia de seguridad.
Los ciudadanos de todo el mundo creen que las nuevas tecnologías conducirán a una mayor sostenibilidad, mejores servicios urbanos y, sobre todo, mayor seguridad pública. Queda mucho recorrido y mucho trabajo que afrontar, pero entender que la digitalización mejorará la seguridad ciudadana es todo un desafío para las Administraciones Públicas.
