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El conflicto histórico entre el pueblo mapuche y el Estado chileno

Para comprender el momento actual, hay que recordar que hace siglos que el pueblo mapuche ha luchado por mantener su autonomía frente el establecimiento y expansión de los asentamientos europeos y chilenos en sus territorios ancestrales. La Corona Española no logró conquistar a la nación mapuche, sino que negoció un periodo de paz en el Parlamento de Quilín de 1641, estableciendo el Río Biobío como frontera entre los dos pueblos. No obstante, en el siglo XIX, ignorando las relaciones establecidas con la Corona Española, el Estado chileno inició un proceso bélico de despojo, colonización y empobrecimiento conocido por éste como la pacificación de la Araucanía y como la ocupación por parte de los mapuches.  En 1883, la Araucanía fue incorporada al territorio chileno.
  
Durante el siglo pasado, el pueblo mapuche siguió distintas estrategias, incluyendo la colaboración con algunos partidos políticos y logrando recuperar algunos de sus territorios durante la Reforma Agraria. Sin embargo, afrontó retrocesos durante la dictadura y especialmente con la implantación del modelo neoliberal, que abrió sus territorios a la inversión extranjera. Desde entonces, los mapuches siguen resistiéndose al uso y usufructo de la tierra por parte del sector privado, cuyas actividades degradan el suelo y los ríos. Perciben que el Estado chileno protege a las grandes empresas frente a las comunidades indígenas.
    

Promesas incumplidas en democracia

Desde el fin de la dictadura, los dirigentes de los pueblos indígenas han buscado el reconocimiento como pueblos existentes antes del establecimiento del Estado chileno. En diciembre de 1989, firmaron el Acuerdo de Nuevo Imperial con el entonces candidato presidencial Patricio Aylwin, que se comprometió a avanzar hacia el reconocimiento de sus derechos colectivos. No obstante, no hubo cambios significativos tras casi 30 años de políticas multiculturales. De hecho, el mantenimiento de las políticas neoliberales, el no reconocimiento de sus demandas históricas, la criminalización de la demanda de autodeterminación del movimiento mapuche y la presencia militar han agudizado la desconfianza y las diferencias.



De esta forma, los pueblos originarios han formulado diversas estrategias de resistencia política y jurídica frente a los ataques contra su derecho a la libre determinación. Además, ha aumentado el cuestionamiento de la neutralidad del Estado chileno, en especial después del caso emblemático de la muerte del joven Matías Catrileo por parte de un carabinero el 3 de enero de 2008. Se esperaba que la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo en 2008 podía contribuir a mejorar la relación mapuche-chilena, pero no se ha suavizado la discriminación hacia las personas indígenas ni tampoco se ha rebajado la conflictividad. Hoy en día, las y los convencionales indígenas han estado trabajando para que la nueva Constitución garantice sus derechos individuales y colectivos, pero los movimientos autonomistas prefieran recuperar sus territorios por encima de las  luchas institucionales (Llaitul, 2016).

La sensación de impunidad

El uso del término de violencia rural para describir acciones de recuperación territorial genera la sensación de inseguridad e impunidad, ignora el reconocimiento internacional de los derechos de pueblos indígenas y mantiene la idea de Chile como una comunidad política nacional, pero no plurinacional. Frente a estos actos violentos, se exige que el Estado garantice su seguridad y el Estado de derecho.

La cobertura mediática refuerza esta interpretación, invisibilizando las voces mapuche e insistiendo en la inseguridad y la violencia. Así, a lo largo de más de 20 años se ha ido construyendo un imaginario de que los agresores son algunos mapuches. De hecho, en el Informe de Derechos Humanos de 2017 se infiere que "más de la mitad de la población sitúa a los indígenas como responsables, total o parcialmente, de las situaciones violentas que experimentan, percepción que se agudiza en los segmentos socioeconómicos altos y medios, así como en las zonas norte y sur del país" (página 29).

La construcción mediática también consolida la percepción de su culpabilidad antes de iniciar el juicio y genera una sensación de impunidad cuando no hay suficiente evidencia contra las personas acusadas. Es llamativo que ignoren la condena internacional de aplicación selectiva de la Ley Antiterrorista contra los miembros del pueblo mapuche del 'caso Norin Catriman y otros vs Chile'.
 

El camino es la autonomía

Desde la perspectiva de los movimientos mapuche, el conflicto proviene de la acción de castigo, allanamiento, control y vigilancia de las comunidades por parte del Estado desde hace casi 25 años. Se minimiza su uso de la violencia porque estarían ejerciendo su soberanía sobre su propio territorio usurpado y resistiendo la violencia estatal. Ya no reconocen la legitimidad de la ley chilena por ser "racista, discriminadora y xenófoba hacia los mapuche". Como no se confía en el Estado, no se busca negociación ni mesas de diálogo, sino que exigen a éste que reconozca su autonomía. Se sienten seguros de que su lucha por el territorio los vincula a las generaciones anteriores y del futuro. En este contexto, seguir caracterizando la lucha por la autonomía como delincuencia común profundizará seguramente la conflictividad.