Unos meses atrás, en un artículo sobre confianza pública enfocado en América Latina, planteábamos que el enigma fundamental al respecto era poder entender qué se esconde detrás de los porcentajes indicando niveles de confianza, qué implican y cuáles son los diferentes elementos que conducen a ellos, para poder reconstruir esa confianza; no sólo por su relevancia en diferentes aspectos políticos, sociales y económicos, sino como objetivo de política pública en sí mismo.
El miércoles pasado se hicieron públicos los
resultados de la Encuesta de la OCDE sobre los Determinantes de la Confianza en las Instituciones Públicas, implementada por primera vez en 22 países de esta organización. Más de 50.000 encuestados nos brindan evidencia innovadora para entender qué impulsa la confianza en las instituciones públicas.
Principales hallazgos
En los países de la OCDE una gran parte de la gente está satisfecha con los servicios públicos y cree que sus gobiernos están preparados para afrontar una nueva pandemia. En promedio, el 49% de los encuestados cree que el Gobierno estaría preparado para proteger la vida de la gente en caso de surgir una nueva, porcentaje de suma relevancia si se consideran los costes económicos y sociales de la Covid-19 y la sobre-exposición a información relativa a salud pública en los últimos dos años.
Esta expectativa positiva sugiere que la gente percibe que los gobiernos han aprendido varias lecciones de la experiencia vivida. Asimismo, la mayoría de la gente en la mayor parte de los 22 países está satisfecha con el sistema de salud (61,7%) y educativo (57,6%).
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Estos resultados son un poco menos alentadores para los dos países incluidos de América Latina, Colombia y México, donde aún hay mucho trabajo para brindar acceso a servicios básicos y asegurar su calidad para todos los ciudadanos. Este último punto se evidencia en los bajos porcentajes de encuestados que consideran sus gobiernos tratarían de forma equitativa una solicitud por subsidios públicos o beneficios sociales (ver Gráfico 1).
Gráfico 1.- Porcentaje de encuestados que indican diferentes niveles de probabilidad percibida de que un gobierno trate su solicitud a un beneficio o servicio público de forma justa (en una escala de 0 a 10)
Sin embargo, la gente es más escéptica respecto a sus oportunidades de participación política y a que sus gobiernos los tengan en cuenta en la toma de decisiones.
En varias de las respuestas a las preguntas realizadas en la encuesta se percibe un escepticismo generalizado respecto a que los gobiernos tengan en cuenta a sus ciudadanos. En promedio, sólo cuatro de cada 10 cree que su Gobierno mejoraría un servicio, implementaría una idea innovadora o modificaría una política nacional en respuesta a sus demandas, y los porcentajes se reducen a un tercio de encuestados cuando se pregunta respecto a si adoptarían contribuciones y opiniones expresadas en consultas públicas (ver Gráfico 2).
En materia de apertura, por ejemplo, la mayor parte de los encuestados (65,1%) reporta fácil acceso a la información pública, lo que da cuenta de altos niveles de transparencia. No obstante, los porcentajes se reducen a más de la mitad cuando se les consulta respecto a sus expectativas de participación y la percepción de efectividad de su voz política, la capacidad de hacerse oír e influir en sus gobiernos. Estos resultados podrían sugerir que existen formalmente condiciones y regulaciones que facilitan la apertura, pero en la práctica la realidad es mucho más compleja.
Gráfico 2.- Proporción de encuestados que indican diferentes niveles de probabilidad percibida de que un Gobierno adopte las opiniones expresadas en una consulta pública (en una escala de 0 a 10)
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así como respecto a la integridad de sus gobiernos
En consonancia con otros análisis realizados a nivel regional que identifican la corrupción y la sensación de exclusión política (y económica) como desafíos estructurales, podemos destacar algunos resultados relevantes. Los encuestados de Colombia y México presentan las peores percepciones en cuanto a la integridad pública de los 22 países en los que se implementó la encuesta. Mientras que en promedio el 40% de los encuestados cree probable que un empleado público rechace un soborno, en Colombia el número desciende al 27% y en México al 18% (ver gráfico 3). Estas percepciones están emparejadas con la ya mencionada sensación extendida de desigualdad y falta de influencia política.
Gráfico 3.- Porcentaje de encuestados que indican que un empleado público aceptaría o rechazaría un soborno (en una escala de 0 a 10), 2021
Entonces, ¿qué pueden hacer los gobiernos
Como ya hemos mencionado, es momento de ir más allá de los niveles de confianza y trabajar en sus determinantes. Los resultados de la encuesta brindan evidencia sobre cuáles son los elementos de mayor relevancia para reconstruir confianza.
El análisis de los datos sugiere que es fundamental seguir mejorando la fiabilidad y preparación para futuras crisis, diseñando políticas y servicios públicos con y para las personas, y mejorando la transparencia y la comunicación con los ciudadanos en torno a las promesas y los resultados.
Los gobiernos también deberían invertir en garantizar la integridad de los funcionarios electos y reconstituir sus vínculos con los ciudadanos. Los resultados en materia de falta de capacidad de respuesta, participación y representación requieren mayor inversión y un estudio en mayor profundidad que permita entender de mejor manera los contextos regionales. Con miras en este objetivo, se torna imperioso poder extender la encuesta a América Latina y contar con estos datos y evidencia para una mayor cantidad de países.
La confianza es una ruta doble mano: los gobiernos deben confiar en sus ciudadanos tanto como ellos en sus instituciones. El futuro de la gobernanza efectiva -y de la confianza en el gobierno- depende en gran medida de poder mejorar al respecto.
