Buenos Aires ha sido el epicentro de una serie de reuniones de alto nivel con la celebración del Trigésimo noveno período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y, el 27 de octubre pasado, con la III Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores UE-CELAC. Esta última marcó el fin de un impasse de cuatro años sin encuentros presenciales entre representantes de alto nivel de ambos lados del Atlántico. 

Las conclusiones han dejado una hoja de ruta hacia 2023 con la que se busca materializar un salto cualitativo en el compromiso birregional. El momento insigne será la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE-CELAC prevista para el segundo semestre de 2023 bajo la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Este evento estará precedido por una serie de reuniones enmarcadas en los ejes de trabajo definidos de manera conjunta durante esta reunión: la recuperación económica tras la pandemia, con foco en la cohesión social; la lucha contra el cambio climático y la gestión de los riesgos de catástrofes; la agenda digital; y el multilateralismo, con énfasis en la cooperación en el ámbito de la seguridad, la gobernanza y la protección de los derechos humanos. 

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El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell insistió, además, en la importancia de avanzar en la modernización y culminación de la red de acuerdos comerciales y de asociación entre ambas regiones, un área de trabajo que se pretende cobre mayor impulso en los próximos meses. En particular, con la victoria de Lula da Silva en Brasil, se espera una reapertura de las negociaciones del Acuerdo UE-Mercosur enmarcadas en una agenda de reindustrialización promovida por este frente a un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea que suele ser percibido como una medida proteccionista de la industria europea. 

Otro de los grandes ejes transversales de trabajo será el de la transición energética. Los discursos predominantes, sin importar que se expresen desde una mirada más radical o que se fundamenten en las posibilidades que otorga el desarrollo productivo verde, se estructuran en torno a una concepción de la transición como motor de un renovado proceso de democratización con mayor inclusión social, mayor autonomía estratégica y de una descarbonización necesaria para cumplir con las metas para mitigar el cambio climático. Si bien el potencial de una transición reflexionada en esos términos es real, así como las posibilidades que abre para un nuevo posicionamiento de las relaciones entre la UE y ALC, la configuración del mundo post-carbono, tal como lo ha demostrado Pierre Charbonnier en las columnas de la revista francesa Le Grand Continent, es un espacio de rivalidades estratégicas, enmarcado ahora por la ecología de guerra en Europa. Este espacio no se encuentra desprovisto de oportunidades, desafíos y contradicciones para la otra relación transatlántica.

La ecología de guerra supone confirmar el ímpetu de la UE hacia las energías renovables, con resultados esperables a mediano plazo, pero también una aceleración del reajuste de proveedores a corto plazo, tal como se plantea en el plan REPowerEU presentado por la Comisión Europea para asegurar en 2027 la soberanía energética con respecto a Rusia. 

Reajuste de proveedores e inclusión del gas y de la energía nuclear en la taxonomía verde emiten una señal contradictoria a los socios de la UE, que encuentran allí, ya sea en el marco de una lógica exportadora y/o a través de una referencia al poder normativo de Europa, razones lógicas para fundamentar la inversión en infraestructuras de combustibles fósiles y nucleares. Dicha inversión ha sido respaldada además por Borrell. No solo ha expresado en la Sesión Plenaria UE-CELAC su deseo de ver cómo los 'hidrocarburos [de la región] pueden hacer el puente entre la época del carbón y la época de la energía renovable y verde', sino que también se ha trasladado hasta la provincia de Neuquén. Ese traslado se dio como antesala a la visita de los embajadores europeos a mediados de noviembre con la que el gobernador Omar Gutierrez buscó convencer que Europa apueste por el gas de Vaca Muerta. Grandes países como Argentina, pero también México, y otros más pequeños como Trinidad y Tobago, siguen apostando por sus amplias reservas de combustibles fósiles para sus matrices energéticas y proyectos orientados a la exportación. 



Esta señal se une a las legítimas percepciones en la región del escaso impacto ambiental de sus emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global que subyace al principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Así lo resaltó Alberto Fernández en su discurso durante la Sesión Plenaria UE-CELAC al plantear que la región 'no está en la primera línea de emisión de carbono, (…). Sin embargo el cambio climático se ve todos los días en el Caribe, que tiene responsabilidad cero'. 

La necesidad de generar divisas, incluso mediante una apuesta por combustibles fósiles, en una región atravesada por las brechas de bajo crecimiento y de desigualdad, como sostén de un crecimiento indispensable para cualquier política redistributiva, acentuada además en algunos países por la presión de la deuda externa y la necesidad de asegurar estabilidad macroeconómica y social a corto plazo, implica varios riesgos. En primer lugar, las nuevas infraestructuras financiadas pueden  convertirse en activos varados a mediano plazo. La dilatación de las inversiones en energías renovables (y los ecosistemas científico-tecnológicos asociados) implica costos de oportunidad futuros y un riesgo de perpetuación de la subordinación en el orden internacional. En líneas similares se posiciona el recientemente publicado informe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente que desaconseja la inversión en gas natural en la región. 

Una eventual consolidación de la estabilidad y legitimidad de los sistemas políticos en torno a un nuevo ciclo extractivista, incapaz, tal como se ha demostrado en los últimos años, de cerrar esas brechas estructurales supone un riesgo en una región donde los actores sociales construyen un pensamiento bastante avanzado en términos de políticas públicas en torno a alternativas a los modelos históricos de desarrollo. ALC cuenta con vastos recursos energéticos que hoy se presentan como indispensables para la transición energética: 63% de las reservas de litio a escala global, 33% de las de cobre, 32% de las de níquel y plata cada una, y un gran potencial para la producción de hidrógeno verde. Por el momento, la gran mayoría de proyectos está orientado a la exportación.

Las posibilidades que ofrece la transición energética para América Latina y el Caribe (ALC) requieren de financiación para materializarse. Una asociación birregional sincera y de confianza supone que la UE demuestre activamente que escucha las demandas, percepciones y necesidades de ALC, como por ejemplo la del canje de deuda por acción climática, reconociendo sus costos ambientales y el valor de sus servicios ambientales.

Las asociaciones deben ofrecer espacio de acción a diversos actores económicos y sociales de ALC, como impulsores de empleo, innovación e industrialización, por un lado, y de la recomposición del tejido social, por el otro. Se debe pasar de una primera visión cortoplacista y utilitarista de la asociación vinculada a una posición de ALC como proveedora de recursos para suplir las necesidades de Europa como consecuencia de la guerra de Ucrania, a una de largo plazo que contribuya a la diversificación de la matriz energética de las economías latinoamericanas. 

La UE puede demostrar su compromiso por un avance de la región en el desarrollo de las cadenas de valor con su apoyo a iniciativas que comienzan a surgir como, por ejemplo, la estrategia común de gobernanza en el Triángulo del Litio (Argentina, Bolivia y Chile) para desarrollar desde la exploración y explotación hasta la producción de celdas y baterías en serie a baja escala.

La Cumbre UE-CELAC de 2023 ofrece la posibilidad de establecer un gran hito en la estructuración de un diálogo político de alto nivel para abordar la transición energética como una oportunidad de acercamiento estratégico.