La Asamblea Nacional 2021-2025 se ha caracterizado por tener una mayoría de izquierda (Unión por la Esperanza, Unes; Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, PK, e Izquierda Democrática, ID) y donde el movimiento oficialista Creando Oportunidades (Creo), con apenas 12 curules, no logra consolidar su agenda de gobierno. Desde el día uno se evidenciaron las dificultades del Ejecutivo nacional para generar coaliciones y articular alianzas con diferentes actores, lo que ha generado un impacto negativo en el escenario político y generado incertidumbre. En consonancia, la aceptación del Legislativo es baja, con apenas un 11,75% que opina que su gestión es buena o muy buena (Perfiles de opinión, 2022). Con estos antecedentes, se ha conformado una nueva mayoría en la Asamblea Nacional que, además de destituir a la expresidenta del Legislativo, Guadalupe Llori (mayo 2021-mayo 2022), ha tramitado una moción de destitución del presidente de la República y ha removido a la segunda vicepresidenta, Yeseña Guamaní. Estas acciones reconfiguran el escenario político y ponen de manifiesto la falta de operatividad política del Ejecutivo. 

Fallida moción de censura

Tras las elecciones generales de 2021, Lasso obtuvo la victoria con la alianza Creo/Partido Social Cristiano (PSC). Luego de una campaña que incluyó la generación de empleo, la apertura del mercado, la reducción de impuestos, la lucha contra la corrupción y un mejor servicio de salud pública, en junio pasado la aceptación del presidente había caído a un 81%. El descontento en varios sectores de la población se ha ahondado por la limitada inversión social gubernamental, principalmente en salud, donde pacientes han evidenciado la escasez de medicinas en los hospitales públicos. De igual manera, el desempleo y los altos índices de delincuencia preocupan a la ciudadanía: apenas uno de cada tres ecuatorianas y ecuatorianos cuenta con un empleo adecuado, y el número de homicidios y asaltos crece exponencialmente. Estos problemas primordialmente sociales no son nuevos, pero se agravaron con la pandemia de la Covid-19 y son una constante a nivel nacional. 

Después de que el movimiento indígena buscara sin éxito consensos con el Gobierno para que atendiera una agenda social, se convocó a un paro de carácter nacional que inició el 13 de junio con 10 demandas: entre otros, la reducción en los precios de los combustibles, precios justos para los productos del campo, frenar la delincuencia, acceso al empleo y derechos laborales, no privatizar los sectores estratégicos y destinar presupuesto a la salud y educación. A la movilización se incorporaron otros actores como el movimiento feminista, varias organizaciones sociales y sindicales y personas de la sociedad civil que respaldaban las peticiones del movimiento indígena. Con el cierre de las carreteras inter-provinciales, se dificultó el transporte de alimentos y otros bienes. 

En la mañana del 14 de junio fue detenido Leónidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), por el supuesto delito de paralización de servicios públicos. Junto a Jaime Vargas, había liderado las manifestaciones de octubre de 2019 contra las medidas económicas del expresidente Lenín Moreno. Tras su arresto se exacerbó aún más la tensión, provocando que más manifestantes salieran a las calles. A pesar de que se otorgaron medidas sustitutivas para que pueda defenderse en libertad, aún está pendiente la audiencia de su juicio. 

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Pasaron los días y no se vislumbraba un acuerdo entre el Gobierno y los representantes del movimiento indígena. Éste presionaba para negociar, revisar e implementar sus 10 puntos. La tensión fue escalando por la muerte de manifestantes y de un militar. Este último falleció producto de enfrentamientos entre manifestantes, militares y policías que custodiaban un convoy de 17 camiones llenos de combustible que se dirigían al campo petrolero ITT en Sucumbíos. Ante este hecho, el presidente se negó a sentarse con Iza, poniendo en evidencia a un Gobierno con poca estrategia política. 

Los estragos del paro se empezaron a sentir con las pérdidas humanas y económicas y las organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por la represión policial. En este contexto la bancada de Unes, del expresidente Rafael Correa, presentó una moción de destitución del presidente Lasso al amparo del artículo 130 de la Constitución numeral 2, que establece que se podrá remover al presidente en caso de grave crisis política y conmoción social, ante la cual la Asamblea Nacional podrá convocar a nuevas elecciones. 

