Las empresas con actividad internacional se enfrentan a un entorno de negocios mucho más complejo que hace unos años. A los riesgos e incertidumbres en los que tenían que desempeñar su actividad se añaden ahora los derivados de las consecuencias de la invasión de Ucrania, la pandemia, la guerra comercial entre Estados Unidos y China o las consecuencias perversas del cambio climático. En suma, las empresas se enfrentan a una gran incertidumbre que se ha traducido en un nuevo patrón de riesgos comerciales, geopolíticos y medioambientales, entre otros, cuya importancia ha crecido sustancialmente desde hace muy poco tiempo. 

[Recibe los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

La información y el análisis que habitualmente han utilizado las empresas para el desempeño de su actividad internacional, como por ejemplo estudios de mercado, listados de posibles importadores o socios, potenciales proveedores, competidores, niveles de protección arancelaria, o normas técnicas y regulatorias ya no es suficiente. Veámoslo con un par de ejemplos sencillos. Una empresa que decide abrir un nuevo mercado en un país tercero, que no está en la 'lista negra' de la Unión Europea, cuyo potencial de crecimiento y rentabilidad lo hace muy atractivo, ¿debería acometer las inversiones que suponen abrir un nuevo mercado sin valorar que su cliente en ese tercer país puede reexportar a Rusia y, por tanto, verse afectada por sanciones indirectas del gobierno norteamericano? 

Otro ejemplo. Si una empresa española quisiera instalar una pequeña planta para abastecerse de componentes en un país asiático la decisión se basaría en circunstancias técnicas y económicas: coste y cualificación de la mano de obra, fiscalidad, entorno regulatorio, acceso a materias primas, etc. Aunque todos estos factores objetivos sean favorables, la empresa debería analizar otras cuestiones, que antes no se solían tomar en cuenta, como el riesgo de que su instalación local se vea afectada por inundaciones catastróficas como consecuencia del cambio climático. 

Es decir, en el actual contexto mundial de complejidad creciente, las empresas necesitan nuevas fuentes, metodologías y herramientas para realizar una búsqueda y análisis de la información que les permita una toma de decisiones óptimas que redunden en una mayor competitividad en los mercados internacionales con el menor riesgo e incertidumbre posible. A esto se refiere la Nota Técnica “Inteligencia para la Internacionalización” que ha publicado recientemente el Comité de Reflexión sobre Internacionalización del Club de Exportadores e Inversores. Sus autores, Enrique Fanjul y Carlos Pobre, han acuñado este nuevo concepto que recoge toda la variedad de matices y perspectivas que conforman hoy el campo de juego de las empresas en el ámbito internacional. Señalan, por ejemplo, que hay multitud de fuentes en España que proporcionan información de tipo comercial tanto públicas, como las de la Secretaría de Estado de Comercio (ICEX, Red de Oficinas Comerciales en el Exterior, ...) y las agencias de promoción de Comunidades Autónomas, como semipúblicas del tipo de las Cámaras de Comercio, y privadas de diversa índole. Pero echan en falta la existencia de un auténtico sistema de inteligencia para la internacionalización que contemple de una manera coordinada todos los aspectos relevantes para el éxito de los negocios internacionales. A esto es a lo que llaman Inteligencia para la Internacionalización; es decir inteligencia aplicada específicamente a la actividad empresarial internacional. Por tanto, supondría una suerte de fusión en el ámbito internacional entre la inteligencia competitiva, propia de las empresas, y la inteligencia económica, que habitualmente se ha reservado en España a la actividad del gobierno y organismos públicos. Además, aclaran, es diferente de otras como la ciberseguridad o la protección de los activos físicos.
 
Las grandes empresas ya utilizan la Inteligencia para la Internacionalización. Disponen de departamentos y de personal que analizan los riesgos y oportunidades que se abren para sus negocios internacionales. Pero hay una importante asimetría con las pymes que, aunque sean conscientes de su importancia, no tienen suficientes recursos para hacerlo. Es por tanto necesario que se les facilite inteligencia para su toma de decisiones estratégicas. 

Aquí el sector público tiene un importante papel que jugar, en colaboración con el mundo de las empresas privadas. Existe un conjunto muy heterogéneo de instituciones, fuentes y metodologías de análisis que proporcionan información, de gran calidad algunas de ellas, que se complementan y refuerzan. Sin embargo, las diversas estrategias y planes de información existentes apenas abordan de forma explícita la inteligencia como instrumento útil y necesario para lograr los objetivos de mejora de la internacionalización. Ello a pesar de que se ha ido tomando conciencia de la gran importancia de una buena gestión de la información para la adopción de decisiones estratégicas empresariales en los mercados exteriores y se han dado pasos relevantes para lograr una mayor adaptación de los programas y servicios de apoyo a la internacionalización. 



Pero se echa en falta más inteligencia; es decir, análisis estratégicos sobre cómo pueden afectar los retos e incertidumbres geopolíticos a la actividad internacional de las empresas, así como una mayor coherencia y coordinación. La enorme diversidad de instituciones públicas que en los últimos años hablan de incluir la inteligencia en sus estrategias, programas e instrumentos se ha traducido en cierta desorientación para las empresas, cuando no auténtico desconocimiento de toda la oferta disponible en los distintos ámbitos, estatal, autonómico, local y multilateral.

Sería conveniente que una entidad, independiente y con la suficiente capacidad técnica, se haga cargo de esta coordinación de las acciones y recursos en materia de inteligencia para la internacionalización. Por supuesto no debería suponer una nueva carga para los presupuestos generales del Estado. No se trata de crear una entidad nueva, aumentando la estructura de la Administración, sino de encargárselo a una entidad existente. Ahora bien, tendría que ser una entidad independiente, con sentido de Estado, de forma que actúe con autonomía y al margen de los cambios que pudieran producirse en el ámbito político.

Esta entidad, además de promover la coordinación, complementariedad y sinergias entre las diferentes instituciones del sector público y privado, ya sean del ámbito estatal o autonómico, debería asumir otras funciones. Por ejemplo, la creación y difusión de una 'cultura de inteligencia', lo que requeriría la formación de funcionarios y directivos de empresas en esta disciplina. Además, el diseño y mantenimiento de un canal o plataforma de comunicación con el fin de atender a consultas y requerimientos de las empresas y que éstas encuentren incentivos para participar libremente intercambiando información en una fructífera colaboración pública-privada. Desde el sector público se podría también favorecer el establecimiento de estrategias y alianzas con otros centros de inteligencia para la internacionalización de otros países, lo que permitiría además el seguimiento de la actividad de otros países en este campo para incorporar a España las mejores prácticas. 

En suma, se trataría de establecer un auténtico sistema nacional de Inteligencia para la Internacionalización, mediante la generación de nuevos análisis y la difusión de información de gran calidad ya existente. Con ello se favorecería y fortalecería la actividad internacional de nuestras empresas, especialmente pymes, para abordar exitosamente la creciente dificultad de los mercados exteriores con una visión estratégica de largo plazo.