Latinoamérica pone lupa en los derechos humanos como parte de las soluciones a la crisis.
El conteo regresivo de la vida en la tierra parece haber ganado unos segundos. El viernes 17 de marzo la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó sobre el trámite de una
Opinión Consultiva presentada por los gobiernos de Chile y Colombia.
Se oficializó una consulta histórica sobre la determinación del alcance de las obligaciones de los Estados, y actores no estatales, en derechos humanos frente a la emergencia climática. Es una decisión inédita que promete soluciones más igualitarias, justas y sostenibles para el planeta.
Las opiniones consultivas generan efectos para todos los Estados de la región y un alcance global en impacto,
más allá del potencial rol de influencia que tiene sobre el desarrollo del derecho internacional a nivel mundial. Esta vez la opinión implica algo adicional:
un carácter de urgencia global, al tratarse de la emergencia climática. Pues es un tema que no da espera, según el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) si el calentamiento global continúa aumentando a este mismo ritmo
podría llegar a 1,5°C entre 2030 y 2052, lo que sería una grave amenaza a la supervivencia humana.
[Recibe los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]
La solicitud fue presentada por dos gobiernos que lideran parte de la agenda ambiental de este lado del hemisferio. Jugada que hace que el tribunal interamericano se pronuncie sobre la emergencia climática y preguntas para
6 temas principalmente: obligaciones estatales y deberes de
prevención y
garantía en derechos humanos,
derecho a la vida y la sobrevivencia según lo establecido por la ciencia, obligaciones diferenciales de los Estados con respecto a los
derechos de los/as niños/as y las nuevas generaciones; obligaciones de los procedimientos de consulta y judiciales, obligaciones convencionales de protección y prevención a las personas defensoras del ambiente y del territorio, así como a los
pueblos indígenas y las
comunidades afrodescendientes; y finalmente sobre las
obligaciones y responsabilidades compartidas y diferenciadas en derechos que tienen los Estados.
Pensar que el cambio climático afecta a todas las personas por igual es un gran error. Es por esto que en parte la iniciativa presenta un abordaje transversal para las 6 temáticas de la consulta. Se contempla por primera vez la afectación diferenciada a las poblaciones más vulnerables como lo son pueblos costeros, mujeres, campesinos y las personas en situación de movilidad humana.
El
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL-, que participó desde el inicio en las conversaciones con los gobiernos solicitantes para la propuesta técnica, ahora lidera el proceso de la mano de organizaciones aliadas haciendo aportes junto a la
comunidad científica,
personas afectadas,
pueblos indígenas y sobre todo de las
personas defensoras de derechos humanos. Un momento oportuno siendo esta la región, según
datos de Global Witness, más mortífera para quienes defienden el medio ambiente.
La movida latinoamericana,
impulsada por Chile y Colombia, ya pone en el radar varias reflexiones, al abrir espacio a las voces y experiencias de todo el continente para responder a la crisis. El tribunal regional al notificar el trámite de opinión consultiva, l
anzó también la convocatoria para observaciones escritas y fijó el 18 de agosto de 2023 como plazo máximo para que las organizaciones y personas interesadas puedan enviar contribuciones. Lo que hace que la Corte tenga información especializada previo a su interpretación.
Lo que pasa en las Américas es una apuesta inédita para la generación de conocimiento y perfeccionar las estrategias de abordaje de la crisis desde una perspectiva de derechos humanos.
No es más que un grito planetario para la conformación de redes y comunidades que finalmente puedan lograr acciones más igualitarias, justas y sostenibles. Desde 1982, la Corte ha emitido 29
Opiniones Consultivas que han brindado parámetros importantes para asegurar la garantía de derechos fundamentales.
Empiezan a calentarse entonces nuevas preguntas sobre lo que será la interpretación de la Corte IDH. Sobre todo, expectativas de escuchar por primera vez a un tribunal resolver el alcance de los derechos humanos frente a los fenómenos climáticos generados por el calentamiento global, y la relación con los super contaminantes como el metano, por ejemplo. También se espera conocer más del diálogo que esto supone con pactos globales como el
Acuerdo de Paris, el
Acuerdo de Escazú, el Convenio de Aarhus, e incluso con procesos simultáneos como el que lidera la
República de Vanuatu frente a la Corte Internacional de Justicia.
Ya no hay otro momento, es el tiempo que nos impone el retroceso de los glaciares en los Andes, la alteración de los ciclos de precipitaciones regionales en la Amazonia y la rápida deforestación del bioma.
Latinoamérica y el Caribe alzaron una voz que esperemos no se ahogue por falta de voluntad, apretemos fuerte lo que parece ser el salvavidas más cercano: la futura la interpretación de la Corte Interamericana.