Los ciudadanos de la Unión Europea están experimentando una inflación que no se veía desde hace décadas. En Alemania ha alcanzado los dos dígitos, con un 11%, mientras que en Austria la tasa es del 9,3%. Estos índices se deben a la interrupción de las cadenas de suministro y a la escasez de recursos fósiles -provocada por la crisis del coronavirus y la guerra de Ucrania-, de los que los dos países eran extremadamente dependientes hasta hace poco. Los precios se están disparando no sólo en el suministro de energía, sino también en todos los demás productos esenciales, incluidos los alimentos.
Al mismo tiempo, las empresas de ciertos sectores están obteniendo beneficios excesivos debido a la escasez de estos recursos estratégicos. Dado que los mecanismos del mercado ya no funcionan en esta constelación, es tarea del Estado intervenir con una política reguladora.
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El gigante energético estadounidense Exxon Mobile anunció unos beneficios de 17.900 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022, frente a los 5.500 millones del primero, triplicando sus ganancias. El beneficio de BP en el primer trimestre triplicó los
9.100 millones del año pasado. El grupo energético alemán RWE también lo aumentó en más de un tercio, hasta los
2.800 millones de euros, en el primer semestre de 2022. Y la empresa austriaca ÖMV registró unas
ganancias del 124% en los dos primeros trimestres.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo: "Nos aseguraremos de que todo el mundo sepa que Exxon tiene beneficios". Su reproche llevaba implícito que los beneficios de la empresa no estaban relacionados con un mayor rendimiento, conseguido gracias a la inversión y el progreso tecnológico. Por el contrario, las empresas que ocupan posiciones estratégicas de oligopolio y monopolio parecen aprovecharse de la dependencia de los consumidores durante la crisis y cobran precios irrazonables por productos para los que no hay alternativas.
'Explotar la guerra'
En EE.UU. esto se conoce como ‘inflación de la codicia’ (
greedflation en inglés). En Europa, por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró su oposición a este fenómeno en su discurso sobre el estado de la Unión: "En estos tiempos es un error aprovecharse de unos beneficios extraordinarios sin precedentes explotando la guerra en detrimento de los consumidores".
En la visión tradicional del mercado, centrada en la corrección de los desequilibrios entre la oferta y la demanda, la maximización ilimitada de los beneficios por parte de las empresas es una consecuencia lógica y no puede calificarse de codicia. La inflación de la codicia, en cambio, pone en tela de juicio si los elevados precios de venta compensan realmente el aumento de los costes de producción o si sólo reflejan un comportamiento de búsqueda de rentas permitido por el poder monopolístico u oligopolístico para fijar las condiciones del mercado. Incluso los defensores de una economía de
libre mercado pueden
dudar del poder de autorregulación de mercados así estructurados.
El poder de fijación de precios de las empresas en los mercados monopolizados es tan grande que la inflación se acelera. Las ganancias inesperadas obtenidas conducirán casi inevitablemente a una crisis social, a menos que la inflación se amortigüe con el aumento de los salarios, sobre todo teniendo en cuenta que desde 2020 la relación salario-precio ha entrado en una espiral descendente. En EE.UU, por ejemplo, el 61,8% de los aumentos de precios entre 1979 y 2019 puede atribuirse a los aumentos salariales, pero
desde 2020 este porcentaje es solo del 7,9%.
Entonces, ¿estamos entrando en una época "en la que la acción importa y la historia se construye"? ¿Una época en la que los sindicatos alemanes y británicos participan en las negociaciones salariales exigiendo un aumento del 10 por ciento o los sindicatos industriales franceses hacen lo propio con un 25 por ciento del salario mínimo?
Impuestos extraordinarios
La carrera entre beneficios y salarios puede amortiguarse con un impuesto sobre los beneficios extraordinarios. Las ganancias desproporcionadas que no supongan un aumento significativo del rendimiento o de los costes de producción deberían ser 'gravadas'.
En EE.UU., este planteamiento fue puesto en la agenda por el senador de izquierdas Bernie Sanders en marzo. La idea no es nueva: durante las dos guerras mundiales, entre otras cosas, se introdujo en EE.UU. un impuesto sobre el
exceso de beneficios de hasta el 95% para retirar la plusvalía que ganaban las empresas como consecuencia de los acontecimientos bélicos extraordinarios. Este instrumento se utilizó por última vez durante la crisis del petróleo en los años 80.
Entretanto, varios Estados miembros de la UE han introducido un impuesto sobre este exceso de beneficios. En el Reino Unido el tipo es del 25%. En España está previsto que el impuesto devengue 7.000 millones de euros en los próximos dos años. Noruega espera un aumento de los ingresos fiscales del 50% este año.
En Austria, la aprobación política es cautelosa, aunque la Federación Sindical Austriaca supone que podrían generarse así entre 4.000 y 5.000 millones de euros al año. Pero muchos gobiernos indecisos pueden verse superados por la UE: en su propuesta de reglamento sobre medidas de emergencia en respuesta a los altos precios de la energía, la Comisión propone una 'tasa de solidaridad' sobre los beneficios excesivos del sector fósil este año. Debería ascender al 33% de los beneficios imponibles.
Desde el punto de vista sindical, una cosa está clara: el mito de que las empresas merecen altos beneficios, independientemente de la estructura del mercado, es insostenible en tiempos de guerra. Como dijo acertadamente von der Leyen, "los beneficios deben ser compartidos". Los sindicatos le tomarán la palabra a la presidenta de la Comisión y se asegurarán de que estas declaraciones no caigan en saco roto.
