El caso del avión venezolano retenido en Argentina profundiza los cuestionamientos sobre la alianza entre Venezuela e Irán.
 
Un Boeing 747-300M Dreamliner con matrícula venezolana YV353,  perteneciente a la aerolínea Emtrasur (Empresa de Transporte Aerocargo del Sur, S.A.), filial de Conviasa (Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos), empresa aérea del Estado venezolano, permanece retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE) en Buenos Aires, Argentina. Desde el 6 de junio, la aeronave y su tripulación, compuesta por 19 individuos, 14 de nacionalidad venezolana y cinco iraníes, se encuentran a la espera de la decisión judicial que les permita volar. Los pasaportes de la tripulación fueron decomisados en un primer momento, pero luego sólo le fueron devueltos a los ciudadanos venezolanos.
 
Los detalles de este caso son escasos y eso favorece la especulación, debido en parte a la opacidad bajo la que opera el Gobierno venezolano gracias a la Ley Antibloqueo, que le permite mantener en secreto información concerniente a la conformación y funcionamiento de sus entidades públicas. El asunto sigue a la espera de las diligencias judiciales que permitan al Gobierno argentino tomar una decisión, mientras persiste la incertidumbre sobre el destino del avión y la tripulación. A esta situación se suman las denuncias de la oposición chilena sobre otro avión con similares características que realizó vuelos entre Venezuela y este país, así como miembros de la oposición argentina han señalado que Brasil y Turquía alertaron a los servicios de inteligencia del país sobre los vuelos de la aeronave retenida en Ezeiza. La falta de claridad sobre las circunstancias en las que se produjo el vuelo no hacen sino alimentar las sospechas sobre la naturaleza de las relaciones entre los países involucrados, abriendo la posibilidad de convertir un incidente internacional en un asunto para el debate doméstico, con las oposiciones aumentando el nivel de la controversia.
 
En este sentido, aquí nos encontramos frente a un impasse diplomático con tres ramificaciones importantes:
 

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En primer lugar, Argentina. El Gobierno de Alberto Fernández se ha visto involucrado en un suceso sobre el que no tiene responsabilidad directa, más allá de haber permitido el ingreso de la aeronave en su territorio. Sin embargo, el caso se le ha complicado porque, por una parte, la presencia de la tripulación iraní y los supuestos vínculos de uno de estos sujetos con la Guardia Revolucionaria de Irán lo obligan a manejar la situación con extrema cautela. Estamos hablando de un país, Argentina, que sigue esperando justicia en el caso del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia); una herida colectiva que permanece abierta dada la impunidad y el encubrimiento del que ha sido objeto durante casi tres décadas. La sospecha que pesa sobre Irán en este crimen de 1994 pone al Gobierno argentino en una situación incómoda con sus aliados regionales, particularmente Venezuela.

Pero es que, además, la presencia de los iraníes en suelo argentino tiene implicaciones no sólo domésticas, sino también regionales, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos. El caso está en que el piloto de la aeronave estaría vinculado con la Fuerza Quds, un brazo armado de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), ente sancionado por el Gobierno norteamericano y considerado por éste como una organización terrorista. En estas condiciones, se le complica al Gobierno argentino cualquier maniobra que intente salvaguardar la situación de su homólogo venezolano. De ahí que la Justicia esté tomándose su tiempo para aclarar la situación, mientras se busca una solución favorable para todas las partes.
 
En segundo lugar, está Venezuela. La situación del Gobierno de Maduro es comprometida debido a su falta de transparencia en el manejo de esta crisis internacional. Los portavoces de Emtrasur no han contribuido a esclarecer las circunstancias que rodean a la tripulación, y mucho menos la naturaleza de la operación que estaban llevando a cabo; y todo ello  después de las contradicciones entre los alegatos de la aerolínea y los de la empresa argentina que los contratara. Las vacilaciones sobre las motivaciones del viaje y la justificación de la presencia de los ciudadanos iraníes como parte de la tripulación no han hecho más que añadir desconfianza. Además de los informes de inteligencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Gobierno de Paraguay compartió con los de Uruguay y Argentina información sobre la presencia de los individuos vinculados con la Fuerza Quds en el vuelo, generando la alerta entre los países involucrados.


 
Finalmente, tenemos a Irán. La relación de Emtrasur con la aerolínea iraní Mahan Air (a la que el Gobierno venezolano le compró la aeronave) muestra, por una parte, que los vínculos entre los regímenes de Venezuela e Irán no han hecho sino fortalecerse, formando una alianza que les ha permitido esquivar los efectos y limitaciones de las sanciones que pesan sobre ambos países. Tanto Conviasa como Mahan Air son objeto de tales restricciones de parte del Departamento del Tesoro estadounidense, vía la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (Ofac). Ésa, de hecho, sería la razón de fondo tanto para la retención como para la falta de resolución del caso.
 
El Gobierno de Fernández, aunque ha desmentido que se trate de una situación vinculada con actividades terroristas, no puede correr el riesgo de violar las sanciones, como ha reconocido. Por su parte, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ha insistido en que la información obtenida por los servicios de inteligencia de su país apunta a que entre la tripulación se encuentran individuos vinculados con la organización designada como terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Además, ha señalado que la misma aeronave estuvo de paso por Ciudad del Este en la segunda semana de mayo de este año, lo que ha provocado que su Gobierno iniciara averiguaciones sobre la naturaleza de dicha visita en la Triple Frontera, ante la sospecha de que se trataba de una operación encubierta vinculada con actividades ilícitas.

Está claro que Fernández está obligado a retener el avión; que, por cierto, es el único de la flota de Emtrasur. Sin embargo, las circunstancias que rodean a la operación, y especialmente a su tripulación, ameritan preguntarse sobre si el Gobierno argentino va a privilegiar su relación con el de Maduro o si, por el contrario, va a colaborar con el reforzamiento de las medidas que pesan sobre los dos gobiernos involucrados. Venezuela e Irán se han defendido acusando a Estados Unidos de estar detrás de la maniobra en su contra, pero la poca información que hay proveniente de las investigaciones argentina y paraguaya no ha conducido hasta ahora a esclarecer el incidente. De confirmarse lo que alega el Gobierno paraguayo, para Venezuela e Irán no sería tan devastador como para el Ejecutivo argentino, pues representaría una enorme falla de inteligencia y seguridad con gravísimas consecuencias para la región. Fernández no la tiene fácil, y mientras tanto el régimen venezolano y sus aliados siguen aprovechándose de las debilidades de sus aliados regionales para ignorar las normas sin que tengan que afrontar las consecuencias.