Casi todas las comunidades autónomas han publicado, al fin, sus convocatorias de ayudas a la rehabilitación vinculadas al Plan de Recuperación. Además de ello, el pasado 23 de agosto el Consejo de Ministros aprobó trasladar otros 1.389 millones de euros para ejecutar estas ayudas, a añadir a los 1.151 millones cuyo reparto se determinó en julio del año pasado. Sin embargo, algunas comunidades han esperado casi hasta el otoño, siendo la de Andalucía uno de los casos más llamativos.

Queda por delante el trabajo más difícil: hacer que la información llegue a toda la población y motivarla para que se decida a rehabilitar sus viviendas. No es un tema baladí. En España, las distintas administraciones llevan años ofreciendo ayudas a la rehabilitación de viviendas e incluso realizando planes estratégicos, pero seguimos lejos de los objetivos en cuanto a rehabilitaciones energéticas marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. De la misma forma que la pandemia de la Covid-19 nos ha hecho reflexionar sobre el confort, tamaño y posibilidades de nuestras viviendas, las consecuencias de la guerra en Ucrania nos están obligando a hacerlo sobre la necesidad de ser independientes y eficientes desde un punto de vista energético. Prueba de ello es el plan con las medidas de ahorro energético que el Congreso acaba de aprobar.

Jonathan Bradshaw y Antonia Keung, de la Universidad de York, publicaron recientemente un informe en el que prevén que este próximo invierno dos tercios de los hogares del Reino Unido se encontrarán en una situación de pobreza energética, viéndose obligados a invertir más de un 10% de sus ingresos netos en sus facturas energéticas debido a los altos precios de la electricidad y el gas. En el caso de hogares monoparentales con dos o más hijos, de parejas de pensionistas o de familias numerosas, el informe concluye que al menos cuatro de cada cinco hogares pueden encontrarse en esta situación este invierno. 

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A su vez, casi todos los indicadores de pobreza energética en España habían aumentado ya entre 2019 y 2020, rompiendo una tendencia de tímida, aunque generalizada, bajada hasta entonces. Tenemos que recordar que esta subida es anterior a que estallara la guerra en Ucrania, por lo que es probable que los datos para 2021, que aún no han sido publicados, sean todavía peores.

Por último, los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadística muestran que el riesgo de pobreza había aumentado levemente entre 2020 y 2021, mientras que el número de personas que no pueden permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno ha pasado de un 10,9% a un 14,3% de la población en ese periodo.
 
Necesitamos que estas ayudas económicas lleguen sobre todo a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad, que no tiene que decidir entre rehabilitar su vivienda o irse de vacaciones un par de veranos, sino que tiene que decidir entre rehabilitar su vivienda o poder seguir alimentándose, si es que siquiera puede plantearse llevar a cabo esa rehabilitación. La independencia y la eficiencia energética son temas que nos incumben a todos, pero que no todos podemos pagar. Para avanzar, necesitamos no solo que se den ayudas adicionales a quienes más las necesitan, sino también que se reserven partidas específicas para ello (evitando que todos los fondos se dediquen a rehabilitar viviendas de familias que, al fin y al cabo, hubieran podido financiarlas por sí mismas), poniendo en marcha amplias campañas de comunicación que informen al detalle de las condiciones de las ayudas y los anticipos que se pueden solicitar, y que se instalen en las zonas más vulnerables de nuestras ciudades y pueblos oficinas de la rehabilitación que apoyen a la ciudadanía en la tramitación de las ayudas y resuelvan sus dudas.



Hay otros agujeros preocupantes en la normativa que deben ser tapados. A día de hoy, una persona o empresa propietaria de una vivienda podría rehabilitarla con hasta un 80% de ayudas económicas provenientes de fondos públicos y luego subir sobremanera su precio de alquiler, aunque la familia que vive en ella se encuentre en estado de vulnerabilidad. Si algo no deberían hacer los programas de ayudas a la rehabilitación es fomentar el desarrollo de procesos de gentrificación, sea a la escala que sea.

En las convocatorias publicadas hasta ahora vemos pocas soluciones imaginativas que faciliten que la población en situación de vulnerabilidad acceda a estas ayudas, siendo Cataluña y la Comunitat Valenciana honrosas excepciones, habiendo limitado, respectivamente, partes de su presupuesto exclusivamente para las ayudas adicionales o poniendo en marcha otras para edificios ocupados por personas con un alto grado de vulnerabilidad. A su vez, vemos que solo en Aragón se está aportando el 100% de los costes vinculados a las obras de rehabilitación como anticipos, lo cual es esencial para que los hogares en situación de vulnerabilidad puedan rehabilitar su vivienda. Esperamos ver más medidas como estas en las convocatorias para 2023, no solo para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, sino también para reducir nuestras desigualdades.