El Acuerdo por Chile anunciado el lunes 12 de diciembre, tiene por objetivo abrir un nuevo proceso constituyente después del rechazo al proyecto de nueva Constitución el pasado 4 de septiembre. Este Acuerdo fue posible a partir de una amplia convergencia desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) al Partido Comunista (PC) para posibilitar un nuevo proceso constituyente vía reforma constitucional. El Acuerdo fue suscrito por 14 partidos de gobierno y oposición, además de 3 movimientos políticos. Sin embargo, el diseño propuesto para el órgano redactor del nuevo texto augura una intensa discusión en el Congreso entre 'Ángeles y Demonios'.  

A pocos días de ocurrida esta convergencia de fuerzas políticas diversas, ya irrumpen voces disidentes desde la coalición oficialista Apruebo Dignidad, particularmente en el PC y Comunes que esperan durante la discusión legislativa realizar indicaciones al Acuerdo por Chile para eliminar posibilidades de 'tutelaje del proceso'.

Precisamente, porque después del fallido proceso de la Convención Constitucional se observa un resurgimiento de actores aversos al cambio, es posible que el aspecto gradualista de este segundo proceso corresponda más a la necesidad de culminar con éxito este momento constituyente que a un interés por paralizarlo o sabotearlo. Esto es, un proceso diseñado con mayor realismo político.

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Las diferencias en las orgánicas propuestas en 2019 y 2022 dan cuenta de este giro hacia el realismo. A diferencia del primer proceso constituyente, donde el órgano redactor fue la Convención Constitucional, el Acuerdo político para el segundo proceso constituyente contempla tres órganos: el Consejo Constitucional (CC), la Comisión Experta (CE) y el Comité Técnico de Admisibilidad (CTA).

En el caso del Consejo Constitucional (CC), la propuesta de los partidos considera 50 integrantes elegidos por sufragio universal y obligatorio, siguiendo el diseño de las circunscripciones senatoriales. Este órgano estará integrado por escaños indígenas supernumerarios en proporción al nivel de participación electoral y definirá su composición general en base al principio de paridad de entrada y salida. El objetivo del CC consiste en discutir y aprobar el texto del proyecto de nueva constitución que deberá ser plebiscitado en el plebiscito de salida. 

La Comisión Experta (CE) se integrará por 24 profesionales de 'indiscutible trayectoria' que serán elegidos por partes iguales por el Senado y la Cámara de Diputados (12 por cada cámara). Los objetivos de esta instancia consisten en elaborar el anteproyecto sobre el cual discutirá el CC e integrar las comisiones mixtas cuando una propuesta no consiga en el CC el quorum de 3/5 para aprobar o 2/3 para rechazar.  

Finalmente, el Comité Técnico de Admisibilidad (CTA) será integrado por 14 juristas elegidos por el Senado a propuesta de la Cámara de Diputados. La misión del CTA es la revisión de las normas aprobadas y su concordancia con las 12 precondiciones denominadas 'Bases Constitucionales' que forman parte del 'Acuerdo por Chile'.
 
La discusión sobre el 'tutelaje' de los órganos redactores propuestos sin duda es un asunto relevante en lo estratégico que afectará la legitimidad de origen de la nueva Carta Fundamental e incidirá en el resultado legislativo del proyecto de reforma constitucional destinado a materializar el nuevo proceso y sus mecanismos. 

Para sectores de la extrema derecha del Partido Republicano y para el Partido de la Gente (PDG) de orientación populista, este segundo Acuerdo es una copia del proceso anterior y por tanto, no cabe sino esperar un nuevo fracaso. Se argumenta desde aquel sector una eventual 'traición' a la voluntad popular debido a que la actual Constitución prescribe que ante el triunfo del Rechazo debe mantenerse la Carta Fundamental vigente y el proceso llega a su fin (art.142). Por cierto, este articulo no impide que se inicie desde el legislativo un nuevo proceso si la voluntad política de los actores consigue alcanzar el quorum calificado de 4/7.  

Por el lado de la izquierda más 'dura', el mecanismo propuesto sería una manifestación de un procedimiento tutelado con dispositivos contra-mayoritarios que buscan imponer los intereses de actores aversos a los cambios por sobre las preferencias de la ciudadanía. Olvidan demasiado rápido quienes suscriben esta mirada que el rechazo se impuso ampliamente (Rechazo 62% vs Apruebo 39%) con una declinación previa del prestigio de la Convención y con cuestionamientos sustantivos al contenido de la propuesta. 



Sin duda, la discusión legislativa para aprobar la reforma por 4/7 tensionará las dos coaliciones oficialistas de Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, comprometiendo la gestión legislativa del Acuerdo por Chile. Probablemente, la alta fragmentación del Congreso Nacional, no impedirá que en lo aritmético se alcancen los quórum para impulsar un segundo proceso, pero dependiendo de la composición de la votación, podría generar costos importantes para el gobierno en su propósito de alinear a los partidos del oficialismo. Es decir, la dificultad no sería aritmética sino de congruencia estratégica entre el gobierno y las dos coaliciones oficialistas.
 
Considerando a la totalidad de los partidos que firmaron el Acuerdo por Chile, la reforma contaría en la Cámara Baja con 121 de los 155 diputados (Nota 2). Debido a que el quórum de reforma es de 4/7 (89 diputados) existe espacio para perder 32 diputados en la discusión sin que el Acuerdo se encuentre en riesgo, sin embargo, a mayor pérdida de respaldo en el trámite legislativo, habría mayores costos de administración coalicional para el gobierno del Presidente Boric en el mediano plazo. A nivel del Senado, el Acuerdo supone ex ante, el respaldo de 48 de los 50 Senadores para la reforma que haría posible un segundo proceso constituyente (Nota 3). Este respaldo supera ampliamente el umbral de 29 senadores necesarios para conseguir los 4/7, lo que significa que aun cuando se pierdan 19 escaños en la discusión del Acuerdo, la reforma igualmente podría ser aprobada. 

De este modo, la mayor complejidad del Gobierno de Gabriel Boric para materializar un segundo proceso constituyente no consistiría en superar el quorum calificado de 4/7, aunque los partidos siempre hay que jugarlos hasta el pitazo final. El mayor desafío es, sin duda, aprobar la reforma sin aumentar las divisiones dentro del oficialismo, ni abrir un espacio estratégico para los comportamientos oportunistas (Free Rider) de los partidos de Socialismo Democrático  y Apruebo Democrático que podrían intentar obtener los beneficios de reemplazar la constitución de Pinochet sin asumir los costos del realismo frente a sus militancias. Terminar con la retórica de los ángeles y demonios es para el Gobierno una condición necesaria para imponer el realismo político como el único juego posible.

Nota 1- El Acuerdo de 2019 estableció un Plebiscito de Entrada posterior a la reforma de la Constitución. Por tanto, para dar inicio al proceso era necesario que ganara la opción Apruebo en la primera pregunta de la consulta, a saber: ¿Quiere usted una Nueva Constitución?
Nota 2- El contingente para la reforma que daría inicio al segundo proceso sería a nivel de Diputados: 65 escaños oficialistas, 50 de la oposición excluyendo al Partido Republicano, 5 del PDC y 1 de Amarillos, lo que suma 121 Diputados sobre un total de 155.
Nota 3- El contingente para la reforma en el Senado sería: 19 senadores del oficialismo, 24 de la oposición, excluyendo al Partido Republicano, más 3 del PDC 3 y 2 de Demócratas, lo que suma 48 de un total de 50 escaños.