España no es país para jóvenes rezan varios artículos publicados en los últimos años en distintos medios. Y lo argumentos son impecables. España ha sido durante muchos años un país donde el mercado de trabajo y las condiciones para emanciparse se lo ponían muy difícil a los jóvenes. Así lo revela, por ejemplo, el Índice de desarrollo juvenil del Centro Reina Sofia 2022, que, sobre la base de varias dimensiones calibra la situación juvenil en comparación a otros países.  En comparación con la media de la UE-27, se sitúa muy por debajo de la media en empleo y emancipación juvenil y en la media europea en materia de educación. Pero también destaca positivamente en los ámbitos de vida y TIC.

Por eso, era imperativo que las políticas de bienestar asumieran la iniciativa en campos en que los principales beneficiarios pueden ser los jóvenes y en las políticas públicas que presentan más lagunas. En eso se han centrado buena parte de las políticas sociales del gobierno de coalición, sin por ello renunciar a blindar las conquistas sociales que benefician a colectivos de edad más avanzada.

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El primer gran caballo de batalla de las principales políticas públicas adoptadas ha sido la lucha contra la precariedad laboral. La reforma laboral se ha diseñado con el propósito de reducir la rotación laboral y alargar la duración de los contratos. Y es bien sabido que las principales víctimas de la precariedad laboral, y la precariedad vital a la que conduce, son los jóvenes. En el casi año y medio transcurrido desde la aprobación de la reforma laboral ha aumentado el empleo juvenil, ha disminuido la contratación temporal y se han alargado sustancialmente los contratos suscritos. Gracias a ella entramos en una nueva etapa en que los jóvenes trabajadores temporales pueden dejar de ser la corona de trabajadores que entran y salen del mercado de trabajo y de las empresas en función de necesidades puntuales o cambiantes, y pasan a poder albergar expectativas de progreso material más lineal.  A eso se ha sumado el incremento consistente a lo largo de los últimos cuatro años del Salario Mínimo Interprofesional, en beneficio sobre todo de jóvenes en sus primeros empleos. Esta semana conocíamos los datos de pobreza juvenil de 2021 (Encuesta de Condiciones de Vida 2022), que evidencian una mejora significativa de la situación en la legislatura. Mientras que en 2018 la tasa de riesgo de pobreza de los jóvenes de 18 a 29 años estaba en 28,5%, ahora sigue en umbrales altos, pero cercanos a la media de la población (22,3%).

El segundo campo en que era imperioso tomar medidas para mejorar la condición de los jóvenes es el ámbito de la vivienda. Y el gobierno se aplicó pronto a ayudar a jóvenes que celebran contratos de alquiler, con ayudas de 250 euros a menores de 35 años. Ahora aprueba la Ley de Vivienda. Las prioridades son conocidas: contener el aumento de precios en zonas tensionadas y ampliar el parque de viviendas de alquiler social. Dos objetivos con claros destinatarios en los jóvenes que afrontan procesos de emancipación. El Presidente Pedro Sánchez ya ha anunciado que va a poner a disposición de la CCAA 50.000 viviendas de la SAREB y va a impulsar la oferta de otras 43.000, con una fuerte inversión de 4.000 millones. El objetivo es incrementar rápidamente el parque de alquiler social en España para alcanzar cotas que se acerquen a la media de esta oferta en países de la Unión Europea, de promedio tres veces superior a la española.

El tercer ámbito donde los jóvenes españoles se sitúan en una situación mejorable (aunque en este caso, no ocupamos posiciones rezagadas) es el de la educación. Los jóvenes españoles han presentado tradicionalmente tasas de abandono educativo prematuro más altas que en la mayoría de los países. Muchos jóvenes no prosiguen sus estudios tras finalizar la edad de escolarización obligatoria. Ese 'fracaso' se concentra en colectivos más desfavorecidos. Garantizar la enseñanza en condiciones de equidad, corrigiendo las desventajas que afrontan los estudiantes más vulnerables, es el principal de los objetivos de la LOMLOE. La reforma educativa combate las causas del fracaso. Revisa y pretende poner coto a las dinámicas que conducen al abuso de la práctica de la repetición y las ineficiencias que provoca, elimina la separación por itinerarios, se propone luchar contra la segregación, y recupera las políticas de refuerzo para estudiantes con dificultades de aprendizaje.

