El contrato social adoptado por las sociedades europeas tras la Segunda Guerra Mundial se encuentra profundamente erosionado desde el punto de vista de la inclusión social. Ese contrato que ha unido las sociedades occidentales y ha creado unas expectativas de progreso y desarrollo socioeconómico ahora se encuentra diluido, haciendo que dichas sociedades se encuentren divididas, frágiles y polarizadas. Existen mecanismos globales de inclusión que juegan un papel vital en la recuperación de nuestro progreso social, especialmente en los colectivos más vulnerables, como el Plan de choque de Atención a la Dependencia o la Tarjeta Europea de Discapacidad, así como en mecanismos de intervención estratégica como la excepción ibérica, que ha conseguido fijar un precio tope del gas en España y Portugal para mitigar el impacto de la subida de los precios en el mercado de la electricidad. Son señales de que las políticas de inclusión y cohesión social se traducen en acciones específicas y benefician al conjunto de la ciudadanía, pero tenemos que hacer más.


Es necesario activar todas las herramientas a nuestra disposición para recuperar ese pegamento social que actúa como nexo unificador en nuestras sociedades. Tenemos que abordar las causas de nuestra actual situación de fragilidad social, como son las desigualdades tanto de renta como de expectativas. Según el Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, contamos con tres recursos indispensables: los derechos sociales, la fiscalidad y el mercado laboral. El primero nos debe permitir reorganizar los cuidados y atenciones en la sanidad, la educación y la ayuda a la dependencia, reconstruyendo nuestro sentimiento de pertenencia a ese proyecto de ciudadanía común que llamamos Europa; el segundo nos ayuda a alejarnos de la idea de democracia iliberal y a proveer la seguridad de nuestras sociedades; el tercero se entrelaza con el reequilibrio en la redistribución, no solo de la renta sino también del propio mercado de trabajo, aunando una inversión social que permita una mayor integración y una igualdad en materia de género y que fomente la emancipación de la mujer. Son mecanismos necesarios que requieren muchos esfuerzos, pero que resultan imprescindibles para continuar la senda integracionista y negociar acciones concretas tanto en nuestro país como en las instituciones europeas.Desde la Unión Europea (UE), actualmente avanzamos con nuevas medidas -como en los salarios mínimos- que están creando una base que brinde mayor igualdad de oportunidades y desestrese nuestra sociedad, ampliando—entre otras cosas—la cobertura de negociación colectiva para que consigamos alcanzar lo consagrado en la Carta Social Europea. Pero España y la UE necesitan invertir más y mejor en los esfuerzos sociales, porque hemos demostrado en el pasado que las ideas que abandera España en Bruselas se traducen en acciones específicas de una importancia vital para nuestra sociedad. En 2010 – cuando España presidía la Unión- la idea española en materia de protección a mujeres afectadas por violencia de género más allá de las fronteras nacionales se materializó en la Orden de Protección Europea. Esta oportunidad se nos puede presentar de nuevo, teniendo en cuenta que España volverá a asumir la Presidencia europea de julio a diciembre de 2023 en un momento donde se espera que maduren decenas de procesos legislativos. En estos momentos, nos avisa la comisionada especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua del Gobierno de España Cristina Gallach, está sobre la mesa de los eurodiputados y del Consejo de Ministros una directiva para luchar contra la violencia de género y proteger a las mujeres. Si no madura y no se llega a conclusión en los próximos meses, podrá también liderarla España en las negociaciones con los grupos formados para cada una las propuestas legislativas donde participan representantes de la Comisión, el Consejo y el Parlamento (también conocidos como los trílogos). 

Si bien la UE no cuenta con competencias para legislar en el área de los derechos sociales, eso no debe eximir de su relevancia para avanzar en otras áreas que sí inciden en el ámbito social y que nos afectan a todos los ciudadanos que conformamos las sociedades europeas. El mercado laboral, la educación, los jóvenes e indiscutiblemente la cuestión de género son asuntos que deben abordarse en el seno de la UE en los próximos meses. Como insiste Cinzia Alcidi (directora de investigación y jefa de la Unidad de Política Económica, Empleo y Cualificaciones del Centre for European Policy Studies (CEPS)), la UE debe incrementar su inversión social cubriendo todo el ciclo vital de las personas, desde los primeros cuidados en la infancia, pasando por el apoyo en la educación primaria y el aprendizaje en la edad adulta, hasta el apoyo de los permisos de paternidad y maternidad. Esto debe permitir una mayor participación y conciliación de todos los sectores de la sociedad, considerando las diferentes culturas y mentalidades que existen en los diferentes Estados miembro de la Unión.



La doble transición digital y energética tendrán un efecto enorme sobre el mercado de trabajo y la inclusión e integración social. Nuevos y diferentes empleos están emergiendo mientras que otros se encuentran condenados a desaparecer. La agenda política debe priorizar la reeducación y el aprendizaje continuo de muchísimos trabajadores. España tiene además una oportunidad única de influir en los actuales procesos en curso, desde lo más estratégico de las políticas económicas y fiscales con la reforma del Pacto de Estabilidad de la UE y su Golden Green Rule en materia de inversiones en materia climática y el ritmo de reducción de la deuda pública, hasta el sistema de gobernanza fiscal o los últimos detalles de la 'Data Act' en la gestión de los derechos digitales.

Es en este tipo de políticas donde la Unión, y donde España dentro de ella como candidata a asumir la Presidencia del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023, debe invertir los esfuerzos. Muchos procesos legislativos que repercuten en el ámbito social se encuentran en marcha en los trílogos europeos, pudiendo transformarse en ley y transponerse en nuestro ordenamiento jurídico para conseguir avanzar en una agenda progresista de integración europea. Como nos explicaba Cristina Gallach, se calcula que habrá 120 procesos legislativos que pueden madurar durante el liderazgo de España en el segundo semestre de 2023. En mayo de 2024 se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo, por lo que la siguiente presidencia (donde Bélgica recogerá el testigo) será muy corta a causa de las elecciones y del consiguiente fin de la legislatura europea. Nos encontraremos, por tanto, en un periodo táctico vital, y será el momento de concretar y cerrar las negociaciones legislativas.