El Tribunal federal del Distrito Sur de Florida, a solicitud expresa del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, y tras haberlo aceptado el expresidente Donald Trump, hizo público el pasado viernes 12 de agosto la orden de entrada y registro en la residencia del exmandatario estadounidense en Mar-a-Lago, Florida, así como el contenido de la documentación intervenida durante la misma por el FBI el lunes 8 de agosto.
 
Ambos documentos ocupan siete páginas, cuya lectura es enormemente interesante tanto por lo que revelan como por lo que dejan entrever.
 
En primer lugar, el Anexo B a la orden de entrada y registro permite deducir que el FBI está investigando tres delitos distintos:
 

• Un delito de "destrucción, falsificación o alteración" de documentos con el fin de obstruir una investigación federal (18 U.S.C. § 1519), algo castigado con hasta 20 años de cárcel.
• En segundo lugar, un delito de "ocultación, remoción o mutilación dolosa" de documentos públicos (18 U.S.C. § 2071), castigado con hasta tres años de cárcel.
• Por último, el FBI investiga un delito de "recopilación, transmisión o pérdida de información relativa a la defensa nacional" (18 U.S.C. § 793, parte de la Ley de Espionaje), en su modalidad de "retención dolosa o negativa a entregar documentación a funcionarios públicos", castigado con hasta 10 años de cárcel.

 
El documento no indica expresamente quiénes son las personas investigadas por la potencial comisión de esos delitos. El expresidente Trump puede hallarse bajo investigación por todos o solo por alguno de los mismos, al igual que sus actuales o pasados colaboradores.
 
La orden de entrada y registro autorizaba al FBI a aprehender la siguiente documentación:
 

1. Cualquier documento físico marcado como "clasificado" (en cualquiera de sus modalidades: confidencial, secreto, alto secreto, etc.), así como las cajas y contenedores en que dichos documentos estuvieran contenidos (incluidas aquellas que estuvieran almacenadas junto a dichos documentos aunque no llevaran ningún sello de “clasificado”). 
2. Información y comunicaciones de cualquier tipo relativas a la “recuperación, almacenamiento o transmisión” de información relacionada con la defensa nacional o material clasificado.
3. Documentos presidenciales y gubernamentales generados durante toda la duración de la presidencia Trump.
4. Cualquier prueba de "alteración, destrucción o ocultación" dolosa de documentos presidenciales o gubernamentales, o de cualquier documento marcado como “clasificado”.

 
Lo más sugestivo es, sin duda, el resumen de la documentación intervenida que figura en las tres páginas finales del documento que se ha hecho público. Se mencionan hasta 26 cajas de cuyo contenido no se dan detalles. Pero, quizá, resulta todavía más llamativo el hecho de que también se intervinieran documentos sueltos (es decir, que no estaban archivados en cajas) que el FBI describe como “Documentos confidenciales misceláneos”, “Documentos secretos misceláneos” y, ya en las categorías de información clasificada más elevada, “Documentos Misceláneos de Alto Secreto" (Top Secret). En un caso, hasta se llegan a mencionar documentos pertenecientes a la categoría SCI (“Sensitive Compartmented Information”- Información sensible compartimentalizada), que es una categoría específica dentro de los Altos Secretos.
 
Una vez más, no sabemos de qué documentos en concreto se tratan, pero el hecho de que el expresidente mantuviera información clasificada en Mar-a-Lago año y medio después de dejar el cargo es preocupante como mínimo (ya veremos si alcanza la categoría de delito). Téngase en cuenta, además, que Trump, al contrario que todos los expresidentes anteriores, no recibe informes de inteligencia en su condición de tal, por decisión del actual presidente Biden.
 

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Por último, los agentes del FBI mencionan algunos documentos de título específico, entre los que figuran el perdón presidencial a Roger Stone y un documento llamado "Info re: Presidente de Francia" cuyo contenido sin duda interesaría mucho a Emmanuel Macron.
 
El FBI considera que existen indicios de manejo ilícito de documentación clasificada, manipulación documental y retención ilícita de documentos en Mar-a-Lago por parte de Trump y sus colaboradores, indicios que el juez magistrado consideró suficientes para acordar la entrada y registro. Asimismo, el fiscal general Garland estaba dispuesto a hacer públicas la solicitud de entrada y registro y el listado con la documentación aprehendida para acallar la campaña de desinformación y amenazas iniciada desde los medios de comunicación afines a Trump tan pronto como se produjo la intervención del FBI.
 