Una vez cumplidos los requisitos formales para convocar un Pleno en el que tratar la eventual destitución presidencial, el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, acudió en representación de Lasso para negar la existencia de motivos para sustentarla. Tras iniciarse el debate, el Gobierno levantó el estado de excepción, que era uno de los elementos que evidenciaban una crisis interna. Tras dos llamadas a votar y la reconsideración, se contabilizaron 80 votos a favor (Unes, PK e independientes), 48 en contra (ID, PSC y Bancada del Acuerdo Nacional, BAN) y nueve abstenciones a la moción, librándose Lasso de la remoción por  12 votos. Sin lugar a dudas, esto demostró la importancia de que el Gobierno promueva un espacio de diálogo y llegue a acuerdos con un movimiento indígena que representa a cerca del 7% de la población. 

Finalmente, el 30 de junio, tras 18 días de movilización, se logró un sorpresivo acuerdo que contó con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. En el acta de paz se acordó la reducción del precio del combustible y el establecimiento de mesas de negociación para alcanzar consensos con una duración de 90 días. Iza aseguró que, de no cumplirse su decena de demandas, las comunidades indígenas volverían a las calles. Las movilizaciones y el Pleno dejaron claro que el Gobierno ha de generar coaliciones con diversos actores políticos, en lugar de confrontar con ellos, así como la importancia de trabajar en una agenda de inversión social basada en la salud, la educación, el empleo y la seguridad, entre otros ejes.

Nueva mayoría en el Legislativo

La destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional, que se materializó a pesar de los múltiples recursos legales interpuestos, tuvo lugar el 31 de mayo tras ser acusada de incumplir sus funciones y permitir el desprestigio institucional. Su marcha se dio tras controvertidas acusaciones de alianzas con el Gobierno que le provocaron problemas no sólo con su movimiento político (PK), sino también en el seno del Parlamento. Virgilio Saquicela, del Partido Democracia SÍ, fue nombrado presidente. La destitución de Llori supuso la pérdida de la poca influencia que el Gobierno tenía en el Legislativo.

La designación de Saquicela pone de manifiesto la conformación de una nueva mayoría, compuesta por Unes, PSC y facciones del PK y de la ID. En este escenario, el asambleísta Luis Almeida (PSC) presentó la moción para destituir a la segunda vicepresidenta, Yeseña Guamaní (ID) por el incumplimiento a los artículos 14, numeral 2, y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se refieren a la atribución que tiene el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para calificar o no los proyectos de ley, para lo que cuentan con un plazo máximo de 60 días desde la presentación. En su intervención, Guamaní mencionó que su remoción respondía a razones políticas. Votaron a favor de su cese 83 asambleístas, 38 en contra, uno en blanco y seis abstenciones. 



Con 90 votos a favor, 36 en contra y nueve abstenciones, Marcela Holguín (Unes) fue designada como primera vicepresidenta de la Asamblea (en sustitución de Saquicela); y con 93 votos a favor, 35 en contra y seis abstenciones, fue investido Darwin Pereira (facción de PK) como segundo vicepresidente en lugar de Guamaní. Asimismo, se reconfiguró el CAL, incorporando al parlamentario Esteban Torres (PSC).

Esta reconfiguración de la Asamblea Nacional puede constituir, o no, para el Gobierno una vía para nuevos acuerdos, pero eso depende de la estrategia política del Ejecutivo. Cabe recordar que el partido oficialista cuenta con 12 asambleístas, pero ninguno de ellos ocupa un cargo en el CAL, lo que limita el espectro político gubernamental y otorga más poder a Unes. De igual manera, el Gobierno sólo ha podido aprobar un proyecto de ley (reforma tributaria), pasando por el Ministerio de la Ley dado su carácter económico urgente y mostrando la compleja situación del Ejecutivo con el Legislativo. 

Conclusión

La Asamblea Nacional es una institución altamente fragmentada que se ha reconfigurado con una nueva mayoría y evidenciado nuevos acuerdos entre diferentes fuerzas políticas donde confluyen partidos y movimientos políticos que en al principio habían  respaldado al Gobierno. Con apenas un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo, es indispensable un Gobierno de coalición que, por la ideología de la mayoría del Legislativo, tienda al centro. Sin esto, será difícil para el Ejecutivo gobernar durante los próximos tres años e implementar las reformas laborales y de seguridad social.

Asimismo, y aunque no se pueda volver a solicitar por la Asamblea Nacional moción de destitución al presidente, el fantasma de una eventual 'muerte cruzada' continúa rondando el panorama político. Podría ser una solución de agravarse la situación, aunque evidentemente no la mejor. El paro nacional en torno a las 10 demandas del movimiento indígena debe servir de insumo para que el Gobierno lea un contexto político y social en el que cuenta con una baja credibilidad y no ha logrado articular e implementar políticas públicas.