Parece que el programa económico de la derecha española se reduce fundamentalmente a bajar los impuestos. Esta propuesta, que sus líderes reiteran una y otra vez, sólo tendría sentido si fueran excesivos para abordar las necesidades de financiación del Estado o si generasen efectos adversos sobre variables relevantes para lograr una economía más eficiente y justa (superado el espejismo de la curva de Laffer, se descarta por sí sola la propuesta de bajar los impuestos para elevar la recaudación fiscal).
 
Voy a empezar por discutir este segundo aspecto. Concretamente, a preguntarme si impuestos más altos desincentivan las decisiones para conseguir una mayor productividad o, también, si reducen la movilidad social. Una productividad elevada y un alto grado de movilidad social son características deseables de una economía eficiente y justa. El análisis microeconómico (de equilibrio parcial) puede producir resultados en la dirección de que los impuestos desincentiven decisiones relevantes. Pero, o bien esos efectos son débiles, o bien existen otros factores (que las propuestas de la derecha no abordan) más relevantes en la determinación de las dos variables citadas; probablemente las dos cosas. Porque en los datos macroeconómicos de los países europeos vemos que muchos de los que tienen una presión fiscal más elevada están en los puestos de cabeza en el 'ranking' de la productividad/hora Según los datos del Conference Board para 2019. Efectivamente, Noruega, Dinamarca, Francia, Bélgica y Alemania están entre los países europeos con presión fiscal más elevada y se encuentran en el grupo de cabeza en productividad hora (según los datos del Conference Board para 2019).

Respecto a la movilidad social, Wilkinson y Pickett (2009) encuentran que los países con mayor movilidad social son Dinamarca, Noruega y Finlandia (junto a Canadá); países, los europeos, con presión fiscal alta, por encima del 42%. En los tres se pasa a los hijos menos del 20% de las ventajas de tener unos padres de altos ingresos.
 
Por otra parte, en los países, como España, donde que la curva del Gran Gatsby está presente (es decir, que una mayor desigualdad reduce la movilidad), las políticas fiscales redistributivas (combinación de impuestos y subvenciones) pueden tener un impacto positivo sobre la movilidad social al reducir la desigualdad, a pesar de elevar la presión fiscal. 

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Por tanto, la evidencia de los efectos de los impuestos sobre la productividad y sobre la movilidad social no parece justificar la propuesta programática de la derecha española.
 
Tampoco se puede justificar por sí misma sin una consideración sobre las necesidades de financiación del Estado, que en España son relativamente grandes: el Estado, además de garantizar un sistema de pensiones de reparto, en un contexto de envejecimiento de la población, debería proveer de educación y sanidad a todos los ciudadanos, pues ello contribuye a mejorar el capital humano de la sociedad y a reducir la desigualdad. Junto a los gastos de funcionamiento de las administraciones públicas, los tres grandes capítulos de gasto social (pensiones, educación y sanidad) determinan el grueso de las necesidades de financiación. Habrá que añadir las necesarias para financiar la inversión en infraestructuras (físicas, intangibles y científicas) y las distintas políticas públicas, las de sostenimiento de rentas, como las que comentaremos más abajo, las de apoyo a los que se encuentran en riesgo de exclusión social y laboral y las de apoyo a los que ponen de manifiesto su disposición para emprender e innovar.

Pero ¡ojo!, no es suficiente enunciar esas necesidades y proclamar la conveniencia de que el sector público las emprenda, como hace la izquierda en nuestro país. Todos estos programas tienen que ser diseñados con esmero y transparencia, ejecutados por profesionales con autonomía de los poderes políticos y evaluados de forma independiente, exigiendo rendición de cuentas a los responsables de los programas. Sin embargo, ni el enunciado de las políticas públicas ni las características de los programas que las implementan aparecen junto a la propuesta de bajar los impuestos. No les parece interesar a los partidos de la derecha; al menos desde el punto de vista programático, pues, en cambio, cuando tienen responsabilidades de gobierno (en el ámbito autonómico) llevan a cabo recortes en el gasto social.

Lo importante, más que la cantidad de gasto público es su calidad, es decir la medida en que cumplen de forma eficaz y eficiente sus objetivos. El nivel de la ratio gasto público/PIB, una medida del tamaño del gasto, no parece ser un determinante fundamental de la eficiencia de las economías, aproximada por su productividad hora. Los cinco países europeos con ratios de gasto público más elevadas, por encima o igual al 50%, (Francia, Finlandia, Bélgica, Dinamarca y Noruega), se encuentran, como hemos indicado, en el grupo de cabeza en productividad hora.  En este sentido hay que tomar con algunas reservas el mensaje de Bandrés y Gadea-Rivas, en su artículo en Cuadernos de Información Económica 271 de julio-agosto 2019, donde señalan que existe un efecto negativo del peso del gasto público sobre el crecimiento del PIB. Aunque los propios autores avisan de que los efectos del gasto público sobre el crecimiento dependen de la composición del gasto, de la eficacia con que se gestiona y de su financiación.

De nuevo, parece haber otros factores más determinantes que el tamaño del gasto público.



La desigualdad en España es elevada y creciente. Según datos del World Inequality Data Base, el 1% con más renta recibe en España 2,7 puntos más de renta que el 50% más pobre. El porcentaje de renta de ese 1% ha crecido desde 2007 de un 13,4% a un 16,9%, mientras la mitad más pobre bajaba del 17,2% al 14,2%. El 10% con mayor renta también ha aumentado su peso en el total, desde el 39,5% al 42,3%. Se puede ver aquí un análisis sobre estas cifras.

Según el estudio dirigido por Francisco Goerlich (2016), las políticas públicas tienen un efecto reductor de las desigualdades muy importante que descansa mucho más en el gasto público que en la imposición directa. Las más redistributivas son las pensiones y los servicios públicos educativos y sanitarios. A pesar de su notable impacto, las políticas públicas no evitaron la caída de la renta disponible de los hogares ni el aumento de la desigualdad generado en los mercados durante la Gran Recesión, que la crisis de la Covid-19 no he hecho más que exacerbar.

Definir acertadamente los objetivos y diseñar y gestionar de forma eficiente los programas de gasto es lo relevante y lo que debiera ser objeto de debate público; y no el nivel impositivo. Sí, también, la estructura del sistema fiscal, sobre la que hay algún debate, en el que, por cierto, me sorprende que en ninguna opción se plantee la integración de las rentas de capital en la tarifa de las otras rentas y acabar con la imposición separada que elimina la progresividad en la imposición de las rentas de capital. No soy un experto fiscalista, pero en los reputados informes dirigidos por J. Mirrlees (2011), sobre el diseño del sistema impositivo en el Reino Unido y el dirigido por J. Stiglitz (2014), sobre Estados Unidos, se defiende la integración de las rentas de capital en la tarifa progresiva.