Las primeras reacciones de Trump y de su aparato mediático han sido característicamente confusas y mendaces: aseguraron en primer lugar que el FBI había falseado las pruebas, introduciendo deliberadamente información clasificada en Mar-a-Lago para justificar la entrada y registro. Posteriormente se han ensayado otras explicaciones, a cada cuál más chusca, como que Trump habría ordenado verbalmente que la información clasificada perdiera tal condición en el momento en que fuera trasladada a Mar-a-Lago.
 
Las claves para determinar si esta investigación culmina en una imputación penal del expresidente y/o alguno de sus ayudantes son, esencialmente, tres:
 

1. Si la documentación intervenida realmente era de alto secreto, con potencial para dañar la seguridad nacional, o si era de acceso público relativamente sencillo, pese a la clasificación oficial que hubiera recibido la misma.
2. Si se ha producido una manipulación o alteración de documentos, particularmente con la finalidad de ocultar el hecho de que estaban siendo retenidos ilegalmente.
3. Hasta qué punto el FBI puede demostrar que Trump y su equipo llevan meses obstruyendo la investigación y negándose a entregar documentación clasificada (una vez más, debe tratarse de documentación con potencial para dañar la seguridad nacional).

 
A partir de aquí, se abre una investigación de duración y final inciertos, aunque en estos momentos, pese a todas sus bravatas, no me gustaría estar en la piel de Trump. Su oponente principal, Merrick Garland, es un jurista de reputación centrista e impecable. En 2016 Obama lo propuso como magistrado del Tribunal Supremo precisamente porque no disponía de mayoría en el Senado y creyó que la moderación de Garland haría posible que los republicanos votaran por él. Se equivocó.
 
Una vez examinada la documentación por el FBI, Garland tendrá, esencialmente, dos opciones: o bien considerar que la naturaleza de la documentación intervenida y de su situación ilícita en Mar-a-Lago alcanza un nivel de gravedad tal que justifica una imputación formal contra el expresidente y/o terceras personas, o bien que nos hallamos ante una situación de mera imprudencia que no justifica la imputación - hay consideraciones adicionales como el hecho de tener que revelar la naturaleza de la información clasificada en juicio o una que cualquier fiscal conocerá: el temor a iniciar una causa penal que pueda culminar en una absolución, en particular en un caso tan cargado políticamente como éste.



Esta investigación probablemente acabe desarrollándose en paralelo a una o varias pesquisas judiciales adicionales sobre la conducta del expresidente Trump en relación con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y sobre sus intentos de subvertir fraudulentamente los resultados electorales de las presidenciales de 2020 (particularmente, sus presiones a distintos cargos políticos en Georgia encargados de la supervisión de los comicios).
 
Todo ello genera un cóctel potencialmente explosivo si tenemos en cuenta la existencia de dos factores que muy probablemente se acaben dando: el primero, el hecho de que, como mínimo, el Congreso de Estados Unidos pasará a manos republicanos en enero de 2023. Esto no sólo detendrá en seco la investigación contra Trump que el Comité especial del Congreso ha llevado a cabo en los últimos meses, dejando únicamente abierta la vía judicial, sino que provocará seguramente contrainvestigaciones por parte del nuevo Congreso republicano contra el FBI y el Departamento de Justicia.
 
El segundo factor es la casi segura decisión de Trump de postularse nuevamente a la Presidencia, que adoptará en algún momento en las próximas semanas o meses. Trump utilizará ese hecho para acusar (al Departamento de Justicia, al FBI o a cualquier juez federal que intente imputarle penalmente) de persecución política, incrementando una polarización en Estados Unidos que no se ve quizá desde los tiempos de la Guerra de Secesión.
 
El ejemplo histórico más reciente (de hecho, el único hasta ahora) sobre cómo lidiar con un expresidente en una situación similar es la potencial imputación de Nixon en 1974, tras su salida de la Presidencia, por los crímenes cometidos durante la misma, y el perdón retrospectivo que Gerald Ford le otorgó.
 
El principal problema con esta analogía es que la actuación de su antecesor californiano queda lejos de la magnitud de las acusaciones contra Trump, por una parte, y, por otra, el hecho de que la gran mayoría de los republicanos, al contrario de lo que ocurrió con Nixon, se han situado ya a favor de Trump, con independencia de cuál acabe siendo el resultado final de las investigaciones contra él. Esto hará que cada paso en la potencial investigación sea recibido con aullidos de furia desde el complejo mediático republicano, por lo que Garland, el FBI y cualquier autoridad conectada con la misma deberán ser especialmente cautelosos y prudentes para no ser acusados de parcialidad y favoritismo respecto de los demócratas.