El año 2023 marca un hito en la historia de la democracia española, ya que se cumplen 40 años desde las primeras elecciones autonómicas del régimen común. Es un buen momento para evaluar el funcionamiento del estado de las autonomías y especialmente su actividad legislativa por su relevancia para la ciudadanía. El dos de mayo, día de la Comunidad de Madrid, facilita dirigir la atención a una de las asambleas que suele estar en el punto de mira mediático por motivos variados. Para el análisis usamos los datos que provienen del estudio 'La construcción social del consenso en entornos políticos multipartidistas', que nos permite profundizar en la dimensión inclusiva de la política. Nos centramos en la iniciativa parlamentaria de más relevancia para la ciudadanía y más solidez para detectar el tono político en una sociedad: la aprobación de las leyes y la inclusión de los rivales en esta aprobación.

Los acuerdos a la hora de votar leyes son el resultado de una negociación en la que se contraponen puntos de vista, intereses diferentes y se llega a un compromiso en el que los actores implicados renuncian a algunas cosas para alcanzar un acuerdo que les resulte aceptable. Como dos personas no bailan si una no quiere, en el adjetivo 'aceptable' está la clave: implica el reconocimiento de la legitimidad de los intereses de otros actores y su derecho a ser escuchados (gracias, Ignatieff), la existencia de territorios comunes aunque rodeados de intereses diferentes y, sobre todo, el entendimiento de que construir acuerdos puede ser beneficioso para la gobernanza de una sociedad, para garantizar cierta estabilidad legislativa, y para reforzar la confianza entre actores políticos. Sobre todo, este último aspecto de la confianza puede ser uno de los talones de Aquiles de la política española.

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En este análisis no estamos contrastando la política real con un ideal feliz donde sus señorías votan a favor de las propuestas de ley en armonía. Al contrario, creemos que es normal que en la política haya desacuerdos y conflictos canalizados institucionalmente. Pero también debe llamarse la atención sobre el hecho de que legislar continuamente de espaldas a los intereses, anhelos, deseos, esperanzas de partes de la población, canalizados por partidos diversos, puede generar frustración, desafección, animosidad y contribuir a la polarización. 

En la Asamblea de Madrid se han aprobado 445 leyes desde el comienzo de la singladura autonómica (una media de 40 leyes por legislatura descontando la sexta). Esto ubica a la Asamblea en la mitad de la tabla autonómica en producción legislativa. La legislatura más productiva fue la IV (la primera con Ruiz Gallardón en el gobierno), con un total de 94 leyes aprobadas durante el periodo, mientras que la menos productiva, descontada la VI (que apenas duró seis meses), fue la XI, la primera con Isabel Díaz Ayuso en el gobierno, con sólo dos leyes aprobadas en un periodo de dos años. En la última legislatura se han aprobado un total de 28 leyes, también en un periodo de la misma duración. 

El nivel de apoyo que alcanzan las leyes al ser votadas por sus señorías en la Asamblea de Madrid es relativamente bajo; en realidad, es el segundo más bajo de las autonomías para todo el periodo: las leyes se aprueban con un apoyo medio del 78% (votos a favor y abstenciones), dato que excluye la sexta legislatura y contabiliza sólo las leyes aprobadas hasta diciembre de 2022. Madrid está en el furgón de cola con Galicia (75%) y Valencia (79%), mientras que Navarra, Canarias y Cataluña presentan niveles de apoyo medio a la votación de las leyes del 90%. La media de apoyos a las leyes en las 17 autonomías (1980-2022) es del 84%, mientras que en el Congreso, pese a que sus señorías perciben que hay más conflicto político, el apoyo medio que recibe una ley es del 90% para todo el periodo (1979-2022).

Madrid aparece como una comunidad en la que la acción legislativa no concita los apoyos que se alcanzan en otras autonomías. La situación no mejora en la legislatura que acaba de terminar: es la segunda más baja de la historia de la Asamblea (62%), sólo por detrás de la legislatura XI (58%). También ocurre así en el Congreso de los Diputados. Esto sólo puede ser un reflejo de un parlamento ideológica y afectivamente polarizado (más que fragmentado) y, por tanto, con escasa capacidad para generar acuerdos con los rivales. Se puede ver con el índice de inclusión. 

El índice de inclusión da una medida del grado de incorporación de la oposición a la votación de una ley en la cámara. Si la ley se aprueba con los votos del grupo(s) que apoya al gobierno, adquiere el valor 0, mientras que alcanza el valor 1 si todos los parlamentarios votan a favor o se abstienen; es decir, si nadie vota en contra. [Agradecemos la colaboración del profesor Antonio M. Jaime en la creación de este índice]. Aproximarse a un extremo o a otro muestra una mayor o menor propensión al acuerdo.