La LOMLOE también ofrece oportunidades a los estudiantes que provienen de las familias menos acaudaladas y superan exitosamente la etapa de estudios obligatorios. A sabiendas de que estos estudiantes resilientes, que tiran para delante a pesar de las adversidades, pueden suponer una importante carga económica para sus familias, el gobierno dota la política de becas de un nivel de recursos sin precedentes. En los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 la inversión alcanza un récord histórico de 2.549 millones de euros, lo que supone un incremento de más de mil millones respecto a lo destinado en 2018.



A este menú de políticas clásicas con claro perfil generacional hay que sumar otras políticas adoptadas o emprendidas por el gobierno para ofrecer mejores condiciones de vida a las familias formadas por jóvenes adultos, en primeras etapas del ciclo familiar. La extensión de la prestación de cuidados por paternidad supone ampliar la duración del permiso para jóvenes-adultos varones. El Ingreso Mínimo Vital, en combinación con prestaciones complementarias de las CCAA que oportunamente han optado por desarrollarlas, está asegurando un nivel de cobertura nunca visto para poblaciones en situación de pobreza extrema, en particular para familias con niños (aproximadamente la mitad de los beneficiarios). La Ley de Familias, actualmente en tramitación, proporcionará nuevas ayudas económicas para la crianza e incrementa notablemente las condiciones bajo las cuáles una familia puede solicitar permisos para cuidar.

Conjuntamente fundamentan un proyecto con el objetivo inequívoco de que este puede ser también un país para jóvenes. Muchos problemas siguen allí y sería ilusorio pensar que van a desaparecer en el corto plazo. Pero la magnitud del capital político y las inversiones comprometidas a resolverlos no tiene parangón en las políticas públicas de la democracia. El grado de éxito de un proyecto político de semejante calado nunca se puede calibrar enteramente en los primeros cinco años. Será necesario que ese compromiso no ceje, sucesivos gobiernos se apliquen a desarrollar las previsiones de las leyes y no reorienten prioridades. Las bases están sentadas.

Por ello resulta tan sorprendente que algunos pretendan ofrecer un retrato grotesco en que los jóvenes, lejos de beneficiarse de las políticas del gobierno, serían los grandes paganos a cuenta de los compromisos adquiridos en materia de pensiones. Asegurar la sostenibilidad financiera de las pensiones no es una opción. Es una necesidad. Por ello el gobierno ha introducido medidas encaminadas a contener el gasto, aplazando la edad efectiva de jubilación, acompañadas de otras que incrementan los ingresos del sistema. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional es un dispositivo muy interesante que incorpora recursos que necesita el sistema debido a la creciente presión demográfica, trasladando gran parte de la carga a las personas con cotizaciones más altas, que raramente son jóvenes.

Seamos, por tanto, justos con las transformaciones que se han planteado en esta legislatura. Seamos exigentes con nuestros gobernantes, presentes y futuros, para que las leyes y proyectos se materialicen efectivamente en resultados que aseguran derechos y mejoran el bienestar de las personas. Es imperativo evitar lo que Ignacio Sánchez Cuenca calificaba en un artículo reciente como el desacople entre las presentaciones de ambiciosos proyectos y la realidad de sus efectos. Algunos proyectos, que inevitablemente requieren despliegue a lo largo de varias legislaturas, se prestan a esos desacoples si el compromiso político ceja y la demanda de cumplimiento se relaja. Pero admitamos que, en cuestiones relativas a la necesaria preservación de equilibrios generacionales, hemos echado a andar por el buen camino y el camino se hace al andar.