(El Centro de Economía Global y Geopolítica de Esade ha programado, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Unión Europea (SEUE) del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC) un ciclo de seminarios destinados a analizar y plantear propuestas sobre los desafíos estratégicos; económicos y monetarios; tecnológicos; industriales y energéticos, así como sociales en España y la Unión Europea con motivo de la asunción por España, durante el segundo semestre de 2023, de la Presidencia del Consejo de la UE)
Tal y como recordaba Javier Solana en la presentación del ciclo (ver vídeo), la crisis actual, resultado de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania, ha impulsado una ola de integración que está siendo aprovechada para adoptar decisiones relevantes y desde hace tiempo muy esperadas. Por ello, a pesar de las dificultades, no se debe renunciar a sentir cierto optimismo y a confiar en que, cuando se superen los problemas actuales, Europa esté más integrada y desempeñe un papel más importante en el mundo. Ése es el marco en el que España debe plantear las prioridades de la Presidencia de la Unión Europea del segundo semestre de 2023.
La economía europea, tanto en sentido económico amplio como desde la perspectiva de la gobernanza monetaria y financiera del euro, afronta dos tipos de retos. Por un lado, concluir procesos de reforma e integración abiertos hace tiempo y que ya debieran haberse cerrado; y, por otro, acometer la lucha contra la inflación y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Las economistas Alicia García-Herrero y Marta Domínguez dieron muchos argumentos en ambos sentidos en la primera sesión del ciclo de EsadeGeo.
En la primera categoría encontramos tareas pendientes como completar el mercado único en ámbitos como los servicios o la energía (mercado de la electricidad), dando respuesta a cuestiones como el trato de los subsidios distorsionadores que proceden del exterior de Europa. Asimismo, la unión bancaria sigue sin completarse, el fondo de garantía de depósitos común sigue sin aprobarse, mientras que los mercados de capitales tampoco han alcanzado la integración prevista. Ya hay deuda europea, bonos soberanos europeos que financian el Fondo Europeo de Recuperación, pero no tenemos un mercado de capitales europeo.
El debate sobre la autonomía estratégica europea reabierto por José Borrell, Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, antes de la invasión de Ucrania, incorpora las dimensiones energética, tecnológica y de seguridad a la lista de objetivos aun no alcanzados. En este sentido, sin una política energética común y una política de innovación también compartida que permitan aprovechar las economías de escala y el tamaño del mercado europeo -inteligencia artificial (IA), computación cuántica-, resultará imposible avanzar hacia esa autonomía estratégica.
El tránsito hacia el mercado único de la energía, en un contexto de coordinación europea en la lucha contra el cambio climático, exige extremar las cautelas para que esa transición no sea costosa para las clases medias y trabajadoras para evitar cualquier tipo de ruptura. Cuando se diseñó ese proceso era inimaginable pensar que los precios de la energía iban a alcanzar los niveles actuales. Por esta razón, las iniciativas que permitan a las familias percibir que hay cierta compensación y que la transición no suponga un coste excesivo son imprescindibles, así como las vías que permitan a la sociedad civil participar de manera voluntaria en este proceso para evitar episodios como el de los chalecos amarillos.
El impulso de la autonomía estratégica constituye también una oportunidad irrepetible para crear un distrito industrial, energético y tecnológico europeo aprovechando el impulso de las reformas financiadas por el NextGenerationEU, siendo exigentes para que exista un mercado único en los ámbitos digital y climático y de transición energética (hidrógeno y renovables). El retraso en la unión de mercados de capital condiciona la inversión en innovación, tecnología y áreas de mayor crecimiento potencial y dimensión estratégica (y también de mayor riesgo).
La segunda gran categoría de medidas está destinada a acometer la lucha contra la inflación y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. A corto plazo, los retos son inmensos y todavía difíciles de predecir, en función de cómo evolucionan acontecimientos ajenos a la capacidad institucional europea, shocks externos, y que moldean las expectativas de crecimiento e inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa. En la zona euro, el Banco Central Europeo (BCE), por detrás de la Reserva Federal estadounidense en sus subidas de tipos, está hoy internándose en el resbaladizo terreno que exige su mandato de garantizar la estabilidad de precios al tiempo que vigila, e intenta evitar también, la fragmentación financiera que puede provocar el coste de la deuda para determinados países mientras "normaliza la política monetaria desde un punto de partida caracterizado por un grado de acomodación extraordinario que ha durado años" (en palabras del gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos). Simultáneamente, la debilidad del euro incide sobre la cuestión de la deuda (precio de las materias primas y energéticas) y la propia inflación.
La cuestión no sólo es la fragmentación, sino la sostenibilidad misma de la deuda, que obligan a medio plazo a reforzar la coordinación europea de las políticas monetaria y fiscal. Aunque el NextGenerationEU permite disponer de instrumentos fiscales más "centralizados y coordinados", aún queda mucho por hacer.
Respecto a la reforma de las reglas fiscales, debate abierto hace tiempo y que podría cerrarse durante la Presidencia española, existe ya un claro consenso en cuanto a que debe formularse en torno a patrones que aborden la complejidad de la deuda más que a límites estrictos como los actuales (ver la propuesta de Olivier Blanchard et al., Peterson Institute for International Economics). Lo ideal sería poder ir incluso más lejos, definiendo el concepto de sostenibilidad fiscal estructural en Europa y en cada uno de los países, permitiendo la medición singular de riesgos, y teniendo en cuenta también las consecuencias de la centralización de una parte de la deuda (como la del NextGeneration). La sostenibilidad fiscal debe ser considerada, pero también el cómo tener una política fiscal a nivel europeo que sea productiva y efectiva, que permita que haya coordinación entre países, una cierta centralización y, en general, un mejor uso de esta herramienta fiscal.
Asimismo, se ha comprobado que el procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) no sido económicamente coherente, al propiciar ajustes siempre por el mismo lado, y ni siquiera tras su corrección recuperó la lógica esperada (desigual tratamiento del superávit en cuenta corriente y del déficit público). Otra cuestión para resolver en 2023.
También está abierto el debate acerca de si, a partir de NextGenerationEU, se podrá crear un instrumento estructural europeo. Ucrania y la pandemia, como shocks exógenos externos, han demostrado la necesidad de poder impulsar desde Europa inversiones imprescindibles a medio plazo. También el cambio climático o la digitalización lo exigen. Todo ello exige un cambio de mentalidad que facilite utilizar financiación pública para la innovación y la inversión a futuro. Este debate es complementario al de los nuevos ingresos para financiar las políticas comunes en la UE e incluso la deuda. Así, los impuestos en la economía no verde, a nivel europeo, pero también con instrumentos como el mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono, podrían constituirse en fuentes de recursos para fines medioambientales o para reforzar desde Europa, conjuntamente, la resiliencia económica. Otros siguen pendientes de su aprobación o reforma, como los impuestos digitales o los basados en el comercio de derechos de emisiones de carbono (RCDE).
Los próximos meses serán decisivos para configurar la salida europea de la actual crisis y su respuesta ante el próximo ciclo económico, que se va a caracterizar por una ruptura y fragmentación de la globalización tal y como la hemos conocido hasta ahora, y por la obligatoriedad europea de hacer realidad en todos sus componentes su autonomía estratégica para no quedar atrapada en la pinza EEUU-China. Para ello, acertar con la gobernanza económica es una condición necesaria; imprescindible, pero no suficiente. Han pasado los tiempos en los que la estabilidad macroeconómica garantizaba el crecimiento y el liderazgo global sustentados en el fluir del Mercado Único; ahora es necesaria una Unión proactiva, inversora, que incentiva la cooperación pública-privada, con nuevos instrumentos comunes más potentes y eficaces, y 2023 será un año clave para ello.
