Tras dos semanas ininterrumpidas de movilización y una espiral de desprecio y violencia estatal sobre los/as manifestantes, lo que parecía una acotada demostración indígena en torno a 10 reivindicaciones ha tomado la forma de una rebelión popular en la que heterogéneos actores han convergido en la demanda de destitución presidencial. Sin que la dirigencia indígena desista de obtener respuestas gubernamentales tangibles, en calles, plazas y redes la consigna 'fuera Lasso' hace causa común entre organizaciones y ciudadanía. El presidente niega reconocimiento político a unos y otros. Incluso sus mínimas concesiones son enunciadas en lenguaje de guerra. La sensación de agravio colectivo se expande y se imbrica con diversas capas de malestar por la sostenida precarización de las condiciones de vida en el marco de una austeridad draconiana impuesta desde 2018 y profundizada tras la elección de Lasso en 2021.

Las violencias contra el paro nacional multiplican entonces las acciones contenciosas. La crisis política no conoce fondo. Los partidos se ven impelidos a conectarse con la movilización y activan (por primera vez desde la aprobación de la vigente Constitución en 2008) el mecanismo de la muerte cruzada. Esta figura permite destituir al presidente, disuelve la Asamblea y convoca a elecciones generales inmediatas. Tres días transcurren entre dicha activación (25/6) y la votación en el Pleno (28/6). En el interín, sucesivos intentos de diálogo entre el Gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se ven abortados por el nulo compromiso presidencial con la gestión democrática del conflicto. Se impone la voz de su frente militar-policial. Desconfiado del juego parlamentario, pero presionado por sus bases, Leonidas Iza, líder de Conaie y referente del paro, levanta la bandera de la destitución sin desmovilizar e invocando, al tiempo, el diálogo con el Ejecutivo. Aunque Lasso salva la censura (la oposición obtuvo 80 de los 92 votos requeridos), su gobernabilidad queda pulverizada y la protesta no se repliega. Mientras la Asamblea votaba en la noche del 28, la represión continúa.

La conflictividad previa

La Conaie y los sindicatos convocaron a la movilización a finales de octubre de 2021. Demandaban la derogación del sistema de bandas para el precio de los combustibles, la regulación de precios de los productos agrícolas y la reducción de las tasas de interés bancarias. Las manifestaciones del 26 de octubre no tuvieron mayor eco. Dos días más tarde, Conaie suspendía acciones ante el viaje de Lasso a la cumbre climática de Glasgow. El anuncio de diálogo para el 10 de noviembre explicaba también la suspensión.

En todo caso, el escaso músculo de la protesta no estaba desconectado de las tensiones en el espacio indígena; en particular, la puja entre la organización madre y el brazo electoral del movimiento, Pachakutik. Éste había alcanzado un histórico resultado en las elecciones de 2021 (la segunda minoría parlamentaria) y, en el marco de un acuerdo con el oficialismo, alcanzó la Presidencia del Legislativo. El brazo se autonomizaba de Conaie. Con este escenario, el año pasado cerró como el de menor conflictividad desde el giro neoliberal de Lenin Moreno (2017) y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (2019). En este ciclo, sin embargo, el repunte del conflicto es nítido. Incluso en año de pandemia y confinamiento (2020), la conflictividad superó las tendencias del cuatrienio previo, último mandato de Correa.
 

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Entre el reacomodo de fuerzas en el movimiento indígena, la fractura del campo popular por la confrontación entre dicho movimiento y la Revolución Ciudadana (RC) del ex presidente Correa, y la desconexión entre conflictividad social y representación política (RC también ha colaborado con el oficialismo), poco hacía prever que una nueva paralización convocada por Conaie para el 13 de junio pasado pudiera desembocar en un levantamiento de mayor envergadura que el de octubre de 2019. Aunque el acelerado desgaste gubernamental favorecía un clima de impugnación, es en la propia dinámica del conflicto donde deben situarse las razones de su escalamiento y la bifurcación de sus propósitos. Dicho de otro modo: el paro nacional conducido por el movimiento indígena y, en particular, su procesamiento autoritario por parte del régimen, transformaron la antipatía ciudadana hacia Lasso en una movilización de masas que ya no exige, únicamente, reconducir la agenda pública, sino la salida del presidente.
 

Terror y resistencia

Aunque Iza lanzó el llamado a paro nacional en soledad, las 10 demandas de Conaie sintonizan con las necesidades generales. Sólo una reivindicación (el respeto a derechos colectivos) concierne específicamente a pueblos y nacionalidades; otras dos tocan demandas campesinas (precios justos para los productos del campo) y de pequeños/medianos productores (renegociar deudas y moratorias); una más retoma la moratoria de la frontera extractiva; la plataforma anti-neoliberal se asienta en tres puntos: frenar la precarización laboral, detener las privatizaciones y retomar la inversión pública en salud y educación. La (inédita) referencia a la seguridad ciudadana reacciona a la imparable ola de violencia, narcotráfico y crimen que soporta el país; y, finalmente, la demanda por el control de los precios de productos de primera necesidad y la que reclama la reducción de la tarifa de los combustibles (junto con focalización para sectores vulnerables) aparecen como cuestiones capilares para la economía popular.

