La controversia sobre el modelo de gobierno judicial en España está marcando la agenda política en nuestro país. Uno de los motivos tiene que ver con la imagen de nuestra Justicia que el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) proyecta ante la ciudadanía. Así, durante el discurso de apertura del año judicial, el Presidente del CGPJ aludió a la “percepción negativa, muy generalizada, de politización, de manejo interesado por los políticos, que compromete su apariencia de neutralidad y la confianza en la Justicia”.
Los modelos de gobierno judicial son bastante heterogéneos entre los Estados miembros de la Unión Europea. En Alemania, Austria y la República Checa, la autoridad que gobierna a los jueces es el Ministro de Justicia. En los países en los que encontramos autoridades independientes, estos se dividen entre aquellos que optan por un Courts Service (como los países Escandinavos), con competencias sobre todo de gestión, y el modelo del Consejo Judicial, con funciones amplias, que incluyen poderes sobre las carreras judiciales. Y entre los países que optan por un modelo de Consejo Judicial, además, los hay que cuentan con una mayoría de vocales elegidos por actores políticos (tal es el caso de España), y aquellos en los que predominan los elegidos por los propios miembros de la carrera (como en Italia). Esta última forma de gobierno judicial es, frecuentemente, llamado en la comunidad académica 'euro-modelo'.
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Una interesante paradoja es que, en la UE, las percepciones de independencia judicial (véase el Justice Scoreboard, elaborado por la Comisión Europea)
se sitúan a menudo por debajo de la media europea en aquellos Estados en los que existe un Consejo Judicial, siendo bastante negativas en dos de los países que más se adaptan al 'euro-modelo' de gobernanza judicial, Italia y Rumanía. ¿Significa esto que ha fracasado el 'euro-modelo'? Lo cierto es que, con la evidencia de que disponemos, no está tan claro.
En primer lugar, las percepciones de independencia judicial no necesariamente se corresponden con la independencia judicial real. La confianza pública en la Justicia es muy importante y, en general, un cierto nivel de confianza en las instituciones es esencial para conseguir democracias resilientes. Pero al confundir confianza en la Justicia con independencia judicial real podemos caer en un error. La cuestión se vuelve más compleja si consideramos el papel de mediación entre instituciones y ciudadanos que llevan a cabo los actores políticos, sociales y legales. Los ciudadanos normalmente acuden a los argumentos proporcionados por aquellos actores dominantes en el debate público y que les ayudan a formarse una opinión sobre el funcionamiento de la Justicia. En esta línea, en tiempos de polarización, es plausible que los partidos tomen posiciones más extremas respecto a la independencia judicial. Esta polarización, salpicada de acusaciones de partidismo de la judicatura en procesos de nombramientos y decisiones judiciales, es probable que no ayude a crear una imagen positiva de la Justicia entre nuestra ciudadanía, independientemente del modelo de gobierno judicial que tengamos.
Segundo, las correlaciones entre modelos de gobierno judicial y percepción ciudadana de independencia judicial pueden enmascarar el impacto de otros factores. Uno de ellos es la confianza institucional en general. Por ejemplo, en los países escandinavos con modelos de Courts Service, en los que no se ha seguido el 'euro-modelo' de gobierno judicial, los ciudadanos tienen una alta confianza en la Justicia, y una alta percepción de independencia judicial. Pero ocurre que, en estos Estados, los niveles de confianza en todas las instituciones políticas, como el parlamento, son bastante altos. Así que, posiblemente, la confianza en la judicatura de daneses o suecos no tenga tanto que ver con la ausencia del 'euro-modelo' en estos países, sino con variables vinculadas a la confianza general en las instituciones del Estado. En relación a ello,
sabemos que los países europeos que han optado por el euro-modelo son, con frecuencia, aquellos con pasados autoritarios más recientes. En dichos países, es posible que los ciudadanos tengan una peor percepción de independencia judicial. Pero, de nuevo, tal vez ello no sea tanto por la implantación del 'euro-modelo', sino por la existencia de democracias más jóvenes y con instituciones políticas menos arraigadas.
Parece estar claro entonces que el éxito o fracaso del 'euro-modelo' tiene un componente contextual que nos hace atender a factores extrajudiciales. Dicho de otra forma, su rendimiento podría estar relacionado con algunas de las causas -ya mencionadas- relativas a la confianza en otras instituciones democráticas y a la estrategia de enmarcado mediático y discurso político que se realiza en el debate público. Lo que sí es reseñable, pues es uno de los principales puntos críticos de la discusión sobre los Consejos Judiciales, es que tanto en los países con Consejo Judicial donde las percepciones de independencia judicial son relativamente más positivas (por ejemplo, en Francia) como en aquellos donde son más negativas (como en Italia), los vocales que son jueces son elegidos por los propios miembros de la judicatura. La lógica obliga a pensar que deben existir otros factores, distintos del propio sistema de elección de vocales, que expliquen esta diferencia.
Con frecuencia, el debate en España sobre gobierno judicial se basa en intuiciones con una fuerte carga ideológica. Por suerte, la experiencia comparada, así como el conocimiento académico acumulado sobre política judicial, nos puede ayudar a matizar estas intuiciones. De este modo, podríamos reconducir nuestro debate público hacia formas más sosegadas y argumentos más matizados. Y, en el mejor de los casos, esto podría mejorar la percepción ciudadana sobre nuestra Justicia, al despolitizar, precisamente, el debate sobre la politización del CGPJ. No se trata, pues, de sustraer este debate de nuestra esfera pública. Más bien al contrario, se trata de ofrecer a la ciudadanía un debate de calidad acerca de cómo mejorar nuestra Justicia y su gobierno.
Un debate de las características que proponemos, sosegado y basado en evidencias, conocimiento acumulado y comparaciones, es particularmente urgente a la luz de la importancia que los modelos de gobierno judicial están adquiriendo en la Unión Europea. Es bien sabido que la crisis del Estado de Derecho se sitúa hoy en día entre los principales temas de la agenda de la UE. Los retrocesos democráticos acontecidos en Polonia y Hungría, en los que la captura de los tribunales por parte de los ejecutivos ha puesto en jaque la separación de poderes, han hecho que la Comisión preste más atención que nunca a la protección de la independencia judicial en los Estados miembros. Todos estos episodios no hacen sino dar más visibilidad a la controversia en nuestro país en torno a nuestro modelo de gobierno judicial.
Dado, pues, el tamaño del desafío, qué menos que tratar de tener un debate sobre gobierno judicial a la altura del mismo. Un debate que, por su forma y su contenido, contribuya a una Justicia en la que la ciudadanía pueda confiar.
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