La crisis del precio de la energía que comenzó con el aumento de los precios del gas y la electricidad en 2021 se ha convertido en una crisis de seguridad del suministro de combustibles fósiles tras la invasión rusa de Ucrania. Las crisis combinadas de precios y seguridad agregan urgencia a la crisis climática, que hasta la fecha ha sido el principal motivador de la transición energética. La situación actual es una llamada de atención que puede y debe acelerar esta transición.

La transición energética significa que cantidades mucho mayores de generación y consumo de energía eléctrica reemplazarán la producción y el consumo de combustibles fósiles. Para evitar posibles problemas futuros relacionados con la confiabilidad del suministro de esa energía eléctrica, será necesario pensar en profundidad en un rediseño de los mercados eléctricos actuales. Necesitaremos esto para atraer la inversión requerida del sector privado en generación de energías renovables, tecnologías de almacenamiento de energía, nuevos equipos de gestión y consumo de energía, y otras tecnologías. Mientras tanto, es importante evitar decisiones que retrasen la transición energética o aumenten sus costes.

Las crisis

Desde el primer trimestre de 2021, los precios mundiales de la energía han estado aumentando, especialmente en Europa, donde los precios mayoristas spot del gas natural se han multiplicado por seis. Eso ha llevado a un encarecimiento similar en los precios mayoristas spot de la electricidad porque el gas natural es frecuentemente la fuente marginal que fija los precios en estos mercados eléctricos. El aumento en los precios del gas y de la electricidad han sido sin precedentes.

La invasión rusa de Ucrania y la guerra introdujeron una nueva dimensión a la crisis: a saber, la de la inseguridad geopolítica del suministro de combustibles fósiles. La UE declaró su intención de poner fin a la dependencia de la UE con respecto a los combustibles fósiles rusos y empezó de buscar alternativas. Rusia comenzó a cortar el suministro de gas natural a varios países de la UE, lo que exacerbó aún más las preocupaciones sobre la seguridad del suministro, especialmente de gas natural.

Política energética y transición

Por un lado, estas crisis han cambiado la política energética de la UE. De los objetivos del trilema energético (de sostenibilidad, seguridad de suministro y asequibilidad de la energía), el incremento del precio y la falta de seguridad han llevado a que se preste más atención a solventar estos dos problemas y menos a la sostenibilidad medioambiental (clima). Esto implica un desvío en el camino hacia lograr emisiones netas cero porque aumentan las emisiones (p.ej. el carbón reemplaza al gas) y los gobiernos gastan sus recursos para hacer frente a los otros dos objetivos.

Por otro lado, el nuevo énfasis en la seguridad confirma un beneficio subestimado de la transición energética y ofrece una oportunidad para justificar su aceleración. La guerra debiera ser una llamada de atención sobre la inseguridad que conlleva la dependencia de los combustibles fósiles. La forma de crear una unidad de propósito en apoyo de la transición energética es enfatizar que es la única estrategia de seguridad energética factible para la UE. La preocupación por el tema de la seguridad puede ayudar a ganar el apoyo de las fuerzas militares y los servicios de  inteligencia a favor de la transición energética y puede ayudar a justificar los costes de realizarla.

Es importante señalar que esta crisis se viene gestando desde hace algún tiempo. Arabia Saudita, Irán, Venezuela y otros miembros de la OPEP, junto con Rusia y los 'frackers' estadounidenses y sus bancos, manejan los recursos para maximizar la rentabilidad, lo que implica restringir la oferta. Además, las principales compañías de petróleo y gas son reacias a invertir fuertemente en exploración y producción, que podrían no comenzar a producir hasta que las restricciones de CO2/metano sean vinculantes. Las estrategias miopes (por ejemplo, Nord Stream 1 y 2) con Rusia son otra razón por la que esta crisis ha golpeado tan fuertemente.

REPowerEU ofrece varias medidas para reducir la dependencia de Rusia y de los combustibles fósiles en general; pero las medidas más importantes para  la descarbonización del sistema energético tienen que ver con la penetración de las energías renovables en el sector eléctrico, la electrificación de la demanda y el desarrollo de gas descarbonizado, en particular hidrógeno verde. El desafío será adoptar políticas que faciliten y puedan acelerar la transición energética, en particular enfocada en el sector eléctrico.

Los mercados y la intervención del gobierno

Los gobiernos tendrán un papel fundamental en la transición, incluyendo la planificación, el desarrollo de redes de diferentes energías (electricidad y hidrógeno), el apoyo a la inversión en nuevas tecnologías, la defensa de la competencia, la protección del consumidor vulnerable y una transición justa. 

Para facilitar la transición al sistema eléctrico del futuro, hay dos cuestiones que merecen mayor atención de los gobiernos: acordar un nuevo diseño de mercado que garantice la seguridad del suministro eléctrico 'descarbonizado'; y evitar intervenciones en el sector eléctrico que elevarán el coste de la transición.