La liberalización del precio de los combustibles ha impactado, en especial, en el encarecimiento de la vida. Algunos argumentan que el decálogo de Cmaie es una agenda de gobierno pero parecería, más bien, un conjunto de políticas para soportar la turbulenta crisis social. Como fuere, se trata de una plataforma popular, y no solo étnica, que ha ido progresivamente convocando a las calles a actores heterogéneos.
  Aun así, el seguimiento masivo del paro y la efectiva implicación indígena y popular en las movilizaciones sólo se asentó cuando el Gobierno ordenó la detención de Leonidas Iza tras el primer día de acciones, acusado de paralizar los servicios públicos. La arbitrariedad de la medida (durante unas  horas, su paradero fue desconocido) extendió la solidaridad con el movimiento y radicalizó a las bases indígenas. Sin imaginarlo, Iza cohesionaba rápidamente a los suyos. La decisión de llevar la movilización a Quito aceleró las respuestas de fuerza del régimen. El 17 de junio, en efecto, Lasso decretó el estado de excepción en tres provincias (tres días después, lo extendió a cinco) y ordenó la ocupación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, espacio autónomo que históricamente ha albergado al movimiento en la capital. En pura lógica militar, se procuraba así dificultar las condiciones logísticas de reproducción (pernoctar, comer, reunirse) de las personas movilizadas mientras estuvieran fuera de sus comunidades. La última vez que la Casa de la Cultura había sido tomada por el Estado había sido hace 42 años, en dictadura.

El cuadro se completaría con el asedio policial a las universidades, que también estaban funcionando como casas de acogida de los pueblos. Artistas, estudiantes, activistas, mujeres y disidencias, defensores de los derechos humanos, barrios, transportistas, ciudadanía no organizada, etc., se sumaron al paro, defendían tales espacios e impugnaban el autoritarismo gubernamental. 

En medio de la llegada de las organizaciones indígenas a la capital y del agravamiento de la represión (tanto en grandes concentraciones, como en pequeñas movilizaciones barriales o comunales pacíficas), Lasso elevó el tono y negó toda legitimidad al conflicto. Tildó a los manifestantes de "violentos", "delincuentes", "terroristas", "manipulados o engañados"... mientras amenazaba con la persecución y la judicialización. Puso en duda las reivindicaciones de los manifestantes ("no hay detonantes para la movilización") y las presentó como una excusa para el golpismo.



En los últimos días, además, despreció a Iza como interlocutor y sugirió un by-pass a la Conaie para negociar directamente con los diversos pueblos y nacionalidades; en todo momento, invocando la violencia estatal y abandonando cualquier intento de persuadir a la sociedad de las virtudes de su proyecto político. El recurso al terror se ha vuelto sistemático.

En 16 días del paro, y aunque ha respondido insuficientemente a algunas de las demandas, no ha tenido ni un solo gesto de respeto democrático hacia sus adversarios. Haberlos tenido habría significado distanciarse de su radicalizada base social, que ya había organizado el 24 de junio una no despreciable contra-marcha en defensa de "la paz" y contra la presencia indígena en "su ciudad". Este prisma racista y clasista de la marcha había sido alimentado y tolerado desde la cima del poder. Están registrados ataques civiles, con armas de fuego, contra el paro. Estas clases medias y altas, blancas y residentes en Quito, esbozan un visceral anti-izquierdismo/progresismo que en su momento se volcó contra Correa y ahora choca contra Iza, con puntos de contacto con los circuitos activistas de Bolsonaro. Al cierre de su movilización, y tras las inumerables denuncias por la represión de esa jornada, saludaron la actuación policial. Similares expresiones se han multiplicado en estos días.

El cemento de la identidad colectiva indígena parece reforzarse en este entorno: "No confundan la humildad con humillación. No hemos venido a ser humillados por nadie", dijo Iza al referirse a estos episodios.

Aunque la inclinación autoritaria de Lasso venía configurándose desde tiempo atrás, en un entorno de radicalización de la derecha tras su captura del poder estatal en tiempos de Lenín Moreno, su proceder contra el paro nacional ha desvanecido cualquier huella democrática de su gestión. La degradación del conflicto lleva su nombre. La escalada de la protesta  y su conversión en una dinámica destituyente fueron provocadas por la inmutable negativa presidencial a reconocer la legitimidad de las reivindicaciones populares. Y sin ese reconocimiento, la política se obtura y predomina la violencia. Así ha sido.

Sólo la enorme capacidad de resistencia del movimiento indígena, con base en la cercanía entre sus bases y dirigencia (un denso circuito organizativo y redes de solidaridad y cuidado en Quito y a nivel nacional e internacional) ha logrado contener la arremetida estatal. La apuesta autoritaria, sin embargo, puede redoblarse tras el rechazo de la muerte cruzada en la Asamblea. Después de todo, tras dos grandes estallidos populares (2019 y 2022) y un presidente devaluado, el proyecto de las élites no parece tener espacio democrático en la sociedad. Lasso deberá escoger entre neoliberalismo o democracia. El desenlace del paro nacional 2022 ayudará a dirimir el trayecto.