Por primera vez desde que comenzó la pandemia en España disponemos de datos oficiales de renta que tienen en cuenta el impacto de la Covid-19 en los hogares españoles. La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado las peores estimaciones de los dos últimos años: el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado y ya se sitúa en el 27,8%, la tasa más alta desde 2016.
De los tres criterios que componen este indicador (riesgo de pobreza, baja intensidad en el empleo y carencia material severa), los dos primeros recogen por primera vez los efectos de la pandemia, ya que hacen referencia al año anterior a la entrevista. Recordemos que la ECV del año 2021 se ha publicado en 2022 y, por tanto, estos datos corresponden a 2020.
Por su parte, la carencia material y social severa se encuentra en el 8,3%. Esto quiere decir que, en nuestro país hay más de 1,5 millones de hogares en los que sus miembros no pueden permitirse cuestiones tan básicas como disponer de una lavadora, comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días, afrontar gastos imprevistos o tener al menos una semana de vacaciones al año.
A todo ello se suma otra cifra, también publicada por el INE en los últimos días: el índice de precios al consumo (IPC) continúa subiendo, y la variación anual se ha situado en el mes de junio en el 10,2%, el dato más elevado desde 1985. Los efectos de la pandemia o la guerra de Ucrania se traducen en que cada vez hay más hogares en pobreza y cada vez es más caro llenar la cesta de la compra. Recordemos que la inflación es significativamente más alta para los hogares con menos recursos, como señaló un reciente estudio de EsadeEcPol.
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Los datos también revelan que la pobreza tiene rostro de mujer. Aproximadamente ocho de cada 10 hogares monoparentales están encabezados por una mujer y su tasa de pobreza y exclusión es casi el doble de la de aquellos hogares compuestos por dos personas adultas con menores a cargo. La falta de oportunidades de empleo, la brecha salarial o las dificultades para conciliar condicionan negativamente a estas familias.
No obstante, la infancia vuelve a ser, sin duda, la más damnificada tras la pandemia. Como en cada crisis, este colectivo se ha visto enormemente afectado, en gran medida por la pérdida de empleo e ingresos en sus hogares y la falta de políticas públicas efectivas: el riesgo de pobreza o exclusión social entre los menores de edad ya se encuentra en el 33,4%, afectando a más de 2,7 millones de niños y niñas. España continúa siendo líder de la UE en pobreza infantil, sólo por detrás de Rumanía y Bulgaria.
Para que esta lacra social no se herede, ciudadanía y organizaciones sociales llevan años trabajando en programas de choque y pidiendo al Ejecutivo y a los decisores públicos más inversión para romper con el círculo de la pobreza. España sólo destina un 1,3% del PIB a políticas de infancia cuando el promedio de los países de la UE es del 2,3%.
Pese al recién aprobado complemento de ayuda para la infancia, dentro del Ingreso Mínimo Vital (IMV), de entre 50 y 100 euros mensuales, España continúa a la cola en adoptar medidas eficaces para poner solución a un problema creciente, que afecta directamente al futuro de nuestra sociedad: la infancia.
Además, debemos poner sobre la mesa la importancia de disponer de datos oficiales con mayor rapidez, para poder tener capacidad de reacción y tomar decisiones de política económica basadas en la evidencia. Frente a una de las crisis de mayor calado económico y social de la última década, hemos tardado dos años en disponer de cifras que ayuden a dimensionar la brecha existente y que afecta a los hogares más vulnerables.
En este tiempo, han sido algunos estudios académicos, encuestas y datos de empresas privadas los que, junto a los datos administrativos de renta o mercado de trabajo, han contribuido a generar evidencias. Ejemplo de ello es el reciente estudio de Mónica Martínez Bravo y Carlos Sanz (publicado por el Banco de España) sobre el aumento de la desigualdad y la salud mental tras la pandemia, o el 'Monitor de Desigualdad' desarrollado por la Universitat Pompeu Fabra, el Institute of Political Economy and Governance y CaixaBank Research.
Ahora que tenemos los datos que confirman la evidencia, es el momento de continuar avanzando en las soluciones. El próximo gran hito de los próximos meses será incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) políticas efectivas y transversales que mejoren la vida de la infancia en pobreza.
Políticas como las transferencias de renta, la educación infantil, los programas de refuerzo educativo o los 'care and family services' son efectivas para luchar contra la pobreza infantil, aunque no son los únicos ejemplos. Como apuntaba el último informe de la organización de infancia Educo,
'Comedor escolar universal y gratuito: un objetivo alcanzable y urgente', una medida coste-efectiva podría ser la implantación del comedor escolar universal: no sólo cubriría una de las necesidades más básicas y urgentes de la infancia en pobreza en España, como es la alimentación, sino que tendría un gran retorno en el largo plazo en términos educativos, de empleo e igualdad de oportunidades.
Que toda la infancia tenga acceso al comedor escolar en la educación primaria en España implicaría una financiación anual de 1.664 millones de euros, un 0,13% del PIB, según Educo. En estos momentos, esta ayuda sólo cubre al 11% del alumnado, una cifra insuficiente si la comparamos con las tasas de pobreza actuales. En otros países de nuestro entorno, como Finlandia, Estonia o Suecia ya han apostado por la universalidad del comedor escolar, lo que nos permite extraer evidencia sobre los efectos de este programa en el largo plazo: gracias a la implantación de esta medida en Suecia, se ha descubierto que los niños y las niñas con acceso al comedor escolar durante toda la educación primaria aumentaron sus ingresos en un 3% durante su vida laboral frente a la infancia sin acceso.
Necesitamos escuchar a aquellas entidades que llevan años implementando programas eficaces de lucha contra la pobreza, pero también a las personas expertas y académicas que han extraído las mejores prácticas de otros países de nuestro entorno. Debemos enfrentarnos a la dura realidad que supone tener a uno de cada tres niños y niñas en pobreza y entender que, con las políticas actuales, tardarán hasta cuatro generaciones en alcanzar el nivel de ingresos medio. ¿Queremos un país de adultos pobres?
