Desde Estados Unidos o Israel a Polonia, la interacción entre judicatura y política parece marcar el debate público de cada vez más países. España no es una excepción a esta regla, y son bien conocidas las enconadas controversias al respecto de la designación de vocales de nuestro CGPJ. 

En un libro breve, que recientemente he publicado en acceso abierto con Springer, trato de abordar con datos el debate sobre la relación entre gobierno judicial y calidad democrática. Los hallazgos, que discuto en las líneas que siguen, tienen implicaciones directas para nuestro país. Es más, dichos hallazgos son buenas noticias, en la medida en que nos pueden permitir sosegar nuestro polarizado debate sobre política judicial.

Gobierno judicial y democracia en Europa

El libro se basa en la observación de 46 países de Europa y Eurasia, y su objetivo es encontrar patrones que expliquen la relación entre diferentes modelos de gobierno judicial y democracia. Los países analizados son interesantes, entre otros motivos, porque siguen diferentes modelos de gobernanza de la judicatura, lo cual enriquece la comparación. Los hay, como España, basados en el modelo de Consejo del Poder Judicial. Otros, como Reino Unido, basados en el de Servicio a los Tribunales, con menores competencias sobre carreras judiciales que nuestro CGPJ. Los hay aún otros como Alemania, en que el Ministerio de Justicia retiene formalmente muchas de las competencias sobre la judicatura.

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A priori, no se observa una correlación significativa entre los diferentes modelos de gobierno judicial y la calidad democrática de los países analizados. Dentro del grupo de países con un Consejo del Poder Judicial los hay de calidad democrática alta (España o Francia), media (Croacia o Rumanía) o baja (Serbia o Turquía). Es interesante que, de media, los países con un Consejo del Poder Judicial tienen democracias de algo menor calidad que aquellos que siguen algunos modelos alternativos, como el de Servicio a los Tribunales (que se usa en Reino Unido o los países nórdicos). Pero la causa de esta diferencia no parece ser el modelo de gobierno judicial en sí. Los países con Consejos del Poder Judicial tienen, de media, una calidad democrática algo menor porque tienen, también, en general, sociedades algo menos modernizadas o de modernización más reciente. Son, en general, países con democracias más jóvenes, que han tenido menos tiempo para consolidarse. 

Dicho esto, existen aún ciertas conexiones entre gobierno judicial y calidad democrática, que aparecen si observamos grupos de casos o casos concretos, y si atendemos a cómo el tipo de gobierno judicial interactúa con otros factores. Para empezar, los países con una baja calidad de la democracia electoral (incluyendo algunas dictaduras como Rusia o Bielorrusia) se caracterizan porque nunca apuestan por un Consejo del Poder Judicial independiente como forma de gobierno judicial. Esto no es sorprendente, pero conviene tenerlo en cuenta para recordar que el gobierno judicial sí que puede jugar a veces un papel relevante en términos de calidad democrática. 

Más interesante, es que, con condiciones contextuales similares (niveles más bajos de desarrollo económico, no pertenencia a la Unión Europea), países que apuestan por Consejos del Poder Judicial independientes alcanzan niveles intermedios de calidad de la democracia electoral, mientras que aquellos que no lo hacen alcanzan niveles bajos o muy bajos.

Por último, es llamativo que los países que alcanzan niveles altos de calidad democrática lo hacen con independencia del tipo de modelo de gobierno judicial que adopten: los hay que apuestan por un Consejo del Poder Judicial (como Italia) o por modelos de Servicio a los Tribunales (como Suecia). Estos países, que tienen frecuentemente en común un mayor desarrollo económico y su pertenencia a la UE, tienen además judicaturas independientes y con bajos niveles de corrupción. España está entre estos países.

El CGPJ: despolitización, legitimación democrática, bloqueo institucional

El debate sobre el gobierno judicial no debe limitarse a la cuestión de su relación con la calidad democrática, pero debe pasar necesariamente por ella como uno de sus elementos centrales. Los hallazgos antes apuntados permiten, pues, hacer algunas aportaciones relevantes para el caso español. 

Para empezar, vemos que no hay una fórmula única de gobierno judicial si lo que queremos es alcanzar una alta calidad democrática. En Suecia o Alemania ni siquiera hay un Consejo del Poder Judicial al uso, y los resultados que se alcanzan en términos de democracia electoral son muy buenos. Es más, España es un ejemplo de cómo se puede alcanzar una democracia electoral de buena calidad con un modelo de Consejo Judicial con vocales de designación parlamentaria por mayorías reforzadas.



Pero que no sea necesario despolitizar el CGPJ no significa que no sea conveniente. Los países de las características de España que alcanzan una alta calidad democrática lo hacen con diversos modelos de gobierno judicial. Pero, en general, estos países tienen en común el garantizar altos niveles de independencia y bajos niveles de corrupción entre la judicatura. Por ello, propuestas para rebajar la mayoría parlamentaria requerida para la elección de vocales del CGPJ van en la dirección contraria a la adecuada. También, rediseñar el CGPJ para maximizar la independencia judicial –siguiendo, por ejemplo, las recomendaciones del Consejo de Europa, con una mayoría de vocales designados por y entre los miembros de la carrera- podría ser muy positivo.

Una última idea tiene que ver con la actual situación del GGPJ. Precisamente porque el actual modelo de gobierno judicial de España es compatible con altos niveles de calidad democrática, resulta difícil justificar, desde este punto de vista, el bloqueo en la renovación de vocales para exigir una modificación de su mecanismo de elección. Y ello por más que, como decía anteriormente, la propuesta de fondo sea buena, en la medida en que pueda contribuir a reforzar la independencia judicial.

Datos para un debate sosegado

Los hallazgos apuntados sugieren, además, algo positivo. En el contexto de un debate polarizado sobre el gobierno judicial en España, vemos que, en realidad, mirando a los hechos, hay espacios para el acuerdo. En un país modernizado como España, con una democracia de calidad, hay diferentes modelos de gobierno judicial que podemos permitirnos. Unos son mejores que otros y, aunque algunos modelos son inaceptables, el margen es más amplio de lo que a veces se sugiere. Esto significa que hay espacios para la negociación y el consenso.

Lo que comenzamos a saber sobre gobierno judicial y democracia nos puede permitir, por tanto, sacudirnos la crispación política derivada de un debate polarizado. Es una buena noticia.