No podemos vivir así, el nuevo informe de Human Rights Watch, documenta el fracaso general de la protección social en España para sacar a la gente de la pobreza. La organización internacional de derechos humanos muestra que los esfuerzos de las autoridades durante la pandemia de Covid-19 no cumplieron con los estándares internacionales, lo que obligó a un número creciente de personas a depender de los bancos de alimentos para sus necesidades cotidianas.
La crisis del coste de vida derivada de la inflación y de la escasez mundial de alimentos y energía sólo empeorará las cosas.
Las personas voluntarias en los bancos de alimentos de todo el país muestran el poder de la empatía, pero los bancos de alimentos en sí mismos son una expresión del fracaso del sistema. No son una solución, sino un síntoma.
Human Rights Watch no es el primero en lamentar las debilidades de la protección social en España. En 2019, la Comisión Europea destacó que "la eficacia de las prestaciones sociales (excluidas las pensiones) para reducir la pobreza continúa siendo una de las más bajas de la Unión, especialmente en el caso de los menores. El gasto social como porcentaje del PIB en España para los hogares con hijos es uno de los más bajos de la UE y no está bien orientado". Tras su misión oficial de 2020 en el país, el ex relator especial de la ONU sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, Philip Alston, concluyó que "en España, la asistencia social no combate eficazmente la pobreza".
En mi libro 'Spain and Its Achilles' Heels: The Strong Foundations of a Country's Weaknesses' (Rowman & Littlefield, 2021), sostengo que la deficiente asistencia social es una expresión del subdesarrollo del estado de bienestar en España, una de las limitaciones estructurales más significativas y duraderas del sistema de protección de los derechos sociales en el país.
Por asistencia social me refiero específicamente a las transferencias en efectivo no contributivas a los hogares fuera de otros sistemas de seguridad social (pensiones, incluida la no contributiva, prestaciones por desempleo, prestaciones por invalidez, etc.), en particular cuando ésas u otras fuentes de ingresos, del capital o del trabajo, son insuficientes para cubrir las necesidades básicas. En otras palabras, estoy hablando de la renta mínima o básica (no universal), el último recurso para paliar las peores formas de pobreza de muchos hogares. Según los datos oficiales más recientes, el 27,8% de las personas estaba en riesgo de pobreza y exclusión social en España en 2021, frente al 27,0% de 2020.
Otros países de Europa occidental establecieron esquemas de rentas mínimas en los años 50, 60 o 70, pero España no lo hizo. La Constitución de 1978 simplemente estableció, en su artículo 148.1.20, que las regiones y nacionalidades podían contar con planes complementarios de asistencia social. Todas ellas asumieron tal responsabilidad en sus respectivos estatutos de autonomía en la década de los 80. Inspirándose en el revenu minimum d’insertion francés de 1988, el régimen vasco de asistencia social fue creado en 1989, seguido de todas las demás comunidades hasta 1995.
Sin embargo, la capacidad redistributiva de los programas autonómicos ha sido, en general, muy limitada. El fragmentado sistema de asistencia social ha resultado totalmente insuficiente para proteger a las personas de la pobreza, con enormes diferencias entre comunidades autónomas en términos de cobertura, adecuación y condicionalidad. En vista de ello, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha considerado que España no se ajusta a la Carta Social Europea (artículo 13) debido a los requisitos excesivamente onerosos de duración de la residencia, las restricciones de edad arbitrarias, el límite temporal de las prestaciones (que generalmente no duran tanto como se necesitan) y la cuantía insuficiente en la mayoría de las comunidades autónomas.
Por eso, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), vigente desde 2020, fue tanto un logro como la expresión de un enorme fracaso político y de políticas. Las regiones y nacionalidades han tenido la competencia y la responsabilidad de proteger a los más vulnerables desde hace más de tres décadas. Sin embargo, la mayoría de ellas no han estado a la altura.
Además, el informe de Human Rights Watch muestra que el IMV tampoco ha sido la panacea. Su alcance ha sido muy limitado y la implementación lenta y desigual en todo el país. A dos años de su creación, aún no está claro cómo coexistirá con las rentas mínimas regionales. Hay temores bien fundados de que los gobiernos autonómicos que históricamente no han estado dispuestos a invertir en protección social a pesar del mandato constitucional serán aún más reacios ahora que existe un programa a nivel central.
El centro de información pública Civio ha documentado que las autoridades rechazan sistemáticamente las solicitudes de IMV, o simplemente optan por el silencio administrativo, como hicieron en el 56% de los casos en los primeros nueve meses de 2021. Según datos de Civio, el Gobierno pierde el 42% de los casos que llegan a los tribunales. Sin embargo, cuando esto suceda, por definición, ya es demasiado tarde para quienes el IMV puede ser su última tabla de salvación frente a la trampa de la pobreza.
Además, dado que las familias más desfavorecidas se encuentran en el extremo inferior de la brecha digital, muchas no tienen los medios para reclamar la prestación sin asistencia presencial a nivel local. Según Caritas, casi dos millones de hogares tienen acceso limitado o nulo a las herramientas digitales, lo que restringe gravemente su capacidad para interactuar con las autoridades y reclamar las prestaciones a las que tienen derecho. La brecha digital es el analfabetismo del siglo XXI.
Como señaló el Relator Especial de la ONU sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, Olivier de Schutter, en su reciente informe sobre los obstáculos que impiden que las personas elegibles soliciten o reciban prestaciones sociales, es necesario "un replanteamiento de la protección social, no como un favor otorgado por unos gobiernos benévolos, sino como un derecho humano. Esta redefinición podría ayudar a reformular la relación entre los proveedores de servicios y los usuarios, aumentando la rendición de cuentas de los primeros y empoderando a los segundos".
No se trata sólo de derechos humanos; también tiene sentido desde una óptica económica. Estudios comparados muestran que la asistencia social y las rentas mínimas (no universales) tienden a tener un impacto positivo sobre el consumo, lo que a su vez genera beneficios más amplios para la economía local. Dadas las cantidades limitadas y las necesidades urgentes de los destinatarios, el dinero transferido a través de los esquemas de ingresos mínimos se gasta de inmediato, no se invierte ni se ahorra para el futuro. Los beneficios económicos se filtran creando nuevas oportunidades para los negocios, para la creación de empleo y para la recaudación de impuestos.
España desarrolló tarde su Estado de bienestar y los esquemas de protección social han sido irregulares y, en gran medida, han tenido financiación insuficiente. Abordar la crisis del coste de vida requiere niveles de prestaciones sociales que sean capaces de garantizar un nivel de vida adecuado para todas las personas. La cuarta economía de la eurozona no puede permitirse nada menos que eso.
