Funcionaria: una palabra tan utilizada que a veces aparece despojada de su significado (a menudo injustamente). Cualquier ocasión es buena para reivindicarla, aunque sea recordando una obviedad: los funcionarios son los delegados de todos los ciudadanos, mediante el más fascinante y sofisticado pacto social: el sistema fiscal, por el que acuerdan aportar unos recursos y confiar a esos servidores públicos, organizados en instituciones, su redistribución conforme a ciertos criterios y objetivos acordados en las urnas, que les garanticen unos servicios públicos clave, equitativos y justos: sanidad, educación, protección social, justicia, seguridad… y tantos otros.
De esta idea parte una vocación. Una vocación que va creciendo a medida que se ejerce el servicio público. Ése ha sido mi caso y creo que el de muchos otros que apuestan por el valor de lo público para crear sociedades más justas e inclusivas; por depositar confianza en el poder de las instituciones y del Estado para responder a ese mandato de los ciudadanos.
Comencé mi carrera como funcionaria en Zaragoza en 1987 impulsando proyectos de desarrollo regional. Unos años después tuve la inquietud de abrir mi mirada al mundo y dirigí las oficinas de cooperación española en varios países como República Dominicana, Filipinas, Guatemala o Vietnam. Hace ya 13 años que pude aunar mi dos vocaciones (el servicio público y la cooperación internacional) entrando a trabajar en la Fiiapp, el brazo de la cooperación española especializado en la cooperación entre instituciones públicas de diferentes países.
Hoy, 23 de junio, Día Internacional para la Administración Pública, podríamos llenar ríos de tinta sacando a relucir todo lo que los sistemas públicos europeos han conseguido durante la pandemia, tanto a nivel sanitario como de protección social. Gracias al compromiso de nuestros empleados públicos y a la fortaleza de nuestros estados, el impacto socioeconómico de la pandemia ha quedado mitigado y la vacunación ha sido masiva en muy poco tiempo.
Pero todo esto ya lo sabemos, y este 23 de junio me gustaría proponer un ángulo diferente para celebrar la administración pública: nuestras instituciones son tesoros para la cooperación internacional. Nuestro acervo (español y europeo) de leyes, normas, instituciones y sistemas públicos en general, es uno de las mayores contribuciones que podemos hacer al mundo. Nuestro saber hacer público es un gran valor para acelerar hacia la Agenda 2030 y un activo diferencial en nuestra acción exterior.
Solo en España, más de 700 profesionales de 130 instituciones se involucran cada año en proyectos de cooperación internacional en 128 países. Es el talento público de nuestras administraciones que podemos compartir con el mundo. Ya lo hacemos en materia de clima, justicia, seguridad, igualdad, comercio, digitalización y muchos más; y el repaso a los logros ya conseguidos nos da una idea de la potencialidad de este tipo de cooperación para mejorar las políticas y los sistemas públicos de países socios. Por no mencionar su retorno: la riqueza que vuelve a nuestros funcionarios e instituciones al conocer otras prácticas y modelos de otros países, en ocasiones más innovadores.
Quiero reivindicar esta función de las instituciones y funcionarios y funcionarias españoles. Merece un mayor impulso, más facilidades para que nuestras administraciones puedan abrirse, un poco más, al exterior y contribuir al desarrollo de otros países.
Por el valor de público, desde lo público.
