Estimadas lectoras, estimados lectores,
hace 17 años, el 10 de julio de 2005, el electorado de Luxemburgo ratificaba con el 56% de votos a favor el Tratado que establecía una Constitución para Europa. En el momento de producirse aquella votación, lo habían aprobado 13 países y dos lo habían rechazado. La mayoría de ratificaciones se hizo sólo por vía parlamentaria (Hungría, Lituania, Alemania, Austria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Italia, Letonia y Malta). Algunos países, como Francia, España y Luxemburgo, optaron por realizar una consulta popular (la misma era obligatoria en el caso de Irlanda).
Una de las críticas recurrentes al proceso de integración europea había sido su déficit de legitimidad democrática. Esto admite debate, porque las campañas electorales nacionales habían sido el espacio de discusión de propuestas de integración europea y los parlamentos y gobiernos contaban con legitimidad para avanzar en esa agenda.
El Tratado lo firmaron en Roma, el 18 de junio de 2003, los jefes de Gobierno de los países que formaban la Unión Europea. El 12 de enero de 2005, el Parlamento Europeo aprobó una resolución por 500 votos a favor, 137 en contra y 40 abstenciones, en la que recomendó a los estados miembros que ratificaran la Constitución.
Hasta febrero de 2005, España, a diferencia de muchos otros países de la UE, nunca había consultado a su electorado respecto al proceso de integración. Ni la adhesión a la Unión en 1986, ni sus sucesivos tratados (Maastricht, Ámsterdam y Niza) habían sido sometidos a consulta popular, cosa que sí había ocurrido en buena parte de los otros países miembros. También, a diferencia de otros países, las encuestas y el posicionamiento de los principales partidos españoles daban cuenta de un apoyo masivo a la integración.
Para 2005, en los países de la UE se habían celebrado una cuarentena de referendos sobre la integración, que el jurista suizo
Andreas Auer clasificó como de
acceso, sobre la incorporación de un país a la Unión; de
ampliación, en que los votantes de un país se manifiestan sobre la integración de otro; y de
integración, mediante los que los ciudadanos deciden extender o ampliar atribuciones de la Unión. La diferencia entre las consultas de
acceso y las de
integración y
ampliación es que mientras la decisión tomada en la primera sólo afecta al país en que se realiza la consulta, los resultados de las otras dos
tienen consecuencias, también, sobre la UE en su conjunto y/o a terceros países. El
no noruego de 1994 tuvo por consecuencia que ese país haya quedado fuera de la UE (apunte: el
Brexit en 2016 requiere un análisis diferente, porque las consecuencias de
no entrar son diferentes de las de
salir). En cambio los
noes francés y holandés a la Constitución o el
no irlandés al Tratado de Lisboa vetaron estos acuerdos para toda la UE; provocando, en palabras de Auer, una inversión de niveles:
los votantes nacionales vetan un asunto supranacional siguiendo leyes nacionales. Esto ocurre debido al efecto combinado de la regla de la unanimidad para la revisión de tratados, la soberanía de los estados miembros con respecto al procedimiento de ratificación y la falta de un referéndum en el ámbito europeo. De aquí deriva una llamada de atención, que lleva a replantear
los mecanismos comunitarios de legitimación porque no sólo serían insuficientes, sino que también serían injustos.
La discusión sobre la legitimidad y las reformas institucionales requeridas por la UE ha sido objeto de numerosas contribuciones en Agenda Pública (véase
aquí,
aquí,
aquí,
aquí y
aquí). El primer artículo de la Agenda España de hoy se inscribe en esta serie. Seguimos con Reino Unido, que "se mueve entre un liderazgo emocionante y otro aburrido en la sucesión", y cerramos con el debate sobre los impuestos y su relación con la desigualdad y el crecimiento.
Una Europa flexible y unida es una Europa fuerte
Nicoletta Pirozzi analiza y propone vías para la reforma de la UE, defendiendo el valor de la diferenciación intergubernamental, la ampliación de la votación por mayoría cualificada a otros ámbitos y, entre otros, la convocatoria de una Convención para el cambio de los tratados.
Después de Boris, ¿qué viene ahora para Reino Unido?
Para
Joe Zammit-Lucia, posiblemente el legado de Johnson sea "el de uno de los peores primeros ministros británicos de todos los tiempos". La pregunta es qué viene ahora.
Bajemos los impuestos
Señala
Carlos Sebastián que en los países como España, con
curva Gran Gatsby (en que mayor desigualdad reduce la movilidad), las políticas fiscales redistributivas pueden tener efectos positivos reduciendo la desigualdad. La derecha lo ignora y la izquierda se queda en el simple enunciado.
Artículos en 'El País'
Alemanes, no tomar partido por Ucrania es ser parte. La respuesta del historiador Timothy Snyder a Jürgen Habermas
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El ex primer ministro asesinado impulsó reformas económicas de calado y cambió la tradicional política respecto al uso del Ejército y la integración regional nipona en el Asia-Pacífico. El análisis de
Ramón Pacheco Pardo.
Buena lectura,
Yanina Welp
Coordinadora editorial
