A España le falta Estado. En muchos sentidos. Estado de bienestar (insuficiente en sus diversas dimensiones, y muy especialmente en educación) y capacidad pública suficiente para impulsar la tecnología y la industria ante las nuevas oportunidades, instrumentos y desafíos, etc. Entiéndase por Estado las administraciones públicas en sus diversos niveles (central, autonómico y local), aunque la desigualdad en empleados públicos y funcionarios sea notable entre ellas, dadas las transferencias de competencias, presupuestos y personal. La Unión Europea, supraestatal en algunas dimensiones, ayuda, pero no suple esta falta de Estado. De ella se resiente el sector privado, en unos momentos en que los grandes proyectos de transformación en España y en el conjunto de Europa son necesarios, especialmente en su faceta público-privada. Para tener un sector privado fuerte, incluso una sociedad civil fuerte (por mucho que Margaret Thatcher negara su existencia), hace falta que el sector público lo sea también, con capacidad de impulsar dinamismo en todos los sentidos.
El dinero que está llegando a España procedente del Next Generation Fund de la UE (cerca de 70.000 millones de euros en ayudas no reembolsables y otros tantos en posibilidad de préstamos que a medida que suben los tipos de interés resultan más atractivos), será muy positivo para la transformación. Aunque quizás hubiera sido útil una agencia central como en Italia y Portugal, el plan para utilizar los fondos europeos está bien diseñado, salvo por una cosa: la falta de suficiente capacidad de las administraciones públicas para aplicarlo, incluyendo, por supuesto, a la pequeña y mediana empresa para sacar todo el provecho de él. Falta capacidad de gestión pública, no tanto en lo que respecta a funcionarios y empleados públicos en abstracto, sino bien asignados y formados. En este entorno insuficiente sacan provecho las consultoras que, si bien son necesarias dentro de ciertos límites, han sido muy criticadas por la economista Mariana Mazzucato, defensora del ‘Estado emprendedor’ y de políticas público-privadas transformadoras. Hay excepciones notables, como la gestión que está haciendo el organismo red.es, del programa de ‘Kit Digital’ (hasta 6.000 euros) para las pymes, descentralizándolo.
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Ahora que el debate sobre los impuestos ha entrado de lleno en la política de este país -si bien podría haber sido conveniente integrarlo en las negociaciones a varias bandas sobre un pacto de rentas ante la actual crisis-, conviene recordar que la presión fiscal en España se sitúa 5 puntos por detrás de la media de la UE, y 6,3 puntos de la zona euro (datos de 2017, aportados por un reciente informe de la Fundación La Caixa). El gasto de las administraciones públicas en proporción al PIB (42%) es inferior al de la UE-15 (46%), con un peso menor de los ingresos públicos y uno mayor de la deuda (116%), lo que hipoteca el futuro y reduce el margen de maniobra. Según un estudio del
Banco de España,
la gran diferencia con los Estados europeos comparables está en las partidas en educación e inversión pública, proporcionalmente menores en España (no así las prestaciones sociales como pensiones -Bruselas sigue exigiendo su revisión- y prestaciones por desempleo),
situación que se suele asociar a menores tasas de crecimiento potencial de la economía y a menor capacidad de reducción de la desigualdad. Los nuevos presupuestos pactados por el Gobierno de coalición siguen en esta dirección, aunque aumentan la inversión pública gracias, en gran parte, a los fondos europeos.
La idea de que bajar los impuestos impulsa casi automáticamente el crecimiento es una “creencia doctrinal”, como la definía el poco sospechoso de izquierdismo Financial Times. Esto se ha visto en lo ocurrido en el Reino Unido con los recortes de impuestos a los ricos y de gasto social que planteó nada más llegar a
Downing Street la primera ministra Liz Truss y su canciller del Exchequer Kwasi Kwarteng. Tras su intento frustrado de economía vudú, han tenido que rectificar. Claro que
España tiene un problema adicional: más que el nivel de los impuestos, las carencias en recaudación. Entre otras razones por una economía sumergida y un fraude fiscal elevado (por encima del 20%, aunque no mucho más que Alemania, donde oscila entre 15-16%).
Falta capacidad de control (inspectores y técnicos de Hacienda) en comparación con otros países avanzados; es decir, en esto también falta Estado.
Asimismo, para hacer política industrial, tan denostada hasta no hace mucho y ahora prioritaria y cada vez más necesaria, también hace falta Estado. Para ello se necesita más inversión pública que propicie más inversión privada, sobre todo en tecnologías intensivas en capital, con riesgos, incluida la llamada tecnología profunda (deep tech). Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos o los países nórdicos nos llevan la delantera, muchas veces por medio de fondos soberanos nacionales de los que España carece. La SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), heredera del INI (Instituto Nacional de Industria), no tiene esa función.
EEUU ha venido impulsando su innovación durante décadas desde el Estado a través del Pentágono con sus gastos en defensa. Por ejemplo, a través de la DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa), que tanto ha aportado: Internet, el GPS, las pantallas táctiles o las vacunas ARNm contra el COVID, entre otros. Biden ha lanzado ahora una ARPA para cuestiones de salud. Sin este empuje, no se habría innovado en muchas cosas que han cambiado nuestra vida y nuestras formas de relacionarnos. ¿Para cuándo las ARPAs españolas, que necesariamente habrían de tener una dimensión europea o de mayor alcance?
En materia de fondos soberanos de inversión, Francia cuenta con el bien dotado Bpifrance y Alemania con el Fondo del Futuro (Zukunftsfonds).
Parece como si la aspiración de España se limitara a atraer inversiones de fondos soberanos extranjeros, y otros privados, y a impulsar algún campeón nacional (es lo que se está intentado con Indra). Pese a ello, se están estableciendo nuevos organismos como la Agencia de Supervisión Inteligencia Artificial o la Agencia Aeroespacial Europea, dos sectores que marcan el futuro. Los PERTES (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) son también una buena fórmula público-privada que además impulsan la colaboración entre empresas grandes y pequeñas, pero les falta músculo burocrático, Estado.
En algo en lo que también vamos retrasados como sociedad es en la educación pública. El sindicato CCOO apunta que hay una carencia de 84.055 docentes para cubrir las necesidades de este sector. Los ministerios y diversos organismos se han quedado pequeños para gestionar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que, sin embargo, como hemos dicho del europeo, está bien diseñado, tal y como ha reconocido la Comisión Europea.
La oportunidad de transformación -ecológica, digital y otras-
es excepcional con esta ayuda europea única, la cual probablemente no volverá a presentarse en lustros, sobre todo si se queda corta en éxito.
Ahora bien, la lentitud, al menos inicial, en la ejecución de estos fondos no sólo se debe a la falta de gestores adecuados suficientes por parte del sector público, sino también a la pasividad de algunas empresas. Según un informe de Hiscox y KPMG, sólo un 2,4% de las pymes -que forman la mayoría de la economía española- y únicamente un 2,1% de los autónomos han intentado acceder a ellos desde que se abrieron en 2021.
Lo privado necesita lo público. Y viceversa. La falta de Estado supone carencias para todos. Lograr más y mejor Estado -en otras dimensiones, también- tiene que ser parte de la transformación general del país, incluido cómo se reparten los haberes públicos a todos los niveles. No está en juego solo el presente, sino el futuro.
