El Sur de Europa, asomado al Mediterráneo, ha redescubierto trágicamente la centralidad de las relaciones con los países africanos en una nueva clave, la de la resolución de la crisis energética. Demasiado a menudo pasado por alto, o más sencillamente incomprendido, el complejo papel que desempeña África tanto en los procesos de transición como en el refuerzo de la seguridad energética no escapa hoy a la atención de los principales gobiernos europeos. Sin embargo, la extrema heterogeneidad política, económica y social de los países africanos hace muy difícil establecer un enfoque europeo único que pueda combinar el apoyo a los proyectos de importación de recursos energéticos con iniciativas que deberían conducir a la salida de África de la propia crisis energética de la que Europa es hoy el centro de atención. Por otra parte, en un momento de extrema volatilidad de los mercados, los vastos recursos energéticos africanos, hasta ahora poco explotados, constituyen un incentivo para los países que buscan su propio lugar independiente en el nuevo orden energético mundial.

Con un consumo de energía per cápita verdaderamente irrisorio y una intensidad energética muy inferior a la del resto del mundo, el continente africano es responsable de menos del 3% de las emisiones mundiales de CO2. Esto no significa que esté menos expuesto a los fenómenos del cambio climático y, de hecho, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, es uno de los más vulnerables. En 2022, devastadoras inundaciones azotaron desde Mauritania hasta Sudáfrica, tocando Nigeria, Chad y Sudán. La sequía ha hecho aún más precaria la seguridad alimentaria de más de 12 millones de personas en Etiopía y Níger, mientras que violentas tormentas se han cobrado la vida de cientos de personas en Madagascar, Mozambique y Malawi. Una masacre demasiado glosada en Europa, que lucha contra sus propios males.

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El temor de las autoridades internacionales es que, en un futuro muy próximo, el crecimiento de la población africana vaya acompañado de una explosión incontrolada de la demanda energética. Esto tendría consecuencias evidentes para la lucha contra el cambio climático y la consecución del objetivo de emisiones netas cero, al que también se han adherido ya una docena de países africanos.

La crisis energética mundial no ha dejado indiferente a África. La perturbación de los sistemas energéticos nacionales y el aumento de los precios han supuesto la pérdida del acceso a la electricidad para millones de personas, en un continente donde ya el 43% de toda la población está privada de todo servicio eléctrico. Un contexto agravado aún más por el inicio de la invasión rusa de Ucrania. El impacto de las tensiones entre Occidente y la Federación Rusa en los mercados energéticos europeos es bien conocido. En África, la agitación de los mercados ha agravado las dificultades financieras de las compañías eléctricas y aumentado los riesgos de apagones y racionamiento.

En Sudáfrica, la crisis financiera e institucional del monopolio estatal Eskom, incapaz de resolver los problemas estructurales de sus centrales eléctricas, ha desestabilizado la economía del país. Con más del 80% de la electricidad producida a partir del carbón, lo que convierte a Sudáfrica en el mayor emisor de CO2 de toda África, los continuos paros han condenado a la economía al estancamiento en 2022. La dirección de Eskom se enfrenta ahora a una lucha interna por la sucesión de su Director General, que dimitió hace meses y señaló recientemente a la profunda corrupción del gobierno y del partido mayoritario como causa de la propia crisis de la empresa eléctrica. La escasa competencia fiscal, el riesgo asociado a las nuevas fuentes de energía relacionadas con la tecnología en el mix sudafricano y la mencionada corrupción han sido los principales obstáculos a la puesta en marcha de varios proyectos para acelerar la transición de la economía más industrializada del continente.