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Con respecto al diseño del mercado eléctrico, estamos reemplazando la seguridad del suministro de energía de combustibles fósiles por la  basada en el suministro de electricidad renovable. Esto requiere inversiones masivas en energía renovable, principalmente solar y eólica. Sin embargo, debido a que estas energías son intermitentes, el sistema también requiere inversiones en recursos energéticos flexibles para: (1) suministrar otra energía o reducir la demanda cuando las energías renovables no están generando; y (2) almacenar energía o aumentar la demanda cuando las energías renovables exceden aquélla. En el sistema eléctrico actual español, la generación hidroeléctrica y de combustibles fósiles proporciona casi toda la flexibilidad necesaria, desde una respuesta rápida durante un período breve hasta una respuesta más lenta durante un período mucho más largo (semanas o incluso temporadas). En el nuevo sistema eléctrico descarbonizado, la flexibilidad provendrá en parte de los recursos tradicionales, en particular la hidroeléctrica, pero cada vez más de nuevos recursos, incluido el almacenamiento en baterías, la energía solar concentrada, las redes inteligentes y la flexibilidad de la  demanda. Una característica clave del nuevo sistema será el alto nivel de descentralización de estos recursos, muchos de los cuales estarán detrás de los medidores de los consumidores, haciendo especialmente importante la flexibilidad de la demanda.

El diseño de mercados que incentivarán inversiones y operaciones eficientes en este nuevo sistema es crítico y complejo. Sin embargo, una cosa está clara para la mayoría de los expertos, a saber, que el mercado actual no es adecuado. Como mínimo, necesitará importantes reformas incrementales, pero más probablemente muy sustanciales, para abordar los siguientes desafíos: (1) recuperar los costes de inversión fijos cuando la mayor parte de la generación tiene costes marginales de corto plazo cero, que puede llevar a precios 'spot' demasiado bajos para financiar la inversión; (2) garantizar la seguridad del suministro cuando la mayor parte de la generación es intermitente; y (3) respaldar la creciente participación de los consumidores y sus representantes en la provisión de recursos energéticos y flexibilidad. La construcción de los mercados del futuro debe comenzar pronto porque los inversores de hoy quieren claridad con respecto a lo que determinará sus ingresos durante los próximos 15 a 25 años.

Mientras tanto, es muy importante no introducir políticas que puedan ralentizar la transición o aumentar los costes. Dos ejemplos sirven para aclarar este punto: primero, los gobiernos obviamente deben intervenir para proteger a los consumidores más vulnerables. Sin embargo, algunas intervenciónes de los gobiernos son problemáticas, porque distorsionan las señales de precio. Los mercados de electricidad actualmente envían información no deseada, pero importante. Los altos precios transmiten el mensaje de que los consumidores deben reducir la demanda, lo que conducirá a precios más bajos para todos, una reducción en emisiones de CO2 y menos ingresos para Rusia y otros proveedores de gas. Los gobiernos tienen muchas otras herramientas a su disposición para ayudar a los consumidores más vulnerables; por ejemplo, transferencias financieras que no distorsionan las señales de precios. Deben usar las herramientas con cuidado, resistiendo la tentación política a corto plazo de bajar los precios. Deben tener especial cuidado de no extender el alivio a los consumidores que no son vulnerables, por ejemplo, mediante la reducción del IVA en las ventas de electricidad.



Un segundo ejemplo está relacionado con la inversión. Por supuesto, los gobiernos deben intervenir para apoyar la inversión, especialmente en tecnologías que aún no son económicas. Sin embargo, deben asegurarse de que los mercados estén diseñados para alentar la competencia de los inversores privados en tecnologías económicamente viables, reduciendo así los costes de los sistemas y los precios finales. Ese objetivo se ve socavado cuando los gobiernos intervienen de una manera que crea o refuerza la percepción de riesgo político por parte de los inversores. Limitar los precios no sólo introduce distorsiones del lado del consumidor, sino que es una forma segura de poner nerviosos a los inversores, lo que les lleva a exigir una mayor rentabilidad para compensar el riesgo político. Esto eleva los costes de la transición.

Conclusión

La crisis actual ha reforzado la necesidad de una transición energética que se aleje de los combustibles fósiles. Sin embargo, el nuevo sistema eléctrico descarbonizado y descentralizado plantea sus propios desafíos de seguridad de suministro. Se necesitan nuevos diseños de mercado para abordar esos desafíos e incentivar la combinación adecuada de inversiones. Además, mientras protegen a los consumidores más vulnerables, los gobiernos deben evitar intervenciones a corto plazo que debiliten el incentivo para que los consumidores reduzcan la demanda y que refuercen las percepciones de los inversores sobre el riesgo político.