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Sergei Supinski (AFP)

El apoyo militar a Ucrania y el derecho de neutralidad

David Lane Martín

6 mins - 12 de Septiembre de 2022, 07:00

Desde que Rusia invadiera Ucrania en febrero de este año, ni la Otan ni sus estados miembros han intervenido directamente en el conflicto ruso-ucraniano. El Kremlin, por otra parte, considera que el apoyo militar brindado por la Alianza al país invadido –fundamentalmente, a través del envío de armas al Ejército ucraniano– lo convierte en una parte en conflicto. Ante este argumento cabe preguntarse: ¿en qué momento, o con qué grado de apoyo militar a Ucrania, podremos considerar a la Otan una parte en conflicto?

Aunque a principios del siglo pasado el Derecho internacional estableciera un deber de los estados de no intervenir en favor de ninguna de las partes en conflicto, el desarrollo de otros principios fundamentales de ese Derecho internacional ha modificado las obligaciones de neutralidad estatal. Aquél define la neutralidad como una situación por la cual un Estado se abstiene de participar y mantiene una actitud de imparcialidad ante un conflicto bélico. Hablaremos de neutralidad para referirnos a la relativa de un Estado ante un conflicto militar, en contraposición a la neutralidad absoluta que mantiene un país como Suiza como un principio fundamental de su política exterior. La neutralidad, por lo tanto, se contrapone a la figura legal de parte en conflicto, como define la Convención de Ginebra de 1949 a aquellos estados o actores no estatales que participan directamente como contendientes en las hostilidades de un conflicto bélico.
 
Aunque en ocasiones esta distinción pueda resultar difusa, podemos establecer que los estados de Ucrania y Rusia, así como las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, serían partes en conflicto. En el mismo contexto España, o cualquier país miembro de la Otan, sería un Estado neutral en el momento en el que Rusia invade Ucrania a principios de este año. Ello no quiere decir que España no pueda posicionarse o expresarse a favor de uno de los dos contendientes. Sin embargo, de su estatus de neutralidad se deriva la obligación de no tomar medidas que puedan beneficiar a una de las partes.
 

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Una violación de las obligaciones de neutralidad supondría un ilícito internacional. El derecho de neutralidad regula las obligaciones legales de los estados ante conflictos internacionales de los cuales no son parte. Si hiciéramos una lectura aislada del derecho de neutralidad –codificado en gran parte en 1907 por la Conferencia de La Haya (V) Relativa a los Derechos y Deberes de las Potencias y Personas Neutrales en Caso de Guerra Terrestre, y en la Convención (XIII) Relativa a los Derechos y Deberes de las Potencias Neutrales en la Guerra Naval–, argumentar que la Otan es una 'parte en conflicto' en la guerra entre Rusia y Ucrania sería un argumento relativamente poco controvertido.
 
Podríamos recurrir a varios argumentos legales para decir que la Otan no está actuando conforme a su deber de neutralidad en el conflicto ruso-ucraniano. En primer lugar, como consecuencia de la provisión de entrenamiento militar al Ejército ucraniano. El adiestramiento militar estadounidense en varios puntos de Europa ha sido en ocasiones determinante para el uso del sofisticado material militar occidental que recibían las tropas ucranianas. Sobre esto, la Conferencia (V) de 1907 afirma que "no se pueden formar cuerpos de combatientes ni abrir agencias de reclutamiento en el territorio de una potencia neutral para ayudar a los beligerantes".
 
En segundo lugar, el suministro de armas de un Estado neutro a una parte en conflicto sería una violación de su obligación de neutralidad. Según el Instituto Kiel para la Economía Global, Ucrania ha recibido más de 30.000 millones de euros en asistencia militar desde la invasión, que equivalen aproximadamente a tres veces el presupuesto anual del Ministerio de Defensa del Gobierno de España. Aunque no establece ni cuántas armas, ni de qué tipo, se deben proporcionar para hablar de una violación ilícita de la neutralidad, la Conferencia de La Haya (XIII) es bastante clara al respecto: "Se prohíbe el suministro, en cualquier forma, directa o indirectamente, por parte de una potencia neutral a una potencia beligerante, de buques de guerra, municiones o material bélico de cualquier tipo".
 
Más de un siglo después de la Conferencia de La Haya de 1907, muchos juristas discuten la aplicabilidad del derecho de neutralidad. Algunos incluso llegan a hablar del fin de este concepto en el Derecho internacional. El desarrollo del principio de la prohibición del uso de la fuerza para resolver disputas internacionales –contenido fundamentalmente en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas– transforma la obligación legal de neutralidad de los estados ante conflictos internacionales; sobre todo si éstos surgen como consecuencia de una agresión ilegal.
 
La Otan también puede invocar el principio de legítima defensa para justificar el apoyo militar a Ucrania. De acuerdo con el artículo 51 de la Carta, este país tiene este derecho inherente ante un acto de agresión. En consecuencia, todos los estados que apoyan a Ucrania pueden asistir a un Estado que está ejerciendo ese derecho, si ha recibido la petición expresa del mismo.


 
El derecho de la responsabilidad de los estados también excluye la ilicitud de un acto, como una violación de neutralidad, si es una medida adoptada conforme al derecho de legítima defensa. De acuerdo con el artículo 21 del Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad del Estado de la Comisión de Derecho Internacional, "la ilicitud del acto de un Estado
queda excluida si dicho acto constituye una medida lícita de legítima defensa adoptada de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas". Es decir, no podemos considerar el suministro de armas a Ucrania como un acto ilícito y, por lo tanto, de una violación de las obligaciones de neutralidad si el mismo se hace en conformidad con el principio de legítima defensa.
 
Por otra parte, tampoco puede decirse que el derecho de neutralidad sea nulo jurídicamente. Por ejemplo, en los últimos años se han adherido nuevos países a la Conferencia de 1907. Ucrania, por ejemplo, accedió al convenio en 2015. La Otan es consciente de la fina línea entre el compromiso con la defensa de la integridad territorial y la soberanía ucranianas y la eventualidad de causar una reacción rusa que escale el conflicto a una confrontación entre potencias nucleares. La posibilidad de que esto ocurra dependerá sobre todo de cuestiones políticas, más que legales. En otras palabras, Putin decidirá si el apoyo de la Alianza a Ucrania es suficiente para justificar una respuesta militar en función de sus capacidades para llevarla a cabo. Lo que parece más claro es que el derecho internacional no estaría de su lado.
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