Desde luego, no es la mejor tarjeta de presentación para Sudáfrica, que se presentó en la última COP27, a través de las palabras de su presidente Ramaphosa, como el 'Campeón del Sur' mundial en la reducción de emisiones. De hecho, el país ha puesto en marcha un plan de transición para los próximos cinco años, cuyo desorbitado coste el propio Gobierno estima en 97.000 millones de dólares. El plan prevé aumentar la energía solar y eólica, que hoy sólo representan una pequeña parte del mix energético, y permitir que el país reduzca sus emisiones a cero para 2050. Como catalizador de la inversión actúa un fondo de 8.500 millones de dólares de la UE y EE.UU., así como de los gobiernos del Reino Unido, Francia y Alemania.

Dos tercios de las inversiones del plan sudafricano se destinan a la generación renovable y alrededor del 20% a medidas sociales e inversiones para apoyar el desmantelamiento de todo el parque de centrales de carbón. El resto se destina a acelerar la construcción de una nueva red de transporte y distribución de electricidad. Esta última constituirá la espina dorsal fundamental de un nuevo sistema energético y facilitará el acceso a la red eléctrica a los 10 millones de sudafricanos que siguen desconectados. 



A pesar de las buenas intenciones, el presidente Ramaphosa declaró recientemente el estado de catástrofe nacional en respuesta a la crisis eléctrica que se ha intensificado durante el último año. Dos consideraciones son necesarias en este momento. Se han puesto en marcha algunos proyectos iniciales de transición con el apoyo de instituciones internacionales. Por ejemplo, el Banco Mundial ha financiado el desmantelamiento de la central de carbón de Komati y su sustitución por centrales renovables por unos 500 millones de dólares. En los costes se incluye la minimización del impacto socioeconómico en los habitantes de los pueblos cuya economía vive de la minería del carbón.

Aunque sólo el 4% de la ayuda de los países occidentales a Sudáfrica vendrá en forma de préstamos, el resto tendrá que facilitar el acceso del país a fondos extranjeros y préstamos internacionales. Y ello a pesar del creciente endeudamiento, difícil de soportar para las finanzas públicas, entre otras cosas por las ingentes cantidades de dinero que el gobierno ha inyectado en las arcas de Eskom para tapar sus pérdidas. En el país, las oportunidades para una transición a la energía limpia son evidentes. Debido a unas condiciones óptimas, sobre todo en las regiones occidentales, el sector de la energía eólica tiene aquí un gran potencial. Sin embargo, varios proyectos se han paralizado por la incapacidad del operador para conectarlos a la red, mientras que algunos parques eólicos proporcionarán en cambio la energía necesaria para alimentar las minas de carbón de la propia Eskom, aumentando la producción de electricidad a partir de esta fuente, con el objetivo de reducir los apagones que se han vuelto sistémicos.

Sin embargo, la crisis energética de Sudáfrica no se detiene dentro de sus fronteras. De hecho, el país es exportador de electricidad a sus vecinos, entre ellos Mozambique, Namibia, Zambia y Zimbabue, y en estos tres últimos países se vienen produciendo desde hace meses continuos apagones. La sequía ha reducido la capacidad de las centrales hidroeléctricas del lago Kariba, que generan electricidad para gran parte del consumo de Zambia y Zimbabue, mientras que Namibia, que importa electricidad tanto de Zambia como de Sudáfrica, se encuentra sin ningún plan B viable a corto plazo. Tampoco es de extrañar que tanto Namibia como Mozambique, países en los que grandes empresas europeas como la francesa TotalEnergies y la italiana ENI han invertido en la exploración y producción de hidrocarburos, tengan como objetivo la explotación de sus propios yacimientos de gas natural para asegurarse energía suficiente para el consumo interno y un nuevo y lucrativo negocio con la exportación de GNL a los mercados mundiales, incluidos los países europeos a la caza de alternativas al gas ruso. A falta de estabilidad del principal productor regional de energía, que actúa como ancla del sistema para toda la zona, la interdependencia y el orden energético del África subsahariana avanzan ya, por sí solos, hacia un nuevo equilibrio que pueda responder, esperemos que en el menor tiempo posible, al doble reto que suponen la seguridad energética y la transición energética.