La elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia es un punto de inflexión en la historia del país suramericano. El líder del Pacto Histórico es el primer mandatario de izquierda que llega a esta posición, en un país históricamente conservador. Lo hace, además, en una coyuntura crítica para Colombia y América Latina, que cojean todavía por la crisis pandémica y años de descontento ciudadano y movilizaciones masivas. Con la llegada al poder, este ex guerrillero del desaparecido M-19 y su vicepresidenta, Francia Márquez (líder ambientalista afrodescendiente),
se cierra un ciclo de la historia colombiana marcado por el dominio de la derecha y se concretan las promesas de apertura política e inclusión del acuerdo de paz. Este amanecer de la izquierda colombiana la enfrenta a un desafío inmenso.
Petro ha logrado la victoria tras una reñida recta final con el outsider populista Rodolfo Hernández. Las últimas tres semanas, la campaña del Pacto Histórico se volcó en el territorio, con Petro y Márquez recorriendo el país. Esta estrategia contrastó con la campaña de Hernández, quien siguió concentrándose en las redes sociales. Aunque la campana digital había sido clave en el ascenso de Hernández, no fue suficiente para lograr un acercamiento a los votantes indecisos. Tampoco pudo contrarrestar el bajón que sobrevino después de su sorpresivo paso a la segunda vuelta. El candidato no sólo perdió fuerza, sino que sus defectos (escándalos de corrupción, machismo) quedaron expuestos a la luz pública, costándole votos entre segmentos clave de la población.
El país vivió una recta final de campaña muy apretada. El ambiente se enrareció con ataques personales que auparon el temor al lado contrario. Finalmente, Petro se impuso con el 50,44% de los votos, superando a su rival por una diferencia de poco más de 700.000. De entrada, esto sugiere que construir puntos de encuentro entre ambas mitades y aquietar las aguas es uno de los desafíos inmediatos del nuevo mandatario; aunque no el único.
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Su ambicioso programa de izquierda promete un cambio que se concentre en los excluidos tradicionalmente (víctimas del conflicto, mujeres, minorías, pobres, trabajadores) e incluye reformas como la tributaria, del sistema nacional de pensiones y de la salud, e implementar el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y la defensa del medio ambiente. Sus propuestas generan mucha desconfianza entre el 'establishment' económico y político. No obstante, ha moderado su programa y lleva meses buscando acercamientos a estos sectores e intentando espantar temores latentes entre el electorado y los empresarios de derecha, que están convencidos que les va a expropiar. Trabajar con ellos y atraer al empresariado a su gran Acuerdo Nacional es una tarea urgente. Financiar sus propuestas depende en parte de una reforma fiscal de fondo que está pendiente y requiere ser concertada para que sea exitosa y bien recibida.
Garantizar gobernabilidad es otro desafío: aunque Petro tiene una bancada sustancial en el Congreso, no es mayoritaria, y se verá abocado a tejer alianzas con otros partidos (alternativos y tradicionales) para hacer realidad sus promesas de campaña. Esto necesariamente supondrá negociaciones políticas que, seguramente, moderará sus propuestas.
Petro llega a la Presidencia con el apoyo de y gracias al trabajo de una alianza política que articula movimientos sociales y de base (que incluye a la vicepresidenta y su movimiento), los cuales a buen seguro que esperan desempeñar un rol importante. En esto es diferente a otros presidentes colombianos recientes. Estos movimientos sociales serán en sí mismos motor, pero también frenos y agentes de rendición de cuentas de su gestión. Manejar las altísimas expectativas de estos movimientos y de quienes los apoyan mientras negocia con la clase política (sin la cual no puede gobernar) no será una tarea menor.
El Gobierno de Petro se enfrentará también a un país en doble crisis: económica y política. Aunque la economía se está recuperando tras la crisis pandémica, el Ejecutivo saliente de Iván Duque deja un panorama complejo en otros aspectos. Duque, militante del partido derechista Centro Democrático, sale con bajísimos niveles de aprobación, con una situación crítica de seguridad en muchas zonas del país, habiendo debilitado los contrapesos institucionales y desoyendo el descontento evidente tras tres años de movilizaciones (2019-2021). Su pobre gestión ha facilitado la victoria de Petro, así que hoy por hoy la ciudadanía, más allá de los votantes del Pacto Histórico, está hastiada respecto al sistema político. En estas condiciones otros líderes han recurrido a la salida fácil, aunque costosa, de ampliar sus poderes, saltarse los contrapesos y debilitar la democracia. El fantasma del autoritarismo latente en Petro, y también en Hernández, rondó toda la campaña. Canalizar el descontento ciudadano, respetando y protegiendo las reglas del juego democrático, es otra misión del nuevo Gobierno.
La democracia colombiana es una de las más longevas del continente americano:
por debajo de esa estabilidad laten un conflicto armado y grandes deudas en términos de inclusión (social y política) y de participación para muchos sectores de la población. Con la alternancia hacia un gobierno de izquierda, el país avanza hacia una nueva etapa que asusta a muchos, pero que si termina bien puede fortalecerlo institucionalmente.
Al concretarse esta victoria para la izquierda colombiana, Petro se enfrenta ahora al inmenso peso histórico de esta coyuntura. El presidente electo ha logrado este hito después de un trabajo de décadas: es un político de carrera, con una trayectoria que incluye haber sido concejal municipal, congresista, alcalde de Bogotá, varias veces candidato y ahora, presidente. En el camino también se ha granjeado la enemistad de una porción sustancial del país que no confía en él. Ahora tiene la oportunidad que tanto ha buscado de demostrarles a estos últimos que se equivocan.