Fuente: 2022 State of the U.S. Semiconductor Industry

Para reactivar su ecosistema de semiconductores, la Unión Europea inició en febrero de 2022 la tramitación de la denominada Ley de Chips. En la última semana de abril de 2023, se alcanzó un acuerdo político sobre la norma que permitirá su entrada en vigor antes de finalizar el año. En paralelo con el proceso en las instituciones de la Unión, los Estados miembros han lanzado iniciativas nacionales que permitan que Europa movilice 43.000 millones de euros en los próximos años. Una de las más ambiciosas es el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de microelectrónica y semiconductores (PERTE Chip) de España.

El PERTE Chip tiene como objetivo reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores nacional. Se prevé movilizar una inversión pública de 12.250 millones de euros hasta 2027, y su perspectiva integral permitirá reforzar y desarrollar los eslabones de una compleja cadena de valor en España. Es el PERTE de mayor dimensión entre la docena que se han aprobado por el Gobierno dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), generando un foco de atención no habitual en un programa tecnológico. Un año después de la aprobación por el Gobierno, es un momento adecuado para recapitular sus avances y las palancas que proporciona al tejido tecnológico nacional de jugar un papel relevante en el ecosistema europeo.

Los primeros pasos del PERTE Chip

Se pierde habitualmente la perspectiva de que todo gran proyecto nacional, tecnológico o de otro tipo es, en realidad, un proyecto europeo. Nuestra condición de Estado miembro de la Unión nos proporciona los fondos para el desarrollo de estos proyectos, pero la financiación conlleva una serie de obligaciones y requisitos. Un proyecto tecnológico europeo fue desde su origen el impulso al despliegue de redes de fibra óptica, y un proyecto europeo es también el PERTE Chip. Las principales condicionalidades de la ejecución de este tipo de proyectos son los reglamentos que definen los mecanismos de acceso y empleo de los fondos de financiación y el cumplimiento de la normativa comunitaria de ayudas de estado. 

En el caso del PERTE Chip, ha sido necesario finalizar en Europa la concreción de las condicionalidades arriba descritas. Por un lado, la aprobación de la adenda al PRTR de donde provendrán los fondos para su financiación. El proyecto de adenda del PRTR fue ya aprobado por el Gobierno y enviado a la Comisión Europea en diciembre de 2022 y su negociación parece próxima a culminar. Por otro lado, el mencionado acuerdo político sobre la Ley de Chips permitirá desarrollar las actuaciones del PERTE Chip con plena seguridad jurídica en lo relativo al marco de ayudas de estado y, además, hacer uso de los instrumentos incluidos en la nueva norma para la agilización de su autorización.

Un programa de las dimensiones del PERTE Chip requiere conocimiento sectorial de detalle para diseñar medidas efectivas. El sector de los semiconductores nacional ha recibido en los últimos lustros limitada atención por los gestores de la res publica, lo que ha derivado en un conocimiento incompleto del mismo por la Administración. Era necesario un tiempo para la exploración del tejido empresarial y académico por los responsables del PERTE. AMETIC, la asociación española de la industria tecnológica, también ha contribuido a completar el mapa del sector con un meritorio esfuerzo, aunque existe en el informe elaborado la carencia de datos relativos a la actividad económica de los distintos eslabones de la cadena de valor. De acuerdo al trabajo realizado por la asociación, podemos hablar de hasta 142 agentes sectoriales, altamente concentrados  en el segmento de diseño de semiconductores (76%, incluyendo Fabless, Proveedores de IP e IDM).
 

Fuente: Resumen Ejecutivo del Mapeo del Ecosistema Español de Microelectrónica, AMETIC

Contra un juicio pesimista, el desarrollo del PERTE Chip podemos decir que transcurre de acuerdo con lo que podía esperarse desde el momento de su anuncio, y está siguiendo el patrón del denominado ciclo de madurez ideado por Gartner en 1992. Tras su lanzamiento con la adopción del PERTE en Consejo de Ministros en mayo de 2022, se alcanzó un pico de expectativas con la reunión mantenida por la Vicepresidenta primera y el Comisionado del PERTE con el ecosistema a finales de noviembre de 2022, a la que aparentemente siguió un valle de desilusión a la espera de convocatorias de ayudas. El flujo del proyecto continúa y quedar acampados en ese punto carece de fundamento, existen ya desde hace tiempo evidencias de la entrada del PERTE en la rampa de la consolidación desde la que alcanzará su meseta de productividad.
 

Fuente: Wikipedia

La construcción de la rampa de consolidación comenzó con la reserva para el PERTE Chip en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 de 800 millones destinados a préstamos participativos para proyectos empresariales y 450 millones destinados a subvenciones y ayudas. De acuerdo con las características del ecosistema nacional, se ha promovido el cambio normativo para que la primera cantidad pueda ser empleada con otros instrumentos financieros, como préstamos ordinarios o la participación en capital por parte del estado. 

La entrada en la meseta de la productividad, si bien aún requiere de la aprobación de la adenda, también ha sido abierta. Los instrumentos jurídicos parecen preparados para su uso inmediato con el anuncio de la próxima convocatoria de subvenciones asociadas al PERTE por 140 millones, tanto para constituir cátedras de semiconductores como para apoyar proyectos I+D dentro del programa de Misiones del Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). Ello supone comprometer la ejecución del 31% del presupuesto disponible para subvenciones en 2023, a lo que habrá que sumar el apoyo que se otorgue a la industria para la participación de España en el IPCEI (Important Project of Common European Interest) de Microelectrónica.

España en la reactivación del ecosistema europeo de semiconductores

Hemos comenzado señalando a la Ley de Chips de la Unión Europea como mascarón de proa para la potenciación del ecosistema de semiconductores europeo. La existencia del PERTE Chip proporciona las palancas para integrar a las empresas e instituciones españolas en este esfuerzo.

La principal novedad que introduce la Ley de Chips es la definición de una vía rápida para la aprobación de las ayudas hacia cierto tipo de proyectos. Las instalaciones 'First-of-a-kind'  (FOAK, primeras en su tipo) que contribuyan a la seguridad y resiliencia del suministro de semiconductores para el mercado interior continental podrán beneficiarse de una priorización en la autorización de la Comisión Europea para recibir ayudas de los Estados miembro.  Dentro de estas instalaciones, se incluyen las dedicadas a la fabricación de semiconductores, pero también las de producción de equipamiento de fabricación de chips y las instalaciones de ensamblado y encapsulado innovador de alta densidad. En paralelo a las FOAK, se facilita el apoyo a los centros de diseño innovadores. 

A pesar de tener por delante unos meses hasta la entrada en vigor efectiva de la Ley de Chips, los proyectos industriales de semiconductores están comenzando a aflorar en Europa. La Comisión Europea ha dado ya luz verde a las ayudas públicas para los proyectos de STMicrolectronics en Italia y Francia, con un valor total aproximado de 8.000 millones de euros. Infineon ha iniciado en Dresde una ampliación de su producción por valor de 5.000 millones. Igualmente, Bosch ha anunciado ampliaciones de sus fábricas de Dresde y Reutlingen y nuevas adquisiciones por 3.000 millones. La joint venture de Wolfspeed y ZF está a la espera de aprobación para arrancar una línea de fabricación en el Sarre estimada en 3.000  millones. Finalmente, están en distinta fase de definición las eventuales inversiones en Dresde de Intel y TSMC, ambas, presumiblemente, por encima de los 10.000 millones de euros. 

No existen aún noticias de iniciativas similares a las citadas anteriormente destinadas a implantarse en España, lo cual ha llevado a algunos agentes nacionales a calificar la idea como utópica en el corto plazo. En mi opinión, la atracción de una línea de fabricación de semiconductores debe seguir siendo un pilar clave del PERTE. La capacidad tractora para el ecosistema de la implantación de una cadena manufacturera no se debe desdeñar, como lo demuestra lo sucedido en otras latitudes, por lo que como objetivo político no debe pasar a un segundo plano. 

Existen, además, razones para considerar una fábrica de semiconductores en España un proyecto posible y viable. En primer lugar, hay lugar para ello al no estar agotadas las oportunidades para Europa en el escenario global, la asociación global de la industria de semiconductores estimó que hasta 17 de los 84 grandes iniciativas de inversión sectorial con apoyo público entre 2021 y 2023 pueden iniciarse en el viejo continente. En segundo lugar, por contar España con la fortaleza de tejidos sectoriales relevantes en algunas de las zonas habilitadas por la Comisión Europea para tener alta intensidad de apoyo público en su mapa de ayudas regionales, caso de Andalucía o de Canarias. En tercer lugar, España cumple con el requisito de disponer dentro de sus fronteras grandes demandantes de semiconductores, como es una industria de fabricación del automóvil que es la segunda de Europa. En quinto lugar, el desarrollo de una planta de fabricación en España es, además, un imperativo para Europa, cuyo ecosistema de semiconductores sólo puede ser verdaderamente resiliente si balancea su distribución territorial con un polo industrial de importancia en el sur de Europa. Y a estas fortalezas habría que añadir otras que están sirviendo en los últimos años para atraer inversión tecnológica a nuestro país, como el capital humano asequible y la creciente disponibilidad de fuentes de energía renovables.

La Ley de Chips regula la también Iniciativa de Chips para Europa, implementada mediante la Empresa Común de Chips de la UE (Chips Joint Undertaking o Chips JU), que potenciará las capacidades de diseño, creará líneas avanzadas de pruebas, acelerará el desarrollo innovador de chips cuánticos y establecerá una red de centros de competencias. También se constituye en la Ley un 'Fondo de Chips' a fin de facilitar el acceso a la financiación de la deuda y al capital por parte de empresas emergentes. Algunas de las actuaciones del PERTE Chip son complementarias a las líneas previstas en la iniciativa europea, lo que puede potenciar una participación relevante en el escenario europeo del ecosistema español. Adicionalmente, la configuración de la gobernanza de la Chips JU sucederá, posiblemente, durante la Presidencia española de la UE, lo que facilitará que nuestro país pueda jugar un papel relevante en su perfilado.

Finalmente, dada la variación de la situación geopolítica global desde que se aprobó el PERTE, sería aconsejable reflexionar sobre la inclusión en el mismo de medidas de apoyo inicialmente no previstas a los segmentos de herramientas de diseño, equipamiento de fabricación y materiales. La importancia de prestar atención a los dos primeros segmentos se evidencia en ser centrales a las restricciones comerciales sobre China adoptadas por Estados Unidos en octubre de 2022. La escasa relevancia de Europa en el tercero de ellos, presenta una oportunidad para España. El diseño de medidas en todos estos segmentos dentro del PERTE Chip se ve favorecido, además, por el contenido del acuerdo político alcanzado en la Ley de Chips.

Conclusiones

Dentro de la estrategia europea de refuerzo de su autonomía estratégica, Europa quiere finalizar la década con una recuperación de su anterior capacidad de producción en el sector de los semiconductores. Con el PERTE Chip, España ha apostado una buena parte de su Plan de Recuperación en una contribución decisiva a este objetivo. El desarrollo de esta aportación ha comenzado a desarrollarse ya en 2023 dotando al PERTE de los recursos presupuestarios precisos.

Las dimensiones del PERTE Chip favorecerá recuperar el ecosistema de los semiconductores en nuestro país, que languidecía desde el cierre en la primera década del presente siglo de la fábrica de chips que creó ATT en España. El impulso del sector de la microelectrónica puede aportar a España el pilar industrial que permita consolidar el lugar de liderazgo de nuestra economía digital entre las cuatro grandes economías de la Unión Europea. Sólo un papel fuerte de España en la Europa de los semiconductores habilitará su resiliencia, con la constitución de un polo en el sur de Europa que apoye tejido ya emergente en el centro de Europa